¿Cómo defenderte de un despojo de vivienda? Especialista IBERO alerta sobre nuevas formas de este delito

La especialista explicó que, aunque el despojo es un delito cuya protección principal recae sobre la propiedad, la problemática cambia cuando lo que está en juego es la vivienda, el espacio donde las personas desarrollan su propia vida y pueden quedar en situación de vulnerabilidad. 

¿Cómo un expediente judicial puede terminar en despojo? 

La Mtra. Sánchez señaló que uno de los problemas detectados está relacionado con procesos que se abren sin suficientes elementos, con notificaciones irregulares o sin certeza de que las partes hayan sido debidamente llamadas. 

En algunos casos, explicó, un expediente puede avanzar hasta una sentencia y posteriormente una ejecución de desalojo. En otros, basta con que quienes pretenden ocupar un inmueble aleguen que hay una resolución judicial para intentar sacar a sus ocupantes, aun cuando esa sentencia no exista o no tenga el alcance que se afirma. 

“El simple expediente a veces lo que hace es reforzar estos despojos”, sostuvo la especialista, al señalar que pueden presentarse personas acompañadas de cargadores –personas contratadas para sacar los muebles— para ocupar una vivienda bajo el argumento de que cuentan con respaldo judicial. 

A ello, agregó, se suma la posible participación de notarías y del Registro Público de la Propiedad, pues se han observado casos en los que aparecen actuaciones notariales relacionadas con inmuebles ubicados en la Ciudad de México, mientras que hay dudas sobre la actualización y el manejo de información registral. 

¿Qué señales alertan si una persona está en riesgo de perder su casa? 

Uno de los primeros focos rojos, indicó la Mtra. Sánchez, aparece cuando alguien llega al inmueble y afirma que éste cambió de propietario, que está bajo litigio o que cuenta con una escritura o sentencia que le permite ocuparlo. 

La irrupción también puede ocurrir sin explicación alguna: personas que entran repentinamente a una vivienda, aprovechan que está deshabitada o identifican que su ocupante es una persona adulta mayor y, mediante violencia o intimidación, consiguen sacarla. 

Otra modalidad puede surgir a partir de carpetas de investigación o procedimientos administrativos relacionados con normas de seguridad, protección civil, construcción o cuestiones ambientales. Aunque el asunto de origen no sea propiamente un delito de despojo, el procedimiento provoca la desocupación del inmueble. 

¿Cómo prevenir los despojos? 

Ante este escenario, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda “María Luisa Aguilar” de la IBERO consideró fundamental actuar antes de que ocurra una emergencia. 

• Prevenir y documentar: Revisar periódicamente la situación del inmueble ante el Registro Público de la Propiedad, verificar que los datos del titular sean correctos y conservar escrituras, copias y demás documentos que acrediten la propiedad y la relación con la vivienda 

• Actuar y denunciar: Si ocurre una irrupción, documentar los hechos mediante fotografías, videos, documentos y testimonios; acudir a la Fiscalía correspondiente, buscar asesoría jurídica y solicitar apoyo de la Defensoría Pública de la Ciudad de México cuando sea necesario 

• Construir redes: Con vecinos y hacer visibles los casos. La organización comunitaria puede ayudar a demostrar que no se trata necesariamente de hechos aislados y a colocar el problema en la agenda pública 

¿Qué opciones tienen quienes no pueden pagar una defensa jurídica? 

Los casos de despojo son complejos porque, aunque pueden involucrar aspectos administrativos o civiles, el grueso de estos asuntos tiene una dimensión penal. Por ello, Sánchez recomendó acudir a las instancias encargadas de investigar el delito y buscar asesoría especializada. 

Para las personas en situación de vulnerabilidad, destaca la Asistencia Jurídica de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, que puede asignar un asesor de oficio y dar seguimiento a los casos. 

También existe un gabinete especializado en la atención de desalojos y despojos en la capital, por lo que la especialista consideró importante acercarse a las autoridades y solicitar acompañamiento. 

En el caso de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda “María Luisa Aguilar” de la IBERO, dijo que la atención funciona como una primera orientación. Debido a que los despojos son materia penal, la Clínica no lleva directamente el proceso penal, pero brinda asesoría inicial y canaliza a las personas hacia las instituciones correspondientes, como fiscalías o la Defensoría Pública. 

Sánchez señaló que durante el último año han recibido casos de despojo, principalmente de personas adultas mayores. En algunos de ellos, explicó, se han iniciado expedientes o carpetas de investigación que pueden terminar legitimando un desalojo sin que exista necesariamente una razón de fondo que lo justifique. 

¿Existe una red detrás de los despojos? 

Para la coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda “María Luisa Aguilar” de la IBERO, uno de los aspectos más preocupantes es que algunos despojos parecen responder a una organización sofisticada. 

En ellos pueden intervenir abogados, notarios, personas encargadas de ocupar físicamente los inmuebles y, eventualmente, otros actores que tienen acceso a información o conocen los procedimientos institucionales. 

La operación, detalló, puede comenzar con la identificación de una vivienda deshabitada o con la vigilancia de quién la ocupa y qué tan vulnerable es. Después puede recurrirse tanto a la fuerza como al conocimiento del derecho y de las instituciones para intentar consolidar la ocupación. 

“Son como una red muy sofisticada en donde se hace uso de la fuerza y del derecho para afectar a las personas en sus viviendas”, resumió. Por ello, el problema no se resolvería únicamente atendiendo cada caso de manera aislada. 

¿Qué tendría que cambiar para que el despojo deje de ser negocio? 

Sánchez consideró necesario fortalecer a las instituciones encargadas de prevenir, investigar y atender estos casos, además de agilizar su respuesta. 

También, planteó una mayor coordinación entre autoridades y organismos relacionados con la propiedad y la vivienda, entre ellos el Poder Judicial, el Colegio de Notarios, el Archivo de Notarías y las instituciones responsables del Registro Público de la Propiedad. 

La clave, sostuvo, es identificar los vacíos institucionales que aprovechan quienes realizan estos actos y generar mecanismos que permitan detectar patrones, no sólo resolver expedientes individuales. 

La denuncia ciudadana también es indispensable. Para la especialista, mientras más casos sean documentados y denunciados, mayores serán las posibilidades de construir medidas integrales para enfrentar el fenómeno.