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• IMSS-Bienestar dispone de 4,412 pesos por persona, frente a 10,074 del IMSS y 11,385 del ISSSTE, según estimaciones del CIEP para 2026 • La Dra. Gabriela Luna Ruiz, del Departamento de Economía, advierte que todavía no está claro cómo se organizará la atención si cualquier persona puede elegir dónde recibir servicios médicos • Recibir atención sin medicamentos o comprar por cuenta propia gasas y otros materiales no es garantizar el derecho a la salud, indica
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Reportero de la IBERO

La promesa de construir un sistema de salud universal en México enfrenta un desafío que va más allá de permitir que cualquier persona acuda a distintas instituciones: garantizar que todas reciban atención oportuna, medicamentos, materiales y tratamientos de calidad, sin importar su condición laboral o el sistema al que estén afiliadas.
Aunque el objetivo de ampliar el acceso a los servicios médicos busca reducir las barreras entre la población derechohabiente y quienes carecen de seguridad social, persisten interrogantes sobre los recursos disponibles, las reglas para distribuir a los pacientes y la capacidad de las instituciones para responder a una demanda mayor.
Para la Dra. Gabriela Luna Ruiz, académica del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana (IBERO), uno de los principales problemas es que todavía no está suficientemente claro cómo funcionará el nuevo ordenamiento de la atención ni qué implicaciones tendrá permitir que las personas elijan dónde atenderse.
Las diferencias presupuestarias entre los principales subsistemas de salud muestran la dimensión del reto. De acuerdo con las estimaciones para 2026 del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el gasto por persona presenta contrastes importantes entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar.
El gasto estimado por persona para 2026 es el siguiente:
IMSS: 10 mil 74 pesos
ISSSTE: 11 mil 385 pesos
IMSS-Bienestar: 4 mil 412 pesos.
La diferencia es significativa, pues el gasto por persona estimado para el IMSS-Bienestar equivale a menos de la mitad del correspondiente al IMSS y representa alrededor de 39 por ciento del gasto estimado para el ISSSTE.
Estas cantidades deben interpretarse como indicadores presupuestarios y no como el monto que cada paciente recibe de forma directa. La especialista señala que tampoco bastan, por sí solas, para medir la calidad de los servicios, pues las instituciones atienden poblaciones y tienen obligaciones distintas.
Sin embargo, sí permiten dimensionar las diferencias de recursos disponibles por persona en cada subsistema, un factor relevante cuando se plantea ampliar la movilidad de pacientes entre instituciones.
El IMSS es el principal asegurador público del país y, de acuerdo con la Dra. Luna Ruiz, brinda cobertura a cerca de 56 por ciento de la población asegurada. Su financiamiento tiene una característica: además de los recursos públicos, recibe aportaciones de las personas trabajadoras y de los patrones.
Por ello, explicó, para comprender los recursos disponibles para atender a la población es necesario distinguir entre el presupuesto público y las contribuciones que alimentan el sistema de seguridad social.
El ISSSTE también cuenta con un esquema contributivo, en el que participan el gobierno y las personas trabajadoras del Estado. En cambio, el IMSS-Bienestar está dirigido a la población sin seguridad social y no recibe cuotas de sus usuarios por concepto de aseguramiento.
Esta diferencia importa cuando se habla de universalidad. No basta con establecer que una persona puede acudir a determinada institución. También es necesario definir cómo se financiará la atención, qué servicios estarán garantizados y cómo se cubrirán los costos adicionales cuando aumente la demanda.
Las cifras presupuestarias para 2026 muestran que los recursos no evolucionan de la misma forma en todas las instituciones. En términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, el presupuesto del IMSS aumenta 11.7 por ciento respecto de 2025; el del IMSS-Bienestar crece apenas 0.8 por ciento, mientras que el ISSSTE registra una reducción de 3.6 por ciento.
