PRENSA IBERO
AUTOR
Mariana Domínguez Batis
Jefa de Prensa de la Dirección de Comunicación Institucional
• Académicos alertan sobre erosión institucional, concentración de poder y distanciamiento entre ciudadanía y política
• Advierten límites del Sistema Interamericano para responder al deterioro democrático en América Latina
Frente al avance de gobiernos autoritarios, la concentración de poder y el debilitamiento de los contrapesos institucionales en América Latina, especialistas reunidos en la Universidad Iberoamericana (IBERO) advirtieron que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos atraviesa un momento crítico y enfrenta serias limitaciones para responder a la erosión democrática que vive la región.
Durante la conferencia “El Sistema Interamericano en tiempos de crisis democrática”, organizada por el Departamento de Derecho de la IBERO, el jurista argentino Roberto Gargarella sostuvo que la región enfrenta una “profunda crisis del constitucionalismo democrático”, marcada tanto por el deterioro de los sistemas de control institucional como por el creciente distanciamiento entre ciudadanía y poder político.
“El problema democrático seguiría vivo”, advirtió Gargarella, aun si se lograra restablecer el equilibrio entre poderes, pues persiste una sensación de impotencia ciudadana frente a las instituciones y la toma de decisiones públicas.
Crisis institucional y desconfianza ciudadana
El académico de la Universidad de Buenos Aires señaló que en distintos países de América Latina se observa una tendencia de los poderes ejecutivos a capturar organismos de control, debilitar tribunales y modificar reglas electorales para favorecer su permanencia. Mencionó como ejemplos recientes la reforma judicial mexicana, así como situaciones en Nicaragua, El Salvador y Bolivia.
Gargarella cuestionó además la respuesta de tribunales nacionales e internacionales frente a estos procesos y consideró que se han perdido oportunidades importantes para defender la democracia en la región. A su juicio, buena parte de la doctrina jurídica contemporánea sigue enfocándose únicamente en la “erosión constitucional”, dejando de lado el problema democrático de fondo.
El especialista defendió una visión “procedimental” de la democracia, donde los tribunales actúen como garantes de reglas equitativas de participación política, pero sin sustituir las decisiones de la ciudadanía. Comparó el papel judicial con el de un árbitro de futbol: asegurar que el partido democrático pueda jugarse, sin intervenir en el resultado político.
Debate sobre el “derecho a la democracia”
Por su parte, Sandra Serrano, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, alertó sobre el giro conservador dentro del propio Sistema Interamericano y cuestionó la propuesta de convertir la democracia en un derecho humano autónomo dentro del sistema regional.
La académica explicó que actualmente la Corte Interamericana analiza una opinión consultiva impulsada inicialmente por Guatemala para determinar si existe un “derecho a la democracia”, en respuesta al debilitamiento institucional observado en distintos países de la región.
Sin embargo, Serrano advirtió que esta vía podría generar nuevos problemas jurídicos y políticos sobre quién sería titular de ese derecho y cómo podría garantizarse. Además, señaló que la Carta Democrática Interamericana sigue privilegiando una visión centrada en la democracia representativa y electoral, más que en mecanismos participativos o deliberativos.
Sistema más restrictivo y menos abierto al debate
En tanto, Salvador Guerrero, coordinador de la Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas de la IBERO, señaló que dentro del Sistema Interamericano también se observa un endurecimiento de los criterios de admisibilidad y mayores barreras técnicas para acceder a la justicia internacional.
Afirmó que esto limita la posibilidad de abrir discusiones sobre temas relevantes de derechos humanos y democracia en la región.
La conferencia fue coordinada por Guillermo Estrada, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la IBERO, quienes subrayaron la importancia de abrir espacios académicos de discusión ante el contexto político que enfrenta América Latina.
