¿Por qué no se acaba el huachicol? Experto IBERO apunta a los “actores grises” que sostienen el mercado ilegal

Para el Mtro. Samuel León Sáez, Académico de la Universidad Iberoamericana (IBERO), el punto central para entender esta transformación es que el huachicol dejó de ser solamente un problema de robo de combustible para convertirse en “un mercado negro con oferta, demanda y cadenas de suministro propias”.

Señala que cuando un mercado alcanza esa dimensión, detener a algunos de sus integrantes no necesariamente lo desmantela, porque esto al final tiene un problema que tienen todos los mercados negros: si continúa existiendo la oferta y la demanda, los actores retirados pueden ser sustituidos por otros.

¿Por qué no se acaba el huachicol?

De acuerdo con investigaciones del analista del sector energético, la historia reciente del huachicol puede dividirse en dos: una es interna, relacionada con el robo de combustible mediante ductos; la otra es externa, con la importación ilegal de combustibles. La segunda modalidad representa uno de los cambios más importantes en la evolución del negocio.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, explica el académico, el mercado negro se consolidó alrededor del robo interno. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el también especialista de seguridad pública identificó un crecimiento de importaciones ilegales. En lugar de sustraer el combustible de la infraestructura petrolera, se introduce al país como si se tratara de otro producto.

Aceites, lubricantes o componentes de mezcla pueden servir para disfrazar el verdadero contenido de las importaciones. El objetivo económico, señala, es evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), ahorro que puede representar alrededor de 6.45 pesos por litro de gasolina y siete pesos por litro de diésel. En un mercado donde millones de litros están en circulación, esa diferencia deja de ser marginal y se convierte en el motor del negocio.

“El combustible ilegal puede venderse más barato porque incorpora una ventaja que el mercado legal no tiene, el ahorro de impuestos. El resultado es una competencia desigual frente a quienes comercializan combustibles dentro del marco legal. Mientras exista un consumidor dispuesto a comprar más barato, hay un incentivo para mantener la cadena”, expone.

El huachicol también necesita consumidores

El tamaño del mercado no puede explicarse solamente por quienes roban o introducen combustible ilegal. También hay que mirar a quienes lo compran. El Mtro. León Sáez cita una estimación realizada por una cámara del sector gasolinero en México en 2024: por cada establecimiento legal para vender combustibles habría 1.6 puntos de venta ilegales.

El investigador también refiere una encuesta realizada al sector del transporte de carga durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la que aproximadamente una tercera parte de los participantes reconoció haber consumido combustible ilegal.

La razón económica es que el diésel es indispensable para sectores como el transporte de carga, la industria y la minería, mientras que la gasolina es necesaria para millones de automóviles. Por eso el combustible tiene una característica que vuelve particularmente resistente a este mercado: “su demanda es inelástica”.

Explica que, aunque cambie el precio, la gente necesita gasolina y diésel para desplazarse, transportar mercancías o mantener funcionando maquinaria y el mercado ilegal puede entonces competir mediante descuentos. La lógica es particularmente visible en comunidades donde el huachicol se convirtió en una alternativa económica.

Una noche de huachicol paga más que una semana de trabajo

Uno de los ejemplos más reveladores de esta transformación se encuentra en Puebla. El Mtro. León Sáez estudió el fenómeno durante su maestría y posteriormente lo abordó en un libro sobre huachicol. En municipios identificados con el llamado “Triángulo Rojo”, el fenómeno adquirió una dimensión comunitaria.

No se trataba solo de grupos criminales externos llegando a una población. Había condiciones sociales previas que facilitaron la incorporación de habitantes locales. El investigador describe comunidades agrícolas e indígenas que habían sufrido procesos históricos de exclusión y que permanecían cerca de nuevos corredores de desarrollo industrial y energético.

Expone que la expansión de industrias automotrices, aeroespaciales y agroindustriales transformó los territorios, mientras muchas comunidades continuaron enfrentando condiciones económicas precarias. Entonces llegaron los ductos y con ellos, una oportunidad ilegal.

Al principio, explica, algunos líderes comunitarios podían adquirir la imagen de benefactores. El dinero procedente del huachicol permitía resolver necesidades que el Estado no atendía. Operaciones médicas, apoyos económicos o ayuda para las familias podían convertirse en mecanismos para generar aceptación social.

Después llegó otra transformación: los grupos criminales de mayor escala comenzaron a participar. Entre ellos, destaca la llegada de “Los Zetas” a Puebla y la incorporación de estructuras criminales a un mercado que ya contaba con participación comunitaria. La consecuencia fue la profesionalización de una actividad que inicialmente podía tener una lógica local.

La diferencia entre un empleo agrícola y la actividad ilegal permite entender por qué el fenómeno se reprodujo. El especialista relata que trabajadores de algunas comunidades podían recibir alrededor de 200 pesos por una jornada, mientras una persona podía obtener hasta 3 mil pesos por una noche participando en actividades relacionadas con el huachicol.

