1,139 proyectos extractivos revelan una maquinaria legal, institucional y violenta de despojo en México: Informe OCSA IBERO

Titulado Entre el despojo y las apuestas por la vida. La maquinaria del extractivismo en México, el documento analiza 4,667 notas publicadas entre 2017 y 2024 en La Jornada, Reforma y Proceso. A partir de esta revisión, el OCSA registró 1,139 proyectos extractivos con alguna conflictividad socioambiental en los 32 estados del país.

La cifra representa un aumento de 47% frente al corte anterior del Observatorio. No significa necesariamente que los proyectos hayan crecido en esa misma proporción, aclararon las investigadoras, sino que aumentaron los casos documentados por la prensa. El dato confirma tanto la persistencia del extractivismo como la desigual visibilidad mediática de los conflictos.

La principal aportación del informe consiste en explicar cómo se produce el despojo. Los mecanismos legales utilizan normas, concesiones, decretos e instrumentos administrativos que, bajo una apariencia de legalidad, pueden favorecer intereses extractivos. Los institucionales operan mediante permisos, omisiones, consultas irregulares y evaluaciones ambientales aplicadas discrecionalmente.

Un ejemplo son las consultas libres, previas e informadas. De 227 proyectos desarrollados en territorios indígenas que debían someterse a este procedimiento, en 133 —58.6%— no se encontró registro de que se hubiera realizado.

De los 94 proyectos en los que sí se documentó una consulta, en 85 casos —90.4%— esta operó como mecanismo para legitimar el despojo. Al analizar 290 eventos de consulta, el OCSA encontró que 70.3% presentaron irregularidades, 25.2% tuvieron omisiones denunciadas por las comunidades y apenas 4.5% funcionaron como procesos de defensa territorial.

La presentación del segundo informe se realizó en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y reunió a integrantes del OCSA, autoridades universitarias, personas defensoras del territorio, especialistas académicas y representantes de organismos nacionales e internacionales. El encuentro buscó poner los datos en diálogo con las experiencias de quienes enfrentan directamente los efectos del extractivismo.

En el evento, moderado por la Mtra. María de los Ángeles Hernández, asistente del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI), la Dra. Mariana Dobernig Gago, Directora General del Medio Universitario (DGMU), inauguró la presentación y destacó que la investigación responde a la misión de la IBERO de identificar las raíces de las injusticias estructurales y producir conocimiento al servicio de la transformación social. También subrayó que detrás de las cifras existen comunidades que defienden su territorio, su cultura y sus formas de vida.

Posteriormente, la Dra. Paola García Alanís, colaboradora del OCSA, y la Lic. Diana Sandoval Perevochtchikova, coordinadora del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas (PIAI), presentaron los principales hallazgos y explicaron los cuatro mecanismos utilizados para el despojo. La jornada continuó con una mesa de diálogo en la que participaron personas defensoras, académicas y representantes de distintas instituciones, quienes analizaron la manera en que esta maquinaria opera directamente sobre los territorios.

Según el informe, la desigualdad también se manifiesta en el acceso a la justicia. Mientras empresas y autoridades cuentan con equipos jurídicos, recursos técnicos e interlocución institucional, las comunidades suelen recibir información tardía o incompleta y deben costear asesorías, traducciones, traslados y peritajes para sostener un amparo.

A estos mecanismos se suman los socioeconómicos: empleos temporales, subcontratación, programas de desarrollo e iniciativas de responsabilidad social empresarial que pueden generar dependencia económica, administrar el descontento o dividir a las comunidades.

Cuando estas herramientas no bastan aparecen los mecanismos coercitivos, entre ellos amenazas, criminalización, hostigamiento, judicialización, represión, desapariciones y asesinatos. Durante el periodo estudiado, el Observatorio documentó 107 personas defensoras asesinadas y 24 desaparecidas en casos asociados con proyectos extractivos.

El informe también identificó 52 proyectos relacionados con desplazamiento o migración forzada. La tala ilegal, las actividades agroindustriales, los desalojos, la violencia armada y la destrucción de medios de subsistencia pueden obligar a familias y comunidades enteras a abandonar sus territorios. Sin embargo, México todavía carece de un registro oficial que permita dimensionar a las personas desplazadas por causas socioambientales.

La maquinaria extractiva no se limita a la minería o los hidrocarburos. La hiperurbanización encabeza el registro con 420 proyectos y representa 35.1% de los tipos de extractivismo identificados. El dato muestra que la expansión inmobiliaria también disputa suelo, agua, espacios públicos y patrimonio biocultural, incluso dentro de las ciudades.

En total, 853 proyectos presentan al menos una afectación documentada: 614 ocasionaron daños sociales y 607, ambientales. El informe advierte que estas categorías se superponen, pues un mismo proyecto puede contaminar el agua, perjudicar la salud, destruir medios de subsistencia y fracturar el tejido comunitario simultáneamente.

El OCSA subraya que este modelo atravesó dos administraciones federales de distinto signo político, por lo que sus hallazgos no apuntan únicamente hacia un gobierno, sino hacia una estructura de Estado. En palabras del informe, el sistema no falla cuando produce despojo: “funciona de la forma esperada”.

Frente a esta maquinaria, las comunidades tampoco permanecen inmóviles. El estudio registró 3,734 acciones colectivas, entre asambleas, amparos, movilizaciones, denuncias y redes de defensa. Estos procesos muestran que quienes habitan los territorios no sólo se oponen a los proyectos, sino que sostienen formas de vida, organización y cuidado.

El informe concluye que desmontar la maquinaria requiere reconocer oficialmente el desplazamiento socioambiental, revisar el régimen de concesiones y consultas, garantizar una protección efectiva para las personas defensoras y escuchar los conocimientos producidos por las propias comunidades. Porque defender un río, una montaña o una asamblea también significa defender las condiciones materiales, culturales y espirituales que hacen posible la vida.