Alimentos ultraprocesados incrementan desigualdad y problemas de salud en México: Investigación IBERO

La investigación destaca por conjugar información cuantitativa y cualitativa procedente de distintas disciplinas y escalas, bajo una visión holística en la que los datos forman parte de un mismo sistema. El objetivo: entender cómo interactúan los factores nutricionales, ambientales, sociales, económicos y comerciales que intervienen en la alimentación de la población mexicana. 

De los datos de salud a las políticas públicas 

Para construir esta evidencia se utilizaron bases de datos longitudinales y herramientas de ciencia de datos. Información de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares (ENNVIH), desarrollada por la IBERO, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Universidad de Duke, permitió estimar asociaciones entre el gasto per cápita en alimentos ultraprocesados y diversos indicadores antropométricos (peso, talla, grasa, masa muscular, entre otros) en población infantil. 

A ello se sumó el uso de datos de la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID en el bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19), desarrollada por EQUIDE-IBERO, UNICEF y la OEI, para analizar la relación entre la calidad de la alimentación durante la pandemia, las características sociodemográficas y la seguridad alimentaria. 

El proyecto también recurrió a un análisis que cruzó información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, con el propósito de identificar brechas en la disponibilidad de espacios públicos destinados a la actividad física en zonas urbanas y su relación con la marginación social. 

Pero la investigación fue todavía más lejos: incorporó un análisis de redes sociales sobre la plataforma ‘X’ (antes Twitter) para comprender el debate político y propagandístico alrededor de los productos ultraprocesados. Esta herramienta fue presentada ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con la finalidad de que pueda utilizarse en el monitoreo sobre políticas alimentarias. 

Evidencia que llega al debate legislativo 

Los resultados del componente longitudinal y cuantitativo fueron publicados en la revista PLOS ONE en marzo de 2025, con evidencia sobre la asociación entre el gasto en alimentos ultraprocesados y los indicadores antropométricos en una muestra extensa y representativa de infancias. 

“Estos datos sirvieron como argumentos para discusiones legislativas orientadas a mantener y aumentar impuestos en alimentos y bebidas no saludables en México, disposición que puede servir para incentivar a las empresas a elaborar productos con menor cantidad de azúcar, sal y grasas, así como promover cambios en los hábitos de consumo de la ciudadanía.” 

— Dr. Mauricio Hernández Fernández, Universidad Iberoamericana. 

Por otra parte, el análisis sobre la disponibilidad de espacios públicos para actividad física fue publicado en la revista SUSTAINABILITY, en un contexto previo al Mundial de Futbol 2026, para discutir cómo se distribuye (en qué zonas y con qué calidad) la inversión destinada al equipamiento urbano. 

La capacidad potencial de incidencia del proyecto también alcanza la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, cuyo documento legislativo incorporó específicamente el Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC). A partir de este mecanismo pueden derivarse recomendaciones y orientación para autoridades y ciudadanía sobre dietas saludables y sistemas alimentarios sostenibles, alineación de políticas y programas sociales, así como prácticas saludables vinculadas con componentes socioeconómicos. 

Una investigación que cruza disciplinas y sectores 

La dimensión del proyecto hizo necesaria la participación de académicos de las licenciaturas de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Sustentabilidad, Economía, Ciencias Políticas y Administración Pública, así como de las maestrías en Políticas Públicas y Nutriología Aplicada, además de especialistas de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. 

El equipo central del proyecto participa en la Secretaría Técnica del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC), auspiciado por la FAO y con más de 100 universidades articuladas; en la Alianza Global para la Alimentación Saludable de Niñas, Niños y Adolescentes (ALSANNA); y en el Grupo Intersecretarial para la Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC) del Gobierno de México. 

También ha realizado consultorías para organismos multilaterales como Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) y UNICEF, además de colaborar con el Observatorio Materno Infantil de la IBERO, donde se coordina el desarrollo de 12 indicadores. 

La apuesta de fondo es clara: si los problemas alimentarios están determinados por sistemas y entornos complejos, las respuestas tampoco pueden limitarse a simplemente sugerir al consumidor que coma bien. La generación de evidencia científica, su traducción en políticas públicas y la evaluación de sus resultados se convierten así en piezas fundamentales para modificar las condiciones que moldean la alimentación y, con ello, enfrentar sus consecuencias sociales, económicas y de salud.