“Qué condiciones económicas hacen que el delito sea más rentable que el trabajo legal. La respuesta no justifica el delito, pero ayuda a explicar su capacidad de expansión. Cuando la actividad ilegal genera ingresos significativamente superiores a los de la economía formal y hay una comunidad que la tolera o participa en ella, el mercado adquiere capacidad para reproducirse”, apunta.

El huachicol dejó de caber dentro de una comunidad

La tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, se convirtió en una de las imágenes más dolorosas asociadas con el huachicol. Una comunidad reunida alrededor de una toma clandestina, combustible brotando de un ducto y, posteriormente, una explosión que dejó decenas de personas muertas.

Para León Sáez, aquel episodio permite observar la complejidad del fenómeno. En comunidades con altos niveles de pobreza, explica, la disponibilidad repentina de combustible puede convertirse en un incentivo muy poderoso. La operación puede ir desde mecanismos sofisticados para perforar ductos hasta métodos rudimentarios.

En algunos casos, menciona, los grupos criminales construían excavaciones alrededor de las tomas, una especie de “alberca”. Convocaban a habitantes de las comunidades para recoger el combustible. Así, el huachicol se había convertido en una actividad colectiva muy distinta a la de una organización criminal aislada.

Aunque la autoridad llegara a un territorio donde hay hombres, mujeres y niñas y niños alrededor de una toma clandestina, el riesgo de una confrontación era enorme y el riesgo de una explosión, todavía mayor. El huachicol, explica, dejó de ser un problema de seguridad y se convirtió en un problema social, económico y territorial.

Nueva etapa: millones de litros que ya no necesitan ductos

El salto más importante, reflexiona, ocurrió cuando el mercado negro encontró otra forma de abastecerse. Ya no era indispensable perforar un ducto dentro de México. La importación ilegal abrió una nueva ruta. Durante 2021 información que apuntaba a que 93% de determinados productos con etiquetados apócrifos habría ingresado por Tamaulipas. El dato colocó a la frontera norte en el centro de la historia.

Apunta que Tamaulipas no solo representa una zona de entrada, constituye un puente con el sector energético de Texas, uno de los principales centros de la industria de hidrocarburos de Estados Unidos (EU). El fenómeno, por tanto, adquirió una dimensión binacional. Y después, internacional.

En marzo de 2025, un buque tanque identificado como Challenge Procyon fue asegurado con 20.9 millones de litros de diésel. El caso ocurrió en un contexto en el que autoridades estadounidenses habían expresado preocupación por actividades relacionadas con comercio ilegal de combustibles.

El investigador recuerda que el Departamento del Tesoro de EU había señalado a grupos criminales mexicanos y actividades relacionadas con hidrocarburos. Autoridades estadounidenses habían identificado esquemas en los que crudo mexicano era trasladado a Texas, donde podía ser refinado, para después regresar parte de los productos derivados a México y comercializar otra parte en EU.

Según la información que revisó el investigador, la cadena podía alcanzar incluso otros mercados internacionales, incluidos países de Asia y África. El huachicol había dejado de ser un delito mexicano con consecuencias locales. Se había convertido en un negocio transnacional, lo que cambió la dimensión del problema.

El combustible ilegal necesita una red, no solo criminales

¿Cómo puede crecer un mercado de esta magnitud? La respuesta de León Sáez está en un concepto que usa el análisis académico de seguridad: los “actores grises”. Son personas que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad y que pueden proporcionar recursos esenciales para que funcione un mercado negro.

No necesariamente son quienes ejecutan directamente el robo. Pueden ser empresarios, funcionarios o personas con capacidad de facilitar trámites, logística, transporte, importaciones o protección. El investigador los describe como “extensores de red” y la diferencia es fundamental.

No es lo mismo que una persona robe combustible a que alguien con una posición estratégica dentro del Estado o de una empresa facilite que una red criminal opere a una escala mucho mayor. La corrupción de un actor pequeño puede generar un beneficio limitado, pero la participación de un actor con capacidad de decisión amplía exponencialmente la red.

Cuando el Estado tiene que investigarse a sí mismo

Para el académico de la IBERO, combatir a los operadores visibles no es suficiente porque México cuenta con sistemas capaces de generar inteligencia sobre actividades relacionadas con el contrabando y el combustible

El grupo de hackers “Guacamaya Leaks” refirió intercambios entre la Agencia Nacional de Aduanas de México, las Fuerzas Armadas y el SAT en los que advertían sobre cantidades inusuales de aceites que ingresaban al país. El problema, afirma, no necesariamente era la ausencia de información era qué ocurría después con ella.

