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PRENSA IBERO
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• A 58 años de la matanza de Tlatelolco, persisten reclamos de justicia, impunidad y prácticas autoritarias, advierte el Dr. Carlos Maldonado Alvarado, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas • Las fiscalías representan uno de los principales obstáculos para garantizar investigaciones profesionales y atención a las víctimas • Ayotzinapa podría convertirse para las nuevas generaciones en un referente de movilización social como lo fue el movimiento estudiantil de 1968
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: luis.reyes@ibero.mx

A 58 años de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, las demandas de justicia que impulsaron estudiantes, profesores y otros sectores de la sociedad continúan vigentes, consideró el Dr. Carlos Maldonado Alvarado, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
Indicó que el movimiento estudiantil de 1968 y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa representan dos momentos fundamentales para comprender la relación entre el Estado mexicano y la sociedad, frente a las exigencias de libertad, justicia y rendición de cuentas.
Aunque separados por décadas, señaló, ambos acontecimientos mantienen abiertas heridas sociales que evidencian las dificultades del país para investigar violaciones graves a los derechos humanos y sancionar a los responsables.
El especialista señaló que el movimiento de 1968 marcó un momento decisivo de rebelión frente al régimen de partido hegemónico encabezado por el PRI, al exigir libertades que entonces eran restringidas por el autoritarismo.
En entrevista con Prensa IBERO, sostuvo que, pese a la transición política de 2000, México conserva prácticas de una cultura política autoritaria que hacen necesario mantener la memoria histórica y las exigencias de justicia.
Para las juventudes actuales, dijo que el caso Ayotzinapa podría representar lo que Tlatelolco significó para generaciones anteriores: un acontecimiento que exhibe los límites de las instituciones frente a la violencia y las demandas ciudadanas.
El académico de la IBERO también explicó que ambos episodios comparten la violencia ejercida contra la población y la falta de respuestas satisfactorias para las víctimas y sus familias.
Aunque en el caso de 1968 hubo procesos judiciales, incluido el que enfrentó el expresidente Luis Echeverría, consideró que persiste una percepción social de que no se hizo justicia de manera adecuada.
Una situación que, desde su perspectiva, también se observa en Ayotzinapa, donde cuestionó la existencia de versiones incompletas, alteraciones en la presentación de pruebas y falta de claridad sobre lo ocurrido.
El problema, añadió, no se limita a estos acontecimientos. Casos como Aguas Blancas, Acteal y el asesinato de Luis Donaldo Colosio también forman parte de una historia de hechos que permanecen en la memoria colectiva sin que exista una resolución que cierre las heridas sociales.
¿Por qué México continúa registrando episodios de violencia institucional y represión? Para el Dr. Maldonado Alvarado, una parte fundamental de la respuesta se encuentra en las deficiencias del sistema de procuración de justicia, particularmente en las fiscalías.
El académico señaló que, mientras se han impulsado reformas en el ámbito de jueces y tribunales, las fiscalías continúan enfrentando problemas estructurales que dificultan el seguimiento de los casos, la investigación criminal y la atención a las víctimas.
A su juicio, la falta de fiscalías profesionales e independientes constituye uno de los principales obstáculos para combatir la impunidad. Planteó que los distintos partidos que han gobernado México tienen incentivos para mantener influencia sobre las instituciones encargadas de investigar delitos, especialmente cuando hay intereses políticos involucrados.
Como ejemplos de las diferencias en la actuación institucional, mencionó el caso de Florence Cassez y otros procesos en los que las autoridades han mostrado capacidad para avanzar en determinadas investigaciones.
Subrayó que no es posible cerrar las heridas de la sociedad mientras las víctimas no reciban verdad, justicia y atención institucional.
Frente a las nuevas generaciones, el Dr. Maldonado Alvarado consideró que las juventudes mantienen interés en los asuntos públicos, aunque sus formas de informarse y participar han cambiado con la expansión de las plataformas digitales.
Abundó que redes sociales, podcasts, videos y contenidos políticos en TikTok forman parte de los espacios donde circulan distintas interpretaciones de la realidad nacional y consideró que la presencia de estos contenidos demuestra que hay jóvenes interesados en la política y los problemas del país.
Advirtió que, independientemente del partido que se encuentre en el poder, no debe permitirse que ningún gobierno restrinja la libertad de expresión, pues constituye una condición fundamental para la democracia y la organización de movimientos sociales.
La posibilidad de marchar, manifestarse, debatir y expresar inconformidades, concluyó, debe permanecer garantizada.
Las opiniones y puntos de vista vertidos en este comunicado son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de la Universidad Iberoamericana.
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