PRENSA IBERO
• Durante la presentación del Reporte Mundial de Ciudades 2026 de ONU-Hábitat, cuya versión en español contó con la colaboración de la Universidad Iberoamericana, el Dr. Alejandro Anaya Muñoz llamó a replantear las políticas públicas para garantizar viviendas asequibles, bien ubicadas y de calidad. Advirtió que el encarecimiento inmobiliario no solamente desplaza a las familias: también les arrebata tiempo, oportunidades y vínculos comunitarios
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: jorge.cortes@ibero.mx
Cuando una familia debe abandonar su hogar porque ya no puede pagar la renta, no solamente pierde el espacio donde vive. También puede perder la cercanía con sus seres queridos, sus redes de apoyo, el acceso a oportunidades laborales y educativas e, incluso, el sentido de pertenencia a una comunidad.
Esta fue una de las reflexiones que el
Ante legisladoras, representantes de organismos internacionales y especialistas, el académico defendió una postura: la vivienda no puede evaluarse únicamente como una mercancía o por la cantidad de construcciones realizadas, sino como un derecho humano cuya garantía exige decisiones de política pública.
“La vivienda debe de dejar de ser un privilegio o un negocio para convertirse en un derecho humano”, afirmó.
El encuentro contó con la participación de Anacláudia Rossbach, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU-Hábitat; las senadoras Alejandra Barrales y Amalia García, e Ignacio Nicolau, representante de la Cooperación Española.
Para el Vicerrector, uno de los principales desafíos consiste en transformar la manera en que los gobiernos evalúan sus políticas habitacionales.
No basta con contabilizar las casas construidas. Es indispensable preguntarse si las familias pueden pagarlas y permanecer en ellas, si están cerca de sus empleos, escuelas y servicios, y si ofrecen condiciones adecuadas de habitabilidad.
Estas preguntas, explicó, permiten evaluar el cumplimiento de elementos fundamentales de los derechos humanos: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
“La crisis de vivienda no es solamente un problema de construcción, financiamiento o mercado, es ante todo una cuestión de justicia social, de derechos humanos y de decisiones de política pública sobre quién tiene el derecho a vivir con dignidad en nuestras ciudades”, sostuvo.
Su reflexión adquiere especial relevancia frente a un fenómeno que afecta a millones de personas: el desplazamiento hacia zonas periféricas, donde conseguir vivienda puede resultar económicamente más accesible, pero implica mayores gastos de transporte y menos tiempo para el descanso, la convivencia y los cuidados.
“Cuestiones como estas nos permiten saber si estamos reduciendo la desigualdad o trasladándola a la periferia”, cuestionó.
Lejos de limitarse al diagnóstico, Alejandro Anaya planteó la necesidad de impulsar instrumentos públicos que permitan orientar el suelo urbano bien localizado hacia la disponibilidad de vivienda suficiente, accesible, asequible y de calidad.
También llamó a proteger a quienes habitan barrios sometidos a presiones inmobiliarias que amenazan con desplazarlos, así como a garantizar alternativas dignas de compra, alquiler, mejoramiento y producción social de vivienda.
“No podemos aceptar que la valorización inmobiliaria se traduzca sistemáticamente en exclusión”, advirtió.
Para lograrlo, consideró indispensable fortalecer la coordinación entre gobiernos, asegurar financiamiento sostenido e involucrar a las comunidades en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
Esta perspectiva coincide con el diagnóstico compartido por Anacláudia Rossbach durante su visita a la IBERO, donde explicó que el crecimiento inmobiliario no necesariamente se traduce en mejores oportunidades de vivienda para la población y que las ciudades necesitan replantear sus modelos de desarrollo.
La participación del Vicerrector también representó un reconocimiento al papel que desempeña nuestra Universidad en la discusión internacional sobre el futuro de las ciudades.
Durante la presentación, la senadora Alejandra Barrales destacó la colaboración de la IBERO en la traducción al español del reporte de ONU-Hábitat, una aportación que permitirá ampliar el acceso a sus investigaciones y recomendaciones entre las comunidades hispanohablantes.
Por su parte, Rossbach agradeció la contribución universitaria y recordó su encuentro previo con estudiantes y docentes de Arquitectura IBERO, a quienes invitó a involucrarse en la construcción de soluciones frente a la crisis habitacional.
Anaya celebró la oportunidad de reunir al Poder Legislativo, los organismos internacionales, la cooperación internacional y las universidades alrededor de un mismo desafío, y destacó que la IBERO, como universidad confiada a la Compañía de Jesús, pone su conocimiento crítico, investigación y formación profesional al servicio de decisiones capaces de reducir las desigualdades y ampliar el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
La colaboración con ONU-Hábitat refleja así una visión educativa que trasciende las aulas y busca contribuir a la transformación de las políticas públicas desde la evidencia, el diálogo internacional y el compromiso social.
“Legislar sobre vivienda es legislar sobre el tipo de sociedad que queremos construir”, expresó el Vicerrector en el cierre de su intervención.
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