Pese a cambios de gobierno, México sigue sin cumplir sentencia de la CIDH por caso Atenco, critica especialista en IBERO

• La falta de avances, advirtieron, no responde a vacíos legales, sino a la persistencia de estructuras de poder que protegen la impunidad
• Experto y defensor del SUJ explica qué herramientas tiene el Estado Mexicano para ejecutar la sentencia; denuncia falta de voluntad

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México marcó un precedente en la región al reconocer la responsabilidad del Estado mexicano por la detención arbitraria, tortura física, psicológica y sexual contra 11 mujeres durante los operativos policiales del 3 y 4 de mayo de 2006. El fallo no sólo acreditó la violencia sexual como una forma de tortura con componente de género, sino que ordenó medidas concretas: investigar y sancionar a los responsables, incluyendo la cadena de mando, brindar atención médica y psicológica a las víctimas, realizar un acto público de reconocimiento, capacitar a las fuerzas policiales y fortalecer mecanismos para prevenir y sancionar la tortura sexual.

Sin embargo, a casi dos décadas de los hechos y más de ocho años de la sentencia, su cumplimiento sigue siendo parcial.

Para la abogada y especialista en Derechos Humanos Karina Fernández, esta falta de ejecución no es casual ni técnica, sino estructural. Durante su participación en un conversatorio organizado por la Universidad Iberoamericana en alianza con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), advirtió que el caso Atenco revela una constante en América Latina: la impunidad de las fuerzas de seguridad persiste incluso con cambios de gobierno.

“Pase lo que pase, transcurran los gobiernos que transcurran, la impunidad de los actores policiales permanece”, señaló, al subrayar que esto “deja en evidencia quiénes nos gobiernan” y los intereses que se protegen detrás de la falta de justicia.
Fernández también alertó sobre formas de negacionismo institucional que buscan justificar la violencia estatal bajo argumentos como el “orden público”, lo que, dijo, debilita el alcance transformador de la sentencia y perpetúa patrones de represión.

Desde el ámbito jurídico, Luis Tapia, abogado defensor y docente del Sistema Universitario Jesuita, sostuvo que el problema no radica en la falta de herramientas legales, sino en la ausencia de voluntad política para utilizarlas.

“El Estado mexicano tiene en su legislación penal vigente herramientas necesarias para investigar a los superiores jerárquicos responsables”, explicó.

Recordó que la propia sentencia de la CIDH obliga a investigar los vínculos entre autores materiales y mandos superiores, pero advirtió que la Fiscalía ha recurrido a figuras como la “complicidad correspectiva”, que puede diluir responsabilidades e impedir que las investigaciones escalen en la cadena de mando.

Tapia detalló que existen mecanismos tanto en el derecho penal internacional como en el Código Penal Federal mexicano, como la responsabilidad de mando, la coautoría, la emisión de órdenes y la comisión por omisión, que permitirían fincar responsabilidades a niveles altos de decisión. No obstante, insistió: “la deuda del Estado no es de marco normativo, sino de voluntad”.

A esta crítica se suman las voces de las propias sobrevivientes. Edith Rosales, víctima de tortura sexual en Atenco, cuestionó que las medidas ordenadas por la Corte, particularmente en materia de capacitación y supervisión policial, no se han materializado en la práctica.

Desde su experiencia, estos mecanismos “sólo existen en el papel”, mientras que las condiciones que permitieron la violencia en 2006 no han sido erradicadas.

Frente a ello, propuso la creación de un observatorio ciudadano independiente, ajeno al gobierno, que vigile el actuar de las fuerzas policiales y el cumplimiento de la sentencia, como una forma de romper con los ciclos de impunidad.