Si las instituciones detectan una operación, pero existen personas dentro de las estructuras encargadas de combatirla que están involucradas o son susceptibles de ser cooptadas, el Estado enfrenta la paradoja de investigarse a sí mismo. León Sáez lo define como fenómeno de “cooptación criminal”.

Advierte que no necesariamente funciona únicamente mediante amenazas o violencia. Puede producirse mediante acuerdos beneficiosos entre actores e incluso puede ocurrir en dos direcciones: el criminal puede buscar al funcionario, pero un actor político o económico puede buscar el beneficio de la relación.

De los ductos a las aduanas

La evolución del huachicol obliga a mirar a las instituciones que controlan las fronteras. León Sáez señala que durante el gobierno de López Obrador las Fuerzas Armadas adquirieron responsabilidades en áreas como las aduanas.

El investigador considera que esa participación puede generar un problema adicional porque al colocar a instituciones militares en sectores donde circulan enormes cantidades de dinero, se incrementa su exposición a la corrupción.

El dato que destaca es el volumen de las importaciones: “alrededor de 9 mil millones de dólares en diésel durante el obradorismo”, de acuerdo con sus investigaciones, todavía sin incluir el cálculo correspondiente a las gasolinas.

Para León Sáez, la cuestión es quién puede ser auditado, vigilado y responsabilizado eficazmente cuando existe corrupción. Menciona que cambiar de una institución civil a una militar no elimina automáticamente el problema, por el contrario, puede volverlo más difícil de monitorear.

¿Cuánto pierde Pemex?

Hay otro problema: “no siempre se sabe con precisión cuánto combustible se pierde”. El analista explica que para calcular las pérdidas de Pemex sería necesario conocer la “pérdida volumétrica”: cuánto combustible entra al sistema, cuánto se procesa, cuánto se envía a las refinerías, cuánto llega a las terminales de almacenamiento y cuánto debería quedar disponible.

Señala que Pemex ha enfrentado dificultades para medir exactamente esos volúmenes. Recuerda incluso discrepancias entre cifras presentadas en distintos momentos por funcionarios y legisladores. Si una institución no puede determinar con precisión cuánto producto pierde, resulta más difícil conocer el tamaño real del mercado ilegal y una política eficaz para combatirlo.

Para el Mtro. León Sáez, la solución tampoco consiste en aumentar el número de detenciones. El mercado tiene una característica propia de cualquier cadena de suministro: si existe demanda, alguien intentará satisfacerla. Por eso propone concentrar esfuerzos en los “actores grises” más poderosos.

Funcionarios con capacidad de decisión, empresarios con recursos y personas capaces de conectar las distintas partes de la cadena pueden tener una influencia mucho mayor que quienes aparecen en el último eslabón. Atacar esos nodos permitiría, en teoría, reducir la capacidad de expansión de las redes criminales.

El investigador plantea que no existe una solución única y otra alternativa más difícil sería eliminar el IEPS para reducir uno de los principales incentivos económicos de la importación ilegal, pero este impuesto representa ingresos para las finanzas públicas en un contexto de fuertes presiones presupuestarias. Considera que la solución tendría que ser múltiple.

El nuevo mapa del huachicol

Hoy el huachicol comienza con una operación de importación, pasa por una aduana, incorpora documentos falsos, usar infraestructura empresarial, llega a una estación de servicio y termina en el tanque de un auto o camión.  En ese recorrido, participan actores legales, ilegales y grises. León Sáez sostiene que el problema ya no puede entenderse exclusivamente como robo de combustible.

“Es un mercado porque tiene productores, intermediarios, transportistas, vendedores y consumidores. Tiene incentivos económicos, territorios estratégicos, redes de protección y una demanda que permanece”, expone.

Mientras el problema estaba concentrado en tomas clandestinas dentro de México, podía ser tratado como asunto de seguridad interna, pero cuando el combustible ilegal cruzó la frontera, se introdujo en cadenas comerciales internacionales y afectó intereses energéticos de EU, se convirtió en un problema bilateral.

León Sáez considera que México necesita fortalecer la cooperación con EU, incluso mediante un marco de seguridad de América del Norte que permita atender problemas comunes, pero advierte que la cooperación internacional no debe utilizarse como sustituto de la responsabilidad mexicana.

Desde su perspectiva, la cooptación criminal ya representa una vulnerabilidad para la soberanía. Si una organización criminal puede influir en funcionarios, penetrar instituciones, controlar territorios y usar infraestructura legal para operar un mercado internacional, el problema ya no consiste únicamente en combatir a delincuentes sino en recuperar la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias reglas.

La respuesta, plantea, tendría que combinar inteligencia financiera, vigilancia aduanera, capacidad de medición de Pemex, investigación de corrupción, persecución de los actores que amplían las redes y atención a las condiciones sociales de los territorios donde el mercado ilegal encuentra mano de obra y legitimidad.