La Dra. Martha Patricia Solís Minor, Académica del Departamento de Estudios Internacionales, sostiene que cualquier solicitud de extradición debe sustentarse en pruebas sólidas y respetar el debido proceso
Advierte que el caso trasciende el ámbito judicial y se inserta en un contexto de presión política, procesos electorales en ambos países y redefinición de la relación bilateral en materia de seguridad
Los casos de Sinaloa, que involucran la captura de Ismael "El Mayo" Zambaday la solicitud de detención con fines de extradición del ex gobernador, Rubén Rocha Moya,
se han convertido en uno de los episodios más delicados de la relación entre México y Estados Unidos (EU) al colocar en el centro del debate temas como la cooperación judicial, la soberanía nacional y el combate al crimen organizado.
Para la Dra. Martha Patricia Solís Minor, Académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana (IBERO), cualquier procedimiento de extradición debe apegarse estrictamente al marco jurídico internacional y sustentarse en pruebas suficientes que permitan acreditar la probable comisión de un delito.
"La presunción de inocencia debe prevalecer. Ningún juez puede conceder una extradición únicamente con señalamientos; se requiere un expediente robusto que sustente la solicitud", afirmó.
La especialista consideró que la exigencia del gobierno mexicano de solicitar mayores elementos probatorios antes de avanzar en cualquier procedimiento se encuentra dentro de sus facultades legales.
Sin embargo, reconoció que esta postura también ha alimentado la percepción de que existe una protección política hacia el mandatario sinaloense, situación que ha intensificado el debate público.
Desde su perspectiva, el caso no puede analizarse de manera aislada, sino dentro del contexto de la crisis de seguridad que vive Sinaloa tras la captura y traslado de Ismael 'El Mayo' Zambada, así como de las tensiones diplomáticas que han marcado la relación entre ambos gobiernos durante los últimos meses.
La investigadora sostuvo que debe considerarse el momento político que atraviesa EU. Con elecciones intermedias próximas y una disminución en los niveles de aprobación del presidente Donald Trump, el endurecimiento del discurso contra el narcotráfico y la presión sobre México forman parte de una estrategia orientada a fortalecer su narrativa de seguridad ante su electorado.
"Existe un interés por demostrar resultados frente a sus bases políticas en materia de combate al crimen organizado y control de la frontera", explicó.
La académica advirtió que la presión estadounidense no se limita al ámbito de la seguridad, se entrelaza con temas comerciales y con la futura revisión del Tratado Comercial de América del Norte, configurando un escenario donde distintos asuntos estratégicos se encuentran cada vez más vinculados.
En ese contexto, consideró indispensable que el Estado mexicano fortalezca sus propias instituciones para evitar que casos de alto perfil terminen dependiendo exclusivamente de investigaciones o presiones provenientes del exterior.
"Si existen elementos para investigar a cualquier servidor público, debe hacerse aquí, con apego al debido proceso y garantizando que las investigaciones concluyan en resoluciones judiciales sólidas", sostuvo.
Recalcó que, aunque se han podido iniciar indagatorias o integrar expedientes, con frecuencia los procesos no prosperan por deficiencias en la integración de pruebas y por problemas estructurales como la corrupción y la impunidad.
"El gran reto es demostrar que nadie está por encima de la ley y que las investigaciones no quedarán solamente en anuncios políticos", enfatizó la especialista.
La Dra. Solís Minor dijo que el caso Rocha Moya podría convertirse en un referente sobre la capacidad del Estado mexicano para responder con instituciones sólidas a señalamientos de alto impacto sin comprometer su soberanía, ni debilitar la cooperación internacional.
A su juicio, el fortalecimiento del Estado de derecho constituye la mejor respuesta frente a las presiones externas, ya que permite investigar, sancionar y, en su caso, deslindar responsabilidades con base en pruebas y no en narrativas políticas.
"Lo fundamental es que las instituciones mexicanas acrediten su capacidad para impartir justicia de manera autónoma, transparente y eficaz; sólo así podrá preservarse la confianza ciudadana y mantenerse una relación de cooperación con EU sustentada en el respeto mutuo", concluyó.
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