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PRENSA IBERO
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• La Dra. Marisol Ochoa, del Departamento de Historia, apunta que la captación puede ser forzada, mediante engaños o por convencimiento dentro de círculos familiares y de amistad • La especialista refiere las niñas también son reclutadas y su participación en estos procesos debe considerarse en estrategias de prevención • Subraya la importancia de identificar amenazas, coacción y condiciones de vulnerabilidad antes de tratar a menores como responsables de un delito
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Reportero de la IBERO

El reclutamiento de menores por el crimen organizado en México no se limita al uso de la fuerza. También puede comenzar con una invitación aparentemente voluntaria, una oferta de trabajo o la posibilidad de formar parte de un grupo que promete dinero, protección y reconocimiento.
La Dra. Marisol Ochoa Elizondo, directora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana (IBERO), explicó que existen distintas formas de captación, algunas vinculadas con el entorno familiar y las amistades, y otras con engaños, amenazas o contactos a través de plataformas digitales.
La especialista identificó a adolescentes de entre 12 y 17 años como parte de una población expuesta a estas dinámicas. En algunas regiones, explica, jóvenes conviven con familiares, amistades o conocidos que mantienen vínculos con actividades delictivas. Esta cercanía puede facilitar que grupos criminales les ofrezcan incorporarse a sus economías ilegales.
En esos entornos, las actividades criminales pueden llegar a percibirse como una opción de trabajo o una forma habitual de obtener ingresos. La oferta no siempre se presenta mediante un engaño: en ocasiones, el adolescente sabe que se trata de una actividad ilegal, pero considera atractivas las ganancias o las ventajas que cree que obtendrá.
Sin embargo, la decisión aparente de incorporarse a un grupo criminal no puede analizarse de manera aislada. La edad, las condiciones sociales, la exposición a la violencia y la falta de redes de protección influyen en las opciones que los menores perciben como disponibles.
Por ello, advirtió la Dra. Ochoa Elizondo, es necesario comprender las circunstancias en las que ocurre el reclutamiento, sin perder de vista que se trata de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos deben protegerse.
¿Por qué un adolescente aceptaría integrarse a una organización criminal, incluso cuando su vida está en peligro? Para Ochoa Elizondo, parte de la respuesta está en las necesidades emocionales y sociales que estos grupos pueden aprovechar.
En comunidades donde existen familias fragmentadas, ausencia de cuidados o escasas redes de apoyo, una organización criminal puede ofrecer una sensación de pertenencia que el joven no encuentra en otros espacios.
La posibilidad de recibir dinero, portar un arma, ejercer poder o adquirir reconocimiento puede resultar atractiva para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. El grupo criminal no solo ofrece una actividad económica ilegal: también puede presentarse como una estructura que proporciona identidad, protección y relaciones sociales.
La especialista señaló que algunos adolescentes deciden incorporarse a estas economías ilegales, aun sin comprender plenamente las consecuencias y los riesgos que enfrentan.
Explicó que esto no significa que desconozcan por completo la violencia, ya que pueden entender que hay posibilidad de morir o de ejercer violencia contra otras personas, pero priorizar beneficios inmediatos, como ingresos, reconocimiento o pertenencia a un grupo.
En este contexto, la prevención no puede reducirse a advertir a jóvenes que el crimen organizado es peligroso. También es necesario comprender qué necesidades están buscando satisfacer y por qué las organizaciones criminales consiguen presentarse como una alternativa.
La ausencia de protección familiar, las experiencias de violencia y la falta de espacios de pertenencia pueden contribuir a que estas ofertas encuentren terreno fértil, dijo.
La captación de menores no debe considerarse un fenómeno exclusivamente masculino. La Dra. Ochoa Elizondo señaló que, aunque anteriormente podía pensarse que los grupos criminales reclutaban principalmente a varones, actualmente también existe reclutamiento de niñas y adolescentes.
Esta situación, apuntó, obliga a evitar que las estrategias de prevención se concentren únicamente en los jóvenes hombres o en determinados perfiles de adolescentes.
La captación puede adoptar distintas formas según el entorno social, las relaciones personales y las condiciones de vulnerabilidad. Por ello, consideró que tanto las niñas como los niños deben considerarse dentro de las acciones de detección y protección.
La especialista advirtió que no siempre existen señales evidentes que permitan a las familias reconocer que un adolescente está acercándose a una organización criminal. En ocasiones, los contactos se producen en espacios cotidianos y mediante personas conocidas, lo que dificulta identificar el riesgo.
El reclutamiento también puede desarrollarse entre jóvenes que coinciden en escuelas, espacios de convivencia o plazas comerciales. Mencionó situaciones identificadas en Guadalajara, Jalisco, y algunas zonas periféricas, donde las relaciones de amistad pueden servir como vía de acercamiento entre reclutadores y adolescentes.
En estos casos, un joven puede convertirse en intermediario para atraer a otros, sin que sus familias sepan lo que está ocurriendo. El contacto puede establecerse fuera de los entornos donde habitualmente se reconoce la presencia del crimen organizado.
El riesgo aumenta cuando los menores son trasladados fuera del lugar donde fueron captados para realizar actividades en otros territorios. De acuerdo con la Dra. Ochoa Elizondo, estas dinámicas pueden derivar en desplazamiento y desaparición, lo que deja a las familias en una situación de incertidumbre y sufrimiento.
