La Dra. Martha Solís Minor, del Departamento de Relaciones Internacionales, advierte que la seguridad bilateral atraviesa una nueva etapa donde la cooperación contra el crimen organizado convive con crecientes tensiones diplomáticas por la defensa de la soberanía mexicana
Señala que las investigaciones y sanciones financieras impulsadas por EU podrían fortalecer la coordinación entre ambos países, pero también convertirse en instrumentos de presión política con impacto electoral
Los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU)
respecto a que cárteles mexicanos usan ganancias multimillonarias del contrabando de hidrocarburos (huachicol fiscal) para financiar campañas políticas
son delicados porque trasciende el ámbito criminal y lo proyecta a los ámbitos político e institucional
Entre sanciones financieras contra presuntas redes vinculadas al robo de combustible, investigaciones sobre financiamiento ilícito y el combate al crimen organizado, dijo que la cooperación bilateral enfrenta un delicado equilibrio entre la necesidad de trabajar de forma conjunta y la defensa de la soberanía nacional.
Desde la perspectiva de la Dra. Solís Minor, cuando existen acusaciones sobre la posible utilización de recursos provenientes de economías ilícitas para financiar actividades políticas, el problema deja de limitarse a un asunto de delincuencia organizada y se convierte en un riesgo para las instituciones democráticas.
"La preocupación no solamente es el delito financiero, sino la posibilidad de una captura criminal de espacios institucionales, lo que representa un desafío para la gobernabilidad democrática", explicó.
Explicó que, aunque los comunicados estadounidenses no señalen de forma directa a partidos políticos o funcionarios específicos, la sola existencia de investigaciones de esta naturaleza genera costos diplomáticos importantes para México, ya que coloca bajo escrutinio internacional los mecanismos nacionales de supervisión financiera, transparencia y rendición de cuentas.
Durante los últimos años, recordó, EU ha emitido diversos señalamientos públicos contra actores políticos mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales; sin embargo, no todos han derivado en procesos judiciales consistentes.
Por ello, la especialista planteó hasta qué punto estas acciones responden únicamente a criterios técnico-jurídicos y hasta qué punto forman parte de estrategias de presión política.
En ese sentido, dijo que la administración estadounidense busca fortalecer la cooperación con México en temas como inteligencia, combate al crimen organizado, intercambio de información financiera y coordinación entre agencias civiles y militares, pero advirtió que también existe una percepción de selectividad.
"Hay actores mexicanos sometidos a un fuerte escrutinio, mientras que existen otros personajes con relevancia política establecidos en territorio estadounidense que no necesariamente reciben el mismo nivel de atención", señaló.
Indicó que esta situación evidencia que la cooperación bilateral tampoco está libre de intereses políticos y asimetrías entre ambos gobiernos.
Cooperación necesaria, pero sin subordinación
Para la académica, la relación México-EU en materia de seguridad siempre ha estado marcada por la cooperación y la fricción, donde ambos países enfrentan amenazas comunes derivadas del crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas, armas, personas y recursos financieros ilícitos.
Sin embargo, acotó que, aunque la cooperación resulta indispensable, hay una diferencia estructural en capacidades tecnológicas, financieras y de inteligencia que frecuentemente genera tensiones cuando Washington adopta medidas unilaterales.
En este contexto, explicó que el verdadero dilema para el gobierno mexicano no consiste en decidir si coopera o no con EU. "La discusión es cómo cooperar sin que ello implique subordinación o pérdida de soberanía", dijo.
Mencionó que la administración de la Presidenta Sheinbaum mantiene una línea de cooperación, sin injerencia, lo que significa que cualquier acción estadounidense que sea percibida como presión pública, intervención extraterritorial o ampliación de facultades para agencias norteamericanas dentro del territorio mexicano.
La posibilidad de una mayor presencia operativa de agencias como la CIA en territorio nacional, sostuvo, continúa siendo un tema extremadamente sensible para la política mexicana y “no es un debate nuevo; históricamente ha sido uno de los puntos más delicados de la agenda bilateral."
Inteligencia financiera: una herramienta poderosa
Uno de los aspectos que consideró más relevantes es el alcance de las sanciones financieras, medidas que pueden afectar no solamente a individuos específicos, sino también a empresas, redes comerciales y estructuras completas utilizadas para el lavado de dinero.
La Dra. Solís Minor identificó cuatro impactos principales. El primero corresponde al plano financiero, ya que las sanciones dificultan la movilidad del dinero ilícito, incrementan los costos de operación de las organizaciones criminales y limitan su acceso al sistema bancario internacional.
El segundo tiene que ver con el ámbito empresarial. Las compañías vinculadas, incluso indirectamente, con personas sancionadas pueden enfrentar afectaciones reputacionales, cancelación de contratos, restricciones bancarias y pérdida de inversiones.
El tercer impacto ocurre en el plano operativo. Al cerrarse canales tradicionales para el lavado de dinero, las organizaciones criminales buscan nuevas formas de ocultar recursos mediante criptomonedas, prestanombres, triangulación financiera o comercio informal.
"La preocupación es que esto no necesariamente elimina la actividad criminal; puede volverla más sofisticada y, en algunos casos, más violenta debido a los reacomodos internos entre grupos delictivos", advirtió.
Finalmente, existe un efecto institucional. Las investigaciones obligan al Estado mexicano a fortalecer sus capacidades de supervisión financiera y combate a la corrupción.
La especialista dijo que producir inteligencia financiera no garantiza por sí mismo resultados judiciales, pues el verdadero reto consiste en transformar esa información en investigaciones sólidas, procesos penales eficaces y sentencias condenatorias.
El desafío institucional de México
Para la investigadora, uno de los principales obstáculos continúa siendo la limitada capacidad institucional para judicializar casos complejos relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera puede detectar operaciones sospechosas y elaborar investigaciones técnicas de alto nivel, pero si las indagatorias no se traducen en expedientes suficientemente robustos ante los tribunales, el esfuerzo pierde efectividad.
A ello, sumó problemas estructurales como la corrupción, la fragmentación entre instituciones, las filtraciones de información sensible y la impunidad.
"El fortalecimiento del Estado de derecho sigue siendo el principal desafío para que la cooperación bilateral produzca resultados creíbles", indicó.
Tres escenarios para la relación bilateral
De cara al futuro, la Dra. Solís Minor identificó tres posibles escenarios. El primero sería el fortalecimiento de la cooperación mediante un intercambio más profundo de inteligencia financiera y mecanismos conjuntos para combatir al crimen organizado.
El segundo contempla una relación caracterizada por una tensión diplomática permanente, donde continúe la cooperación operativa, pero acompañada de mayores fricciones políticas derivadas de los señalamientos públicos estadounidenses.
Finalmente, advirtió sobre una crisis de confianza bilateral si las investigaciones alcanzan a actores políticos o empresariales de alto perfil y Washington considera insuficientes las respuestas institucionales mexicanas.
En ese contexto, mencionó que la agenda de seguridad podría extender sus efectos hacia otros ámbitos estratégicos, incluidos el comercio, la inversión y la gobernanza regional.
Además, la especialista afirmó que tanto México como EU enfrentan procesos electorales que podrían incentivar el uso político de los temas de seguridad.
"El riesgo no solamente es el fortalecimiento del crimen organizado. Hay el peligro de que la agenda de seguridad se convierta en mecanismo de presión política y geopolítica que termine modificando la relación bilateral bajo una lógica de creciente asimetría", concluyó.
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