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PRENSA IBERO
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• Salvador Guerrero Navarro, director de la Clínica Jurídica de Refugiados de la IBERO, explica que tras la reforma de 2024 la carrera judicial ya solo llega al puesto de secretario • Advierte que el trabajo de fondo recae cada vez más en los secretarios, que tienen menos salario y menos responsabilidad formal que los jueces • Señala que los recortes por austeridad, la falta de personal y titulares sin experiencia técnica alargan los juicios • El Poder Judicialrecurre a mecanismos para despresurizar un sistema que está muy colapsado, afirma
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Reportero de la IBERO
Secretarios, actuarios y oficiales judiciales del Poder Judicial de la Federación (PJF) pararon labores desde la medianoche del viernes 6 de noviembre en al menos 17 estados. Exigen que se retire la Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026, que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) aplicará en diciembre.
Rechazan que solo 40% de la calificación dependa de conocimientos técnicos y que el 60% restante quede en manos de los titulares, muchos de ellos jueces y magistrados que llegaron por voto popular, mientras que el OAJ asegura que la prueba es "estrictamente diagnóstica" y que no busca despidos.
Para Salvador Guerrero Navarro, director de la Clínica Jurídica de Refugiados de la Universidad Iberoamericana (IBERO), lo que ocurre hoy no es un hecho aislado, sino la puesta en marcha de cambios que la reforma judicial de 2024 dejó pendientes. Además de llevar a las urnas la elección de jueces, aquella reforma reorganizó al Poder Judicial por dentro y creó el propio OAJ.
"Lo que estamos viendo ahora es la materialización de muchas disposiciones que estaban desde 2024, entre ellas cómo se va a hacer la carrera judicial", explicó el especialista.
La carrera judicial es el camino profesional que permite a una persona avanzar dentro de los tribunales mediante concursos y exámenes. Antes de la reforma, explicó, iniciaba como oficial y seguía como actuario, secretario adjunto, secretario, juez y, finalmente, magistrado.
"Formalmente la carrera judicial no se eliminó. Lo más grave que ocurrió es que el puesto máximo al que se puede acceder es el de secretario", señaló.
Los dos peldaños más altos, juez y magistrado, ