PRENSA IBERO
AUTOR
Luis Reyes
Reportero de Comunicación Institucional de la IBERO
- La egresada de la IBERO imparte la conferencia magistral del XXIX Taller de Derecho Internacional organizado por la SRE y los Departamentos de Derecho y Estudios Internacionales
- Subraya que la Corte enfrenta restricciones presupuestarias, falta de cooperación de algunos Estados y amenazas de retiro
Hoy en día hay ocho jueces sancionados y en otros casos ha habido órdenes de aprehensión y condenas en contra de ellos por parte de algunos países que han estado en desacuerdo con decisiones de la Corte Penal Internacional (CPI) las cuales son inaceptables, afirmó la Jueza de la Corte, Socorro Flores Liera desde la Universidad Iberoamericana (IBERO).
Dijo que la CPI opera en un ambiente sumamente politizado, enfrenta restricciones presupuestarias, falta de cooperación de algunos Estados, amenazas de retiro y otros que efectivamente se han retirado como Burundi y Hungría.
La también egresada en Derecho de nuestra casa de estudios dio a conocer que como parte de la serie de presiones políticas y ataques en contra de la Corte se han emprendido sanciones incluso por Estados no partes y se han emprendido acciones en contra de funcionarios de la Corte.
"Lo único que hacen con estos ataques es fortalecer la convicción de todos los miembros de la Corte. Este tipo de sanciones no pueden afectar el objetivo y el trabajo que todos los miembros de la Corte hacen, muy comprometidos con este mandato de erradicación de la impunidad"acotó.
Sin embargo, acotó que la CPI representa una apuesta muy ambiciosa para la comunidad internacional en un contexto global marcado por el unilateralismo, tensiones entre soberanía y rendición de cuentas.
Tras impartir la conferencia magistral del XXIX Taller de Derecho Internacional “El Derecho Internacional en tiempos de unilateralismo y nuevas polaridades”, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en colaboración con los Departamentos de Derecho y de Estudios Internacionales de la IBERO, reflexionó sobre el papel de la justicia penal internacional.
La también egresada en Derecho de nuestra casa de estudios recordó el valor histórico de la creación de la Corte y subrayó que su existencia materializa una aspiración largamente sostenida por la comunidad internacional para erradicar la impunidad por los crímenes más graves de trascendencia internacional.
Destacó que, a diferencia de los tribunales creados después de los conflictos, la CPI es una institución permanente, con reglas claras de competencia, procedimientos definidos y un enfoque integral que va desde la investigación hasta la reparación a las víctimas.
En este sentido, recordó que el Estatuto de Roma fue adoptado en 1998 en Roma y entró en vigor en el año de 2002, lo que dio inicio a un proyecto institucional que, en poco más de dos décadas, ha construido un cuerpo sólido de jurisprudencia y prácticas.
Entre los principales logros, subrayó la consolidación de la Corte como una institución plenamente funcional, integrada actualmente con 123 Estados Partes y las tres vías para activar su competencia para asegurar la rendición de cuentas por atrocidades masivas: la remisión por Estados Partes, la remisión del Consejo de Seguridad y la actuación de Oficio del Fiscal.
Asimismo, resaltó el papel central que la CPI ha otorgado a las víctimas, permitiéndoles participar en los procedimientos, contar con representación legal y acceder a medidas de reparación, lo cual ha contribuido a transformar la cultura de la justicia penal internacional.
También mencionó que otro avance clave es el principio de complementariedad, mediante el cual la Corte actúa como instancia de último recurso, incentivando a los Estados a fortalecer sus sistemas nacionales de justicia para investigar y sancionar crímenes internacionales.
Flores Liera enfatizó que la CPI enfrenta retos estructurales y políticos significativos como la falta de cooperación de algunos Estados, que limita la ejecución de órdenes de arresto y la implementación de sentencias, lo que impacta directamente en la eficacia de la justicia internacional.
A ello, agregó que se suman restricciones presupuestarias, crecientes desafíos tecnológicos como los ciberataques y un entorno altamente politizado que se ha traducido en presiones, sanciones y campañas de desprestigio contra la institución y sus funcionarios, afectando la independencia judicial y la operación cotidiana de la CPI.
Finalmente, hizo un llamado a la comunidad internacional, a los Estados y a quienes se dedican al Derecho, a defender y preservar los avances logrados durante décadas, ya que “la erradicación de la impunidad no es una concesión política, sino una exigencia ética y jurídica que define la conciencia de la humanidad y condiciona el futuro de las próximas generaciones”.
Para inaugurar el taller, estuvieron presentes el Dr. Alejandro Anaya Muñoz, Vicerrector Académico de la IBERO, la Dra. Graciela Teruel Belismelis, Directora de la División de Estudios Sociales, la Dra. Virginia Petrova Georgieva, que fungió como moderadora, Pablo Arrocha Olabuenaga, Consultor Jurídico de la SRE y Alicia Patricia Pérez Galeana, Consultora Jurídica Alterna para Tratados y Foros Internacionales de la SRE.
¿Qué temas se abordarán en el XXIX Taller de Derecho Internacional?
Del 17 al 19 de febrero, en el XXIX Taller de Derecho Internacional **se abordarán temas clave del Derecho Internacional **tales como los retos de la justicia penal internacional a partir de la labor de la CPI; la responsabilidad internacional vinculada a la industria armamentista y el litigio estratégico impulsado por México.
También, las inmunidades diplomáticas, la protección consular y el debido proceso en contextos de crisis migratorias; la protección del patrimonio cultural en conflictos armados; el multilateralismo, la paz y la seguridad a más de siete décadas de la ONU.
Finalmente, la evolución de los tratados comerciales, la ciberdelincuencia y la construcción de un tratado global en la materia, así como nuevos campos como el derecho espacial y la gobernanza de los océanos, todos analizados desde una perspectiva jurídica, política y ética.