La comparación de los montos presupuestarios es la siguiente:
IMSS: pasa de 499 mil 18 millones de pesos en 2025 a 557 mil 232 millones en 2026
ISSSTE: disminuye de 84 mil 699 millones a 81 mil 650 millones de pesos
IMSS-Bienestar: aumenta de 171 mil 206 millones a 172 mil 492 millones de pesos
Secretaría de Salud: baja de 69 mil 54 millones a 66 mil 826 millones de pesos.
Las variaciones reales reportadas son de +11.7 por ciento para el IMSS, −3.6 por ciento para el ISSSTE, +0.8 por ciento para IMSS-Bienestar y −3.2 por ciento para la Secretaría de Salud.
Estos datos no permiten concluir que el crecimiento de IMSS-Bienestar se haya financiado mediante una reducción de los recursos destinados a los servicios médicos del IMSS o del ISSSTE. De hecho, el presupuesto del IMSS aumenta de forma importante, mientras que el de IMSS-Bienestar presenta un crecimiento marginal y el del ISSSTE disminuye en términos reales.
La discusión, señala, no puede reducirse a afirmar que los recursos de una institución se trasladaron a otra. Un reto consiste en evaluar si la distribución presupuestaria corresponde a las necesidades de cada población y si será suficiente para sostener un sistema con mayor intercambio de pacientes.
Para la Dra. Luna Ruiz, el debate debe considerar qué ocurre después de que una persona ingresa a una unidad médica. Si un paciente sale de consulta sin los medicamentos prescritos o debe comprar por su cuenta materiales básicos, como gasas o insumos para la colocación de un yeso, la posibilidad formal de acceder a un servicio no necesariamente se traduce en atención integral.
La especialista cuestiona así una visión de la universalidad centrada únicamente en permitir el ingreso a los establecimientos de salud. El derecho a la atención debe traducirse en prestaciones efectivas, oportunas y de calidad.
El artículo 51 de la Ley General de Salud establece que las personas usuarias tienen derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea, así como a recibir atención profesional y éticamente responsable y un trato respetuoso y digno por parte del personal de salud.
La propuesta de ampliar la libertad de elección para que las personas puedan atenderse en distintas instituciones abre otra interrogante: ¿cómo se coordinarán los servicios y se distribuirán los recursos cuando pacientes de un subsistema soliciten atención en otro?
La investigadora señala que aún no está claro cómo se organizará este esquema ni cuáles serán sus reglas operativas. Una cuestión pendiente es determinar el alcance de la atención en instituciones como IMSS, ISSSTE y los servicios médicos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como los de Petróleos Mexicanos.
La incorporación de estas instituciones a un sistema de atención más amplio implicaría resolver cómo se reconocerán los derechos de cada persona, qué servicios podrán solicitarse, cómo se cubrirán los costos y de qué manera se evitará que una mayor demanda rebase la capacidad instalada.
La diferencia de recursos por persona añade otra complejidad. Si las instituciones tienen presupuestos y fuentes de financiamiento distintos, permitir el tránsito de pacientes entre ellas exige reglas claras para que la ampliación del acceso no se traduzca en presión financiera adicional sin mecanismos de compensación suficientes.
La universalidad de la atención médica requiere algo más que eliminar barreras administrativas. Supone asegurar que las personas reciban los servicios que necesitan, con personal, infraestructura, medicamentos e insumos suficientes, y que hay mecanismos claros para responder cuando la atención no se proporciona de manera completa.
Explica que las diferencias presupuestarias identificadas por el CIEP muestran que el punto de partida no es homogéneo. Mientras el IMSS aumenta su presupuesto para 2026, el ISSSTE enfrenta una disminución real y el IMSS-Bienestar registra un crecimiento limitado.
Por ello, subraya que antes de que la elección de institución se convierta en una posibilidad efectiva para toda la población, será indispensable precisar las reglas de coordinación, financiamiento y acceso, así como los servicios que cada subsistema estará obligado a garantizar.
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