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PRENSA IBERO
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• Para el Dr. Alejandro Madrazo Lajous, académico del Departamento de Derecho, el asesinato de Claudia Tacoronte coloca bajo la mirada internacional la crisis de seguridad que México ha normalizado durante las últimas dos décadas • El especialista cuestiona que el caso sea investigado como feminicidio sin que, hasta ahora, los elementos públicos permitan identificar una motivación de género
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: luis.reyes@ibero.mx

El asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años que llevaba apenas unas semanas en México para realizar una estancia académica, no solo ha generado indignación en estudiantes del estado de Morelos. Provocó una fuerte reacción en España y abrió la pregunta: ¿qué tan seguro es México para quienes llegan a estudiar?
Para el Dr. Alejandro Madrazo Lajous, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO), el homicidio de Claudia adquirió una dimensión internacional porque es extranjera, pero esa repercusión debería obligar a México a mirar de frente un problema que afecta todos los días a miles de personas.
Subrayó que era una joven que había llegado a México para estudiar, con una familia y proyectos de vida que quedaron truncados, pero el problema es que este tipo de violencia ya no genera reacción en la ciudadanía para exigir el esclarecimiento de su crimen y el de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Calderón, cuatro alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinadas desde abril de 2025.
De acuerdo con el especialista, la muerte de Claudia se convirtió en un asunto ampliamente cubierto por los medios de comunicación españoles y provocó una discusión dentro de algunas universidades sobre la conveniencia de mantener programas de intercambio con instituciones mexicanas, ante la percepción de que no hay condiciones mínimas de seguridad.
Consideró que su homicidio es difícil de explicar en España porque solo vino a estudiar. La inseguridad, dijo, dejó de ser un problema de seguridad pública y comenzó a tener efectos sobre la movilidad académica, la reputación internacional y la confianza de instituciones extranjeras.
Consideró que más allá de la presión internacional sobre México por este caso, la problemática de fondo no es la imagen internacional del país, sino la incapacidad institucional para garantizar las condiciones básicas de seguridad y de procuración de justicia.
El Dr. Madrazo Lajous cuestionó que el caso sea investigado como feminicidio, al considerar que, con base en la información pública que ha podido revisar, no existían indicios suficientes para establecer que la muerte estuviera relacionada con una motivación de género.
En el caso de Claudia, refirió que los reportes recientes apuntan a un ataque relacionado con la sustracción de sus pertenencias, lo cual tiene consecuencias en la investigación, pues usar de forma incorrecta la categoría de feminicidio puede complicarla, además de distorsionar estadísticas sobre violencia contra las mujeres.
Recordó que las políticas de seguridad implementadas en 2006 causaron la militarización del combate al narcotráfico, que, a su juicio, ha debilitado la capacidad de las policías locales y han aumentado los recursos y responsabilidades asignadas a las Fuerzas Armadas y posteriormente a la Guardia Nacional.
El resultado, sostuvo, ha sido una estrategia de seguridad que no ha conseguido revertir la violencia y, al mismo tiempo, ha debilitado las capacidades civiles para prevenir e investigar delitos. La consecuencia más preocupante, detalló, no sería el incremento de la violencia, sino la aceptación social de esa realidad.
“Nos hemos rendido. La sociedad termina asumiendo que lo único posible es evitar convertirse en la siguiente víctima. Hay una tendencia a responsabilizar a las propias víctimas por no haber sabido cómo reaccionar frente a un asalto”, acotó.
En el caso de Claudia, señaló que una persona acostumbrada a la violencia cotidiana en México puede saber que, ante un robo, lo más seguro es entregar sus pertenencias, pero consideró injusto convertir esa recomendación de supervivencia en una responsabilidad de la víctima.
Esa reacción en la sociedad mexicana –acotó—, revela hasta qué punto se ha normalizado la violencia, pues las y los ciudadanos terminan aprendiendo cómo comportarse para reducir el riesgo porque el Estado no consigue garantizar una seguridad mínima.
El especialista indicó que el asesinato de Claudia no es un episodio aislado dentro de la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pues se trata del cuarto asesinato reciente de una joven estudiante de esa casa de estudios.
La diferencia, consideró, está en que la nacionalidad de Claudia hizo que el caso cruzara las fronteras y la pregunta que queda es si los programas de movilidad pueden garantizar las condiciones suficientes para quienes llegan a estudiar a otro país.
Detalló que una suspensión de intercambios académicos tendría consecuencias importantes para las instituciones mexicanas, pues significaría que la inseguridad empieza a afectar directamente la internacionalización universitaria.
Expresó que las prácticas de procuración de justicia han permitido fabricar responsables en lugar de construir investigaciones sólidas y por el costo internacional, un riesgo sería presentar rápidamente a un presunto responsable con la duda de que se siguió un debido proceso.
Frente a este escenario, el especialista planteó que México necesita modificar de fondo su estrategia: descentralizar las políticas de seguridad, profesionalizar a las policías, fortalecer las capacidades locales de investigación, desmilitarizar la seguridad pública y profesionalizar y despolitizar las instituciones de procuración de justicia.
Argumentó que una policía local tiene una ventaja que difícilmente puede tener una fuerza federal que llega temporalmente a un territorio: conoce a la comunidad y puede construir relaciones permanentes con ella.
La seguridad pública, afirmó, requiere interacción constante entre autoridades y población, por lo que consideró necesario recuperar instituciones civiles capaces de prevenir delitos, investigar y trabajar directamente con las comunidades.
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