La ausencia de información sobre los contactos y las actividades de los adolescentes dificulta detectar a tiempo estas situaciones. Por ello, dijo que la prevención requiere comprender que las redes de reclutamiento no necesariamente se presentan de manera abierta ni comienzan con amenazas visibles.
La captación puede avanzar a través de relaciones sociales aparentemente ordinarias, hasta que el adolescente queda involucrado en una estructura de la que resulta difícil salir.
Las redes sociales se han convertido en otro espacio utilizado para acercarse a jóvenes. La captación puede comenzar con ofertas de empleo, mensajes que prometen ingresos atractivos o interacciones que buscan construir confianza.
La especialista refirió que el Centro Nacional de Inteligencia ha detectado alrededor de mil 800 páginas relacionadas con la captación delictiva de jóvenes y destacó especialmente la preocupación por plataformas digitales como TikTok.
La captación, enumeró, puede ocurrir mediante anuncios de trabajo, conversaciones privadas, contactos con supuestos empleadores o mecanismos que buscan generar confianza. Además, mencionó el grooming como una forma de manipulación que puede aprovechar vínculos emocionales y expectativas económicas.
Los videojuegos y otros espacios digitales también pueden facilitar el contacto con adolescentes. El objetivo de estas interacciones puede ser establecer una relación de confianza antes de presentar una oferta que los acerque a actividades criminales.
Ante este escenario, consideró importante que madres, padres y personas cuidadoras presten atención a los contenidos y contactos digitales de los menores, sin perder de vista que la prevención también requiere educación y acompañamiento.
La supervisión familiar, por sí sola, no resuelve el problema. La detección de cuentas de captación, la investigación de los responsables y la respuesta de las plataformas son igualmente relevantes.
La especialista señaló que las instituciones de seguridad han desarrollado mecanismos para detectar y dar seguimiento a contenidos vinculados con la captación delictiva.
Mencionó el decreto presidencial de octubre de 2026 relacionado con plataformas digitales y la obligación de detectar, reportar y retirar contenidos que inciten a la violencia o pongan en riesgo a menores. También describió mecanismos de cooperación entre plataformas y autoridades para conservar información de registro y facilitar investigaciones.
Asimismo, explicó que la respuesta institucional puede incluir la intervención de unidades de policía cibernética y fiscalías. Una vez que se detectan posibles hechos delictivos, las autoridades pueden iniciar investigaciones para identificar a quienes captan a los menores y reunir evidencia sobre su actividad.
La especialista destacó que las plataformas pueden desempeñar un papel importante en la conservación y entrega legal de datos relevantes para las investigaciones, como información de registro y otros elementos técnicos que permitan identificar a los responsables.
El objetivo, indicó, consiste en responder a un fenómeno que cambia con rapidez. Los métodos de captación se adaptan a las herramientas digitales y a las formas en que los jóvenes se relacionan, por lo que las instituciones necesitan fortalecer la prevención, la detección y la investigación.
La Dra. Ochoa Elizondo, refirió la necesidad de distinguir entre la participación de un adolescente en una actividad criminal y las condiciones de coacción, amenaza, explotación o vulnerabilidad que pueden haberlo llevado hasta ella.
Subrayó que, cuando un menor es detenido en circunstancias que hacen sospechar su reclutamiento por una organización criminal, las autoridades deben investigar si actuaba bajo amenazas, subordinación o alguna forma de explotación.
Acotó que esto resulta relevante incluso cuando el adolescente fue encontrado con armas o drogas, o cuando presuntamente participaba en la comisión de un delito. Esas circunstancias no eliminan la necesidad de investigar si fue captado o sometido por una estructura criminal.
Además, explicó que los procedimientos de justicia para adolescentes contemplan medidas específicas para proteger sus derechos y evaluar sus condiciones particulares. Destacó la importancia de dar intervención a las autoridades de protección de niñas, niños y adolescentes y de analizar los riesgos que puedan enfrentar el menor y su familia.
El propósito es evitar que una posible víctima de reclutamiento quede expuesta a represalias o sea tratada sin considerar el contexto en el que ocurrieron los hechos.
Apuntó que esto no significa que adolescentes involucrados en delitos reciban automáticamente la misma clasificación jurídica. La determinación depende de las circunstancias de cada caso, de la investigación y de las disposiciones legales aplicables.
Por eso, la identificación de amenazas, explotación y coacción debe formar parte de la actuación institucional desde las primeras etapas.
Para la Dra. Ochoa Elizondo, enfrentar el reclutamiento de menores requiere comprender tanto el funcionamiento de las redes criminales como las condiciones sociales que facilitan la captación.
Indicó que las investigaciones pueden contribuir a identificar y detener a quienes reclutan jóvenes, incluidos los operadores que usan plataformas digitales, pero la prevención necesita atender necesidades que los grupos criminales explotan: la falta de protección, la violencia, la ausencia de redes de apoyo y la búsqueda de ingresos y reconocimiento.
Destacó la importancia de que las instituciones de seguridad, las fiscalías y las autoridades de protección de menores actúen de manera coordinada. También, que las plataformas digitales respondan a los reportes de contenidos relacionados con la captación delictiva y colaboren con las investigaciones conforme a la ley.
Dijo que el fenómeno plantea un desafío para las familias y las comunidades, las cuales necesitan contar con herramientas para identificar situaciones de riesgo y ofrecer alternativas de acompañamiento.
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