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PRENSA IBERO
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• El estudio del Mtro. Miguel Martínez Ríos y el Dr. Oscar Martínez Martínez, ubica al municipio de Guadalajara con la probabilidad más alta de fallas y fugas de agua potable entre las 90 principales ciudades de México • La escasez y las fallas en la provisión del líquido son producidas políticamente pues se distribuyen de manera desigual en las viviendas • En los hogares de estrato bajo la probabilidad de sufrir fallas es 68% mayor que en los de estrato alto; en los encabezados por mujeres, 9% mayor que en los encabezados por hombres • Ante las denuncias de agua turbia y con mal olor en Jalisco, los autores sostienen que la ciudadanía puede exigir reparación del daño, porque el agua de calidad es un derecho constitucional
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Reportero de la IBERO

Que una casa tenga toma de agua no significa que tenga agua. Esa es la premisa de un estudio del Dr. Oscar A. Martínez-Martínez, investigador del EQUIDE y del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO, y del Mtro. Miguel A. Martínez Ríos, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de esta universidad.
Su análisis revela que la zona metropolitana de Guadalajara vive uno de los escenarios más críticos del país: el municipio tapatío registró la probabilidad más alta de fallas y fugas en el suministro de agua potable
El hallazgo cobra relevancia ahora que vecinos de Guadalajara han denunciado agua turbia, con mal olor y enfermedades. Para los investigadores, el problema no es la falta de tuberías. Según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jalisco, junto con la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México, tiene más de 90% de sus viviendas con agua entubada.
El problema radica en la falta de un suministro regular de agua, en cantidad y calidad suficientes, situación en la que influyen la pobreza, las condiciones de la vivienda, el género y la gestión gubernamental.
"El acceso al agua potable de buena calidad, en cantidad y frecuencia suficiente es un derecho garantizado a nivel constitucional", señalaron los autores, quienes advirtieron que el agua "es un bien común, que se trata como mercancía".
El estudio, publicado en el volumen “Desarrollo regional y los retos de la sustentabilidad ambiental” (UNAM y AMECIDER, 2025), se basó en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI del tercer trimestre de 2024, con 24 mil 96 personas de las 90 principales áreas urbanas del país. Con un modelo estadístico y mapas, calcularon qué tan probable es que un hogar sufra fallas o fugas en el servicio.
El resultado general es contundente: 62% de las personas encuestadas reportó problemas en el suministro de agua potable.
El factor que más pesa es el nivel socioeconómico. La probabilidad de tener fallas aumenta 17% en el medio alto, 48% en el medio bajo y 68% en el bajo.
Las mujeres jefas de hogar tienen 9% más probabilidad de sufrir fallas que los hombres, lo que los autores describieron como una desigualdad hídrica por género que se suma a la pobreza y a vivir en periferias empobrecidas.
Quien tiene fallas en el drenaje tiene 2.27 veces más probabilidad de padecer fallas en el agua, y quien enfrenta problemas con aguas residuales, 2.43 veces más. Vivir en departamento reduce el riesgo 14% frente a las casas independientes.
Además, quienes califican a su gobierno local como "nada efectivo" tienen 85% más probabilidad de sufrir fallas que quienes lo consideran "muy efectivo".
Los mapas del estudio muestran que el municipio de Guadalajara tiene "la mayor probabilidad registrada en todo el país", mientras sus municipios vecinos presentan una probabilidad media. En el Valle de México, el oriente concentra los problemas, con Iztapalapa como caso más grave. En contraste, Monterrey, que vivió una crisis de escasez a inicios de esta década, muestra una mejoría en 2024.
También observaron que varias ciudades del norte, en cuencas con poca agua, tienen menor probabilidad de fallas que ciudades del sur con más recursos hídricos, lo que confirma que el acceso depende sobre todo de cómo se gestiona el recurso.
En entrevista, el Dr. Oscar A. Martínez-Martínez el Mtro. Miguel A. Martínez explicaron que las grandes metrópolis sobreexplotan sus acuíferos, mientras el asfalto impide que el suelo absorba la lluvia y una parte del agua que sí se infiltra ya llega contaminada.
A eso se suma que el tratamiento del agua "es opaco": no hay mediciones accesibles en tiempo real de metales pesados ni de bacterias coliformes en el agua que llega a los hogares.
Esto deja al usuario "en una desconfianza permanente", que lo obliga a comprar agua embotellada, filtros y depósitos, un gasto que agrava la desigualdad.
También cuestionaron que los gobiernos privilegien a los actores económicos. Las familias de barrios pobres "sufren de una escasez políticamente creada, bajo un discurso de crisis generalizada", mientras "las personas más ricas y las grandes industrias normalmente no sufren de estrés hídrico".
Sobre las denuncias de agua turbia y enfermedades en Jalisco, los especialistas respondieron que la ciudadanía sí puede impugnar los cobros y exigir reparación. Advirtieron que las protestas de los sectores vulnerables "tienden a ser acalladas, como se observó en Jalisco, por medio de la represión", y que la falta de canales directos de diálogo con las autoridades, que sí tienen las empresas, podría escalar el conflicto social.
Sin embargo, aclararon que dejar de cobrar el servicio no basta. En la Ciudad de México y el Estado de México hay demarcaciones donde no se cobra, pero el agua tampoco llega. La salida, dijeron, es exigir de forma continua al gobierno estatal y a organismos como el SIAPA que reparen los daños y garanticen agua "accesible, continua, suficiente y de buena calidad".
Los autores plantearon dejar atrás la política de buscar fuentes cada vez más lejanas o pozos más profundos, y gestionar la demanda de la industria, la agricultura y la ganadería. En las ciudades, sugirieron tarifas progresivas, con cobros más altos a viviendas con jardines y albercas, además de proteger las zonas de recarga con sanciones efectivas, porque "muchas veces la sanción resulta más redituable que la reparación del daño".
El estudio propuso también fortalecer a los organismos operadores con un fondo para los municipios más pobres, medir el acceso por calidad, cantidad y frecuencia, y no solo por infraestructura, e invertir en captación de lluvia, plantas de tratamiento comunitarias y detección de fugas, con enfoque de género y pobreza.
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