Crisis de confianza pone a prueba al INE en elecciones 2027: Académico IBERO

El desafío ocurre mientras el organismo se prepara para las elecciones de 2027, un proceso que exige una amplia operación territorial y administrativa. En este escenario, la estabilidad institucional no es un asunto exclusivo de quienes integran el Consejo General: sus consecuencias alcanzan a los partidos políticos y a la ciudadanía que ejercerá su derecho al voto.

La crisis no debe convertirse en una condena anticipada

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, anunciada el pasado 25 de octubre, se produjo después de la difusión de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés relacionados con proveedores del organismo. La Auditoría Superior de la Federación y las instancias de control correspondientes deberán esclarecer los hechos y determinar, con evidencia, si existen responsabilidades; la salida de la funcionaria no sustituye esas investigaciones ni acredita por sí misma culpabilidad.

Para el Dr. Maldonado Alvarado, es necesario distinguir dos dimensiones: las posibles responsabilidades administrativas o legales y las interpretaciones políticas que surgen alrededor de la crisis. La investigación debe avanzar por las vías institucionales, sin que los señalamientos se utilicen para anticipar culpabilidades ni para justificar decisiones que comprometan la independencia del Instituto.

El académico subraya que la transparencia no puede limitarse a la difusión de información cuando estalla un escándalo. Requiere investigaciones oportunas, rendición de cuentas y consecuencias cuando se acrediten irregularidades. De lo contrario, la falta de resultados puede profundizar el desgaste de la institución.

¿Quién debe encabezar al INE?

La sustitución de la presidencia representa uno de los principales desafíos para el organismo. De acuerdo con Maldonado Alvarado, el procedimiento constitucional contempla la participación de la Cámara de Diputados, la integración de un Comité Técnico de Evaluación y una convocatoria para identificar perfiles que cumplan los requisitos establecidos.

El mecanismo prevé que las personas aspirantes sean evaluadas y que el proceso avance hasta la votación legislativa correspondiente, para la cual se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de las y los legisladores presentes.

El problema, advierte el especialista, no radica necesariamente en la existencia de ese procedimiento, sino en las condiciones políticas en que se desarrolla. Si una fuerza política y sus aliados reúnen los votos suficientes, existe el riesgo de que la designación responda a afinidades partidistas en lugar de privilegiar la independencia, la experiencia y la capacidad técnica.

Por ello, el académico considera indispensable observar quiénes integran los órganos evaluadores, cuáles son los criterios aplicados y cómo se justifican las decisiones. La legitimidad de la próxima presidencia dependerá tanto del cumplimiento de las reglas como de la confianza que genere el proceso.

La discusión no debería reducirse a identificar a una persona cercana o distante de determinado partido. Lo fundamental es que quien asuma la responsabilidad pueda ejercerla sin subordinación política y contribuya a que el Instituto actúe con imparcialidad.

La colegialidad, contrapeso frente a la concentración de poder

Uno de los puntos centrales del análisis de Maldonado Alvarado es la importancia del funcionamiento colegiado del Consejo General del INE. La presidencia tiene responsabilidades de conducción, pero no debe confundirse con una autoridad que concentra por sí sola todas las decisiones del organismo.

El especialista recuerda que la fortaleza institucional depende de la participación de las consejeras y los consejeros, la deliberación y la construcción de acuerdos. Cuando las atribuciones se concentran excesivamente en una sola figura, pueden debilitarse los contrapesos internos y reducirse la capacidad de supervisión.

Por ello, la renovación de la presidencia constituye también una oportunidad para revisar la forma en que se toman las decisiones. Recuperar la colegialidad implica asegurar que las distintas voces del Consejo General puedan intervenir, que la información necesaria esté disponible y que las determinaciones se sustenten en criterios verificables.

Este equilibrio resulta especialmente relevante en una institución responsable de organizar elecciones en las que compiten fuerzas políticas con intereses distintos. La imparcialidad no sólo debe existir: también debe poder demostrarse mediante procedimientos transparentes.

El reloj electoral ya está en marcha

Aunque la jornada de votación se celebrará en 2027, la organización electoral comienza mucho antes. El académico explica que el proceso requiere preparar casillas, reclutar y capacitar a la ciudadanía que fungirá como funcionaria de mesa directiva, adquirir materiales, producir documentación y coordinar una extensa estructura operativa en todo el país.

Estas actividades necesitan planeación, personal y recursos suficientes. Por eso, cualquier retraso administrativo o incertidumbre en la toma de decisiones debe atenderse con cuidado, especialmente cuando el calendario electoral ya está en marcha.

Maldonado Alvarado considera que la estructura técnica del Instituto tiene experiencia para enfrentar las tareas de organización. Sin embargo, advierte que poner en duda de manera generalizada su capacidad para cumplir con sus obligaciones puede ampliar la incertidumbre sobre aspectos esenciales de la votación.

La pregunta no es únicamente si el INE podrá llegar a tiempo, sino si contará con las condiciones institucionales necesarias para hacerlo con certeza, transparencia y profesionalismo.

La discusión sobre el presupuesto y el uso de los recursos públicos también forma parte de este reto. La fiscalización debe permitir detectar y corregir irregularidades sin paralizar las funciones sustantivas del organismo. Combatir la corrupción y garantizar la operación electoral no son objetivos incompatibles: ambos son indispensables para proteger el voto.

Un árbitro cuestionado también afecta a los partidos

El debilitamiento de la confianza en el INE puede generar consecuencias que van más allá de una administración o de una fuerza política, plantea el académico. Cuando la autoridad electoral pierde credibilidad, las decisiones que adopta pueden ser cuestionadas incluso cuando se apegan a la legalidad.

El Dr. Maldonado Alvarado expone que cualquier partido que obtiene una victoria le conviene que exista una autoridad reconocida como imparcial, capaz de certificar el resultado y ofrecer certeza a la ciudadanía. Un árbitro sólido permite sostener la legitimidad de los triunfos y procesar institucionalmente las inconformidades.

En cambio, si el organismo es percibido como parcial o debilitado, aumenta el espacio para que los resultados sean puestos en duda. El riesgo consiste en que las controversias electorales dejen de resolverse principalmente a partir de pruebas y procedimientos para convertirse en disputas permanentes sobre la credibilidad de la autoridad.

El especialista también distingue entre un sistema en el que existe un partido predominante y otro en el que la competencia política prácticamente desaparece. La presencia de una fuerza con mayor respaldo electoral no elimina la necesidad de contar con un árbitro independiente; por el contrario, la competencia requiere reglas confiables para todas las opciones políticas.

Recuperar la confianza ciudadana

Uno de los aspectos que más preocupa al académico es el desgaste de la confianza pública. Durante la entrevista, señaló que algunos de sus estudiantes manifiestan desconfianza hacia el INE, una percepción que, desde su perspectiva, debe tomarse en serio.

El académico reconoce que el Instituto no es una institución perfecta y que su funcionamiento, sus costos y sus decisiones deben someterse a revisión. Sin embargo, considera que esa evaluación no debe confundirse con el debilitamiento de las capacidades que permiten garantizar elecciones confiables.

La respuesta institucional exige esclarecer los señalamientos, sancionar las conductas que se acrediten y asegurar que los nombramientos se realicen mediante procedimientos transparentes. También requiere fortalecer los contrapesos internos y mantener las condiciones necesarias para organizar los comicios.

Concluye que la legitimidad electoral no se construye sólo el día de la votación. Se forma con cada decisión, cada contratación, cada procedimiento de fiscalización y cada garantía de que las reglas se aplican sin distinciones.