15 DE JUNIO DE 2026
• Participantes del seminario impulsado por el Clúster Universitario de Alto Nivel trabajan en un documento con criterios para abordar el discurso de odio en universidades
PRENSA IBERO
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Jefa de Prensa de la Dirección de Comunicación Institucional
El combate al discurso de odio no puede construirse a costa de la libertad de expresión ni reducirse a respuestas punitivas. El reto consiste en encontrar un equilibrio entre dos derechos fundamentales: el derecho a la no discriminación y el derecho a la libre expresión, planteó el filósofo y especialista en discriminación, Dr. Jesús Rodríguez Zepeda, durante la tercera sesión del seminario Deconstrucción del discurso de odio, realizada en la Universidad Iberoamericana.
Ante académicas, académicos, estudiantes y representantes de diversas instituciones de educación superior, el profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa sostuvo que el debate sobre los discursos de odio suele simplificarse por razones políticas, cuando en realidad implica una compleja tensión entre valores democráticos igualmente irrenunciables.
La sesión formó parte de los trabajos del Clúster Universitario de Alto Nivel de la Alcaldía Álvaro Obregón, iniciativa que reúne a universidades públicas y privadas para desarrollar propuestas de política pública y documentos de referencia sobre distintos temas. En este caso, las instituciones participantes elaboran un documento con criterios mínimos para abordar el discurso de odio en los espacios universitarios.
Rodríguez Zepeda explicó que buena parte de las controversias actuales provienen de la dificultad para armonizar el derecho a la igualdad y la no discriminación con la libertad de expresión.
Afirmó que el modelo estadounidense ha privilegiado históricamente una interpretación muy amplia de la libertad de expresión, incluso frente a manifestaciones extremas de odio, mientras que el constitucionalismo europeo y el derecho internacional de los derechos humanos han desarrollado mecanismos para limitar expresiones que incitan a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra grupos históricamente vulnerados.
“El problema no es elegir uno de los derechos y sacrificar el otro”, planteó. Por el contrario, sostuvo que las democracias requieren herramientas jurídicas y analíticas capaces de proteger simultáneamente la libertad de expresión y la dignidad de las personas.
Uno de los ejes de la conferencia fue la crítica a la idea de que las palabras sólo tienen consecuencias cuando se convierten en actos materiales.
El académico argumentó que los discursos pueden producir daños psicológicos, emocionales y sociales, además de contribuir a la construcción de imaginarios colectivos que legitiman procesos de exclusión, estigmatización o violencia contra determinados grupos.
Recordó que fenómenos históricos como el antisemitismo que precedió al Holocausto muestran cómo los discursos discriminatorios suelen construirse de manera gradual hasta convertirse en marcos culturales que justifican agresiones y violaciones a derechos humanos.
Desde esta perspectiva, señaló que el discurso de odio no debe analizarse únicamente a partir de palabras aisladas, sino como estructuras discursivas con significado histórico y social.
Rodríguez Zepeda expuso diversos criterios utilizados por organismos internacionales y especialistas para distinguir entre expresiones molestas, ofensivas o polémicas y auténticos discursos de odio.
Entre los elementos relevantes mencionó la existencia de un grupo vulnerable como objetivo del mensaje; la intención de humillar o degradar públicamente; la construcción de estigmas o narrativas hostiles contra un colectivo; y la intencionalidad política o social del emisor. También propuso considerar la posición de poder de quien emite el mensaje, pues no todas las voces tienen la misma capacidad de generar daño o movilizar conductas discriminatorias.
Advirtió además sobre el riesgo de sobrerregular la expresión pública o convertir cualquier comentario ofensivo en una conducta sancionable, pues ello podría afectar libertades fundamentales y empobrecer el debate democrático.
Durante una sesión final de diálogo con las y los asistentes, el especialista defendió la necesidad de desarrollar estrategias preventivas que permitan identificar y contener los procesos de estigmatización antes de que desemboquen en expresiones de odio o actos de violencia.
Sostuvo que universidades, organizaciones civiles, medios de comunicación y ciudadanía tienen un papel clave en la construcción de espacios de deliberación que permitan enfrentar discursos peligrosos sin recurrir automáticamente a sanciones penales.
Al cerrar su participación, reiteró que la libertad de expresión sigue siendo una aliada indispensable para las agendas de igualdad y no discriminación, siempre que existan criterios claros para distinguir entre el debate legítimo y aquellas expresiones que buscan excluir, degradar o violentar a grupos históricamente vulnerados.
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