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Crisis forense supera las decenas de miles de cuerpos sin identificar, lamenta Santiago Corcuera, ex integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU
La próxima visita del Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, abre una ventana clave para que el Estado mexicano reconozca la magnitud de la crisis de desapariciones y avance hacia soluciones concretas, consideró Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED).
El especialista planteó que el reto no sólo es dimensionar el problema, sino que el gobierno mexicano se acerque a los mecanismos internacionales y a la “mano tendida” del Comité para atender de forma paulatina una crisis marcada por el aumento de casos, la impunidad y la falta de resultados en la búsqueda e identificación de personas.
Académicos y académicas, activistas y familiares de víctimas de desaparición participaron en la conferencia “Desaparecidos en México: memoria, verdad y exigencia de justicia”, organizada por la Universidad Iberoamericana.
En la misma participaron también Andrea Horcasitas, coordinadora del Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana; Humberto Guerrero, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como Javier Piña y María Tránsito Barajas, familiares de personas desaparecidas.
Crisis que no se detiene
Santiago Corcuera, también jurista y académico de la IBERO, subrayó que, pese a avances normativos, la situación no ha mejorado y las desapariciones continúan en aumento sostenido.
De acuerdo con el especialista, México enfrenta una crisis forense creciente, con decenas de miles de cuerpos sin identificar. Mientras el CED documentó cerca de 50 mil en años recientes, estimaciones actuales apuntan a más de 70 mil e incluso 80 mil personas en esta situación.
A ello se suma una impunidad prácticamente absoluta en los casos de desaparición, lo que ha llevado al organismo internacional a escalar el tema ante instancias de Naciones Unidas.
“La situación no mejora y las desapariciones siguen aumentando”, condenó Corcuera.
Víctimas: buscar no debería costar la vida
“Buscar a nuestros desaparecidos no debería llevarnos a la muerte”, denunció Javier Piña, junto con María Tránsito Barajas, padres de Guadalupe Barajas Piña, desaparecida en 2020 y localizada sin vida en 2021. Su hijo, Javier Barajas, fue asesinado tras participar en su búsqueda.
Los buscadores acusaron negligencia institucional, revictimización y omisiones por parte de las fiscalías.
“Mi hija duró ocho días con vida y no fueron para rescatarla”, lamentó Javier Piña. María Tránsito añadió que la justicia ha sido resultado de la presión de las familias, no de la actuación del Estado: “Sentimos que el Estado nos debe esa justicia… se la hemos estado arrancando a la fuerza”.
Estado minimiza la crisis
Humberto Guerrero, de Fundar, criticó la respuesta del gobierno federal ante los señalamientos internacionales, al considerar que minimiza la magnitud del problema.
Señaló que incluso tomando en cuenta las cifras oficiales, el país enfrenta al menos 43 mil personas desaparecidas, lo que calificó como una tragedia.
“Es lamentable que el mensaje sea tratar de minimizar el problema”, apuntó.
Sin confianza ni datos suficientes
Andrea Horcasitas, del PDH de la IBERO, advirtió que la desconfianza de las familias hacia las instituciones no es gratuita, sino resultado de años de omisiones.
Además, señaló la falta de información oficial para dimensionar fenómenos como desplazamientos y crisis forense.
“Decir que México puede resolver esto sin apoyo internacional es faltarle a la verdad”, afirmó.
El aumento de colectivos de búsqueda refleja la dimensión de la crisis. Según las y los especialistas, cada vez más familias se organizan ante la falta de respuestas institucionales.
“Cada vez hay más colectivos porque cada vez hay más desaparecidos”, lamentó Corcuera.