PRENSA IBERO
AUTOR
Luis Reyes
Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional
- Víctor Martínez Villa, abogado de la Clínica de Defensa Penal Pública de la IBERO, señala que la filtración de información y la exposición pública del detenido vulneran la presunción de inocencia y presionan a jueces
- Subraya que la Fiscalía capitalina no debe cerrar el caso con una sola detención; existen indicios de una posible red delictiva más amplia detrás del crimen
- "Existe una línea delicada cuando las filtraciones de información y la exposición del detenido se convierten en una forma de condena anticipada", afirma
A una semana del hallazgo sin vida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar en un edificio de avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, el caso continúa generando preguntas sobre la actuación de la Fiscalía capitalina, el papel de los medios de comunicación y las fallas estructurales del sistema de justicia penal en México.
Para Víctor Martínez Villa, abogado de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México (CDMX), uno de los principales riesgos en este caso es que el juicio mediático termine sustituyendo al juicio formal y afecte a la presunción de inocencia y a la posibilidad de una investigación completa.
En entrevista con Prensa IBERO, el especialista señaló que, si bien la visibilización pública de casos de alto impacto puede ser positiva para generar atención social, también existe una línea delicada cuando las filtraciones de información y la exposición del detenido se convierten en una forma de condena anticipada.
“Muchos medios de comunicación están exhibiendo el nombre de la persona, el puesto de la persona e incluso revelando material que podría ser valioso para la investigación. Esto termina afectando la presunción de inocencia”, explicó.
Martínez Villa recordó que este principio no solo implica que una persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que debe respetarse en distintas dimensiones: como regla de trato durante todo el proceso penal y también como una regla que impide los llamados juicios mediáticos.
“Cuando se genera un juicio paralelo en medios, se provoca un estigma hacia la persona y también una presión indirecta hacia los jueces, quienes pueden sentirse obligados a responder a esa expectativa social de culpabilidad”, advirtió.
Subrayó que de acuerdo con la información que se ha difundido públicamente, la persona detenida no necesariamente sería quien ejecutó directamente el homicidio, sino alguien con posible conocimiento o participación auxiliar dentro de una estructura más compleja.
“No parece ser la única persona involucrada. Hay que investigar quién colocaba los anuncios, de quién era el departamento, quién lo ocupaba realmente y por qué existen referencias de que otras personas utilizaban ese espacio”, señaló.
Incluso, consideró que podrían existir elementos para pensar en una red más amplia vinculada con delincuencia organizada dentro de ese inmueble o en torno a ese departamento en particular.
Por ello, advirtió sobre uno de los problemas más frecuentes en México y América Latina: las investigaciones con “efecto túnel”, donde las fiscalías concentran toda la atención en una sola persona detenida y abandonan otras líneas de investigación.
“Cuando detienen a alguien con cierto nivel de participación, muchas veces cierran el caso ahí y dejan de investigar todo lo demás. Eso impide llegar a los autores intelectuales o a quienes realmente sostienen la estructura criminal”, explicó.
Como ejemplo, recordó casos de asesinatos de periodistas en los que inicialmente se intentó cerrar las carpetas con un solo detenido, hasta que nuevas investigaciones permitieron descubrir redes mucho más amplias de responsabilidad.
En el caso de Edith Guadalupe, insistió en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe corregir errores, evitar que funcionarios filtren información, preservar pruebas fundamentales —como videos de vigilancia del edificio y zonas aledañas— y ampliar las líneas de investigación.
“No se puede cerrar únicamente por una persona detenida si su participación posiblemente no es la más significativa. Hay muchas cuestiones detrás que no se están vigilando y eso termina siendo una omisión grave”, sostuvo.
El especialista de nuestra casa de estudios también vinculó este caso con un problema estructural más profundo: las desapariciones de mujeres y la carga que enfrentan las familias para investigar por cuenta propia.
“En México normalmente son las familias quienes aportan los datos, quienes encuentran pistas y quienes presionan a las fiscalías. Cuando las autoridades no actúan a tiempo, esas omisiones pueden terminar provocando homicidios”, afirmó.
En ese sentido, señaló que, si la información proporcionada por la familia sobre el posible domicilio donde se encontraba Edith no fue investigada de manera adecuada, se abre una pregunta seria sobre si el crimen pudo haberse evitado.
Finalmente, hizo un llamado a que las audiencias judiciales sean verdaderamente públicas y seguidas por medios, academia y sociedad civil, no desde el espectáculo, sino desde la vigilancia institucional.
“Toda audiencia penal, salvo excepciones legales, debe ser pública. La ciudadanía tiene derecho a observar cómo actúan jueces y fiscales. Queremos justicia, pero a través de la imparcialidad”, señaló.
Martínez Villa advirtió que el verdadero reto no solo será esclarecer el homicidio, sino demostrar si el sistema de justicia puede actuar sin presiones mediáticas, sin carpetazos prematuros y sin volver a invisibilizar a las víctimas y sus familias.