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• La activista y egresada de Psicología de la Universidad Iberoamericana advirtió que las infancias incorporadas al crimen organizado deben ser reconocidas como víctimas de explotación y de un sistema que no logró protegerlas
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: jorge.cortes@ibero.mx

Castigar como adultas a niñas, niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado no resolverá la violencia en México y únicamente alimenta campañas de “política barata”, afirmó Saskia Niño de Rivera, activista, cofundadora y directora de Reinserta, durante un panel realizado en la Universidad Iberoamericana.
“No apoyemos las campañas de política barata respecto a la criminalización de menores y adolescentes en conflicto con la ley. Es política barata, no sirve absolutamente de nada”, sostuvo la egresada de la Licenciatura en Psicología de la IBERO
Niño de Rivera participó en la mesa Infancias en condiciones de vulnerabilidad: los retos de la equidad, como parte de la IV edición de la Cátedra “Los derechos humanos en una perspectiva universitaria entre México e Italia”, que este año lleva por título Construyendo Trayectorias: Vulnerabilidad y Oportunidades para las Infancias y Adolescencias.
Previo a su participación en el encuentro académico, sostuvo una breve reunión con el Rector de la Universidad Iberoamericana, Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J.

Durante su exposición Infancias robadas: el reclutamiento infantil en México, Saskia advirtió que el país continúa refiriéndose a las víctimas de reclutamiento como “niños sicarios”, “menores delincuentes” o “delincuentes precoces”, expresiones que reducen el problema al acto delictivo e invisibilizan las condiciones que lo antecedieron.
“Cuando estamos hablando de un niño o un adolescente que ya cometió un delito, sea de alto impacto o no, es un niño al cual llegamos demasiado tarde. El delito es el final de la historia; tenemos que preguntarnos qué pasó antes”, señaló.
Afirmó que un menor armado también es resultado de una cadena de abandonos familiares, escolares, comunitarios e institucionales.
“Un niño de nueve, diez o doce años con una pistola en la mano es un niño al que estamos fallando como sociedad. Si creemos que porque mató a alguien debemos darle una pena máxima como adulto, estamos fallando como sociedad y estamos llegando demasiado tarde”, expresó.
El problema tiene dimensiones nacionales. Según cifras presentadas durante otra mesa de la Cátedra, uno de cada diez niñas y niños de entre 13 y 15 años habría reportado contacto de grupos criminales, mientras que más de 30 mil menores estarían involucrados en alguna modalidad del crimen organizado. Asimismo, se estima que más de 300 mil niñas, niños y adolescentes tienen a su madre o padre en prisión.
A partir de los testimonios recabados por Reinserta en centros de internamiento de distintos estados, la activista cuestionó la idea de que las infancias se incorporan a los grupos criminales solamente por dinero.
El denominador común, explicó, era la necesidad de pertenencia. Algunos adolescentes relataban que, al ingresar a una pandilla o grupo delictivo, se habían sentido vistos, queridos o reconocidos por primera vez.
El dinero ocupa un lugar simbólico y atractivo, pero llega y desaparece rápidamente. La narcocultura, en cambio, presenta la delincuencia organizada como una identidad y una aspiración de éxito, poder y reconocimiento, sin mostrar que la mayoría de los menores serán utilizados en los niveles más bajos de las organizaciones.
“Pertenecer al narco como menor de edad es una sentencia de muerte o una vida en prisión casi asegurada”, alertó.
Las edades en las que ocurre el reclutamiento coinciden con una etapa en la que niñas, niños y adolescentes están construyendo su identidad y buscando definir quiénes son. Los grupos criminales aprovechan esa vulnerabilidad para generar una falsa sensación de familia y comunidad.
Saskia explicó que el reclutamiento somete a las infancias a procesos de adiestramiento y exposición extrema a la violencia. Algunos menores son obligados a presenciar o cometer actos que generan trauma complejo y afectan el desarrollo de su empatía.
De igual manera, el consumo de sustancias puede convertirse en un mecanismo para soportar emocionalmente la violencia que ejercen o presencian. Las afectaciones psicológicas, educativas y sociales acumuladas vuelven mucho más complejos los procesos posteriores de reinserción.
Por ello, insistió en que las respuestas no deben comenzar cuando el menor ya cometió un delito. Las escuelas, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y las autoridades educativas necesitan coordinarse para identificar tempranamente señales como la deserción escolar, los problemas de conducta, el rezago académico y la exposición constante a entornos violentos.
También pidió fortalecer las instituciones y construir protocolos especializados para proteger a quienes logran salir de una organización criminal, pues pueden continuar bajo amenaza incluso después de ser rescatados.
La Cátedra reúne a especialistas de la Universidad Iberoamericana y la Università degli Studi di Milano-Bicocca para analizar las condiciones que amplían o restringen las oportunidades de niñas, niños y adolescentes.
La mesa del 3 de septiembre también reunió a la Dra. Sylvia Schmelkes, investigadora de la IBERO, quien abordó las causas estructurales de la inequidad educativa; Chiara Volpato, con un estudio sobre el acoso a las infancias; la Dra. Alma Polo, de la Oficina Ejecutiva de Operaciones Académicas de la IBERO y coordinadora de la cuarta edición, quien analizó el papel de las organizaciones sociales y comunitarias frente a la inequidad educativa que enfrentan las infancias migrantes; Roberta Cossia, quien presentó un informe sobre violencia entre adolescentes, y María Esther Padilla Medina, quien reflexionó sobre la justicia educativa para niñas y niños en situación de movilidad en México. La moderación estuvo a cargo de la Dra. Karla Valenzuela, adscrita al Departamento de Estudios Internacionales de nuestra institución.
Para Niño de Rivera, enfrentar el reclutamiento exige abandonar las soluciones punitivas y reconocer que se trata de un problema social e institucional: “No son niños delincuentes. Es un problema severo de reclutamiento. Tenemos que construir vínculos e instituciones de confianza para atender esta problemática de manera urgente”.

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