Clínica IBERO gana fallo para madre buscadora hondureña y abre camino a familias extranjeras con personas desaparecidas en México

En un país donde muy pocos casos de desaparición se resuelven, esa espera puede no terminar nunca. Por eso la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la IBERO promovió un amparo, el recurso con el que una persona pide a un juez que la proteja cuando una ley o una autoridad violan sus derechos, y lo ganó.

"Lo que hicimos fue ganar un caso que facilita que las madres buscadoras, las familias extranjeras que tienen una desaparición forzada en México, puedan ejercer el derecho de búsqueda en condiciones de igualdad", explicó a Prensa IBERO el Mtro. Luis Xavier Carrancá, abogado de la clínica.

La decisión pone por primera vez en el centro a un grupo que, dijo, ha permanecido "muy invisibilizado, ya que nadie habló ni discutió ese tema en la Ley de Desaparición la posibilidad de que se trate de personas extranjeras".

Buscar con un permiso de "visitante"

Óscar Antonio López Enamorado desapareció en México en 2010. Desde Honduras, su madre pedía información y no se la daban. "A las víctimas se les intenta apartar como si estorbaran. Pero cuando eres extranjero y estás en otro país, peor todavía", relató el Mtro. Carrancá.

En 2012, Ana decidió venir a México y unirse a los colectivos de madres buscadoras. Con ellas ha encontrado restos de otras personas desaparecidas, aunque no los de su hijo. Hoy está inscrita en el Registro Nacional de Víctimas y en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Pero cada año, para poder quedarse, ha tenido que repetir el mismo trámite: pedir a la Fiscalía un documento que confirme que su hijo sigue desaparecido, llevarlo al Instituto Nacional de Migración (INM) y esperar ya que:

• Depende de la voluntad de la autoridad. En ocasiones se lo han negado o entorpecido, "dependiendo del momento político"

• Tarda más de lo que marca la ley. En la Ciudad de México las respuestas se retrasan meses

• La vuelve sospechosa. Es el mismo documento que reciben las personas que piden refugio, a quienes no se les permite salir del estado donde hacen su solicitud. Por eso, agentes migratorios la han hostigado al viajar

• Le cierra puertas. Al no ser una residencia, complica cosas tan básicas como abrir una cuenta bancaria

"Año con año le preguntan si su hijo sigue desaparecido. Su condición migratoria es una gran letra escarlata que pesa hasta en la forma en la que busca", resumió el abogado.

Un camino que no existía

Para víctimas de otros delitos, cuando la investigación termina con una sentencia, la ley abre la puerta a una residencia temporal y luego permanente. "Es un camino largo, pero hay un camino", señaló.

Explicó que, en los casos de desaparición, que casi nunca llegan a la verdad, ese camino es "prácticamente imposible".

El Mtro. Carrancá habló de una paradoja: si Óscar fuera localizado o la investigación se cerrara, Ana tendría que regresar a Honduras, después de más de una década de vida, trabajo y redes de apoyo en México.

Tres argumentos que convencieron al juez

El caso, explicó, fue construido por estudiantes de la clínica: los de Relaciones Internacionales hicieron el primer análisis y los de Derecho redactaron la demanda.

Ana pidió al INM la residencia permanente en diciembre de 2025; la resolución se mostró el 6 de abril de 2026 y para abril de 2026 se presentó el amparo con tres argumentos:

1. Su vida ya está en México. Ana lleva aquí desde 2012, mucho más de los cuatro años que la ley pide a otras personas extranjeras para obtener la residencia permanente

2. El trámite la revictimiza. La ley prohíbe que las autoridades hagan sufrir de nuevo a las víctimas. Obligarla a comprobar cada año la desaparición de su hijo, además de costarle tiempo y dinero, hace justo eso

3. Tiene derecho a buscar. Fue el argumento decisivo. La Suprema Corte y la Ley General en Materia de Desaparición reconocen el derecho de las familias a participar en la búsqueda. El juez concluyó que exigir que termine la investigación de un delito que, por ley, sigue cometiéndose mientras no aparezca la persona, es requisito que "podría tornarse, incluso, imposible" de cumplir.

"Se desarraigó de Honduras de manera casi obligada para buscar a su hijo, pero se ha arraigado en México. El juez reconoció que, por un evento ajeno a su voluntad, tuvo que rehacer su vida en otro país”, abundó.

Lo que ordenó el juez y lo que sigue

Detalló que el juez Francisco Martínez Cruz, del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó al INM anular su negativa, dejar de exigirle que concluya la investigación y resolver su situación migratoria "a fin de garantizar el pleno ejercicio de su derecho a la búsqueda de su hijo".

El Mtro. Carrancá reconoció que el juez entró al fondo del caso, algo poco común: "Gran parte de los amparos se pierden antes, por tecnicismos, por legalismos, hasta por falta de copias".

Por ahora, la sentencia solo protege a Ana. Para que otros jueces estén obligados a seguirla, el INM o el Congreso tendrían que impugnarla y un tribunal superior o la Suprema Corte confirmarla. Aun así, confió en que abra camino: "Esperamos que otras madres buscadoras también exijan sus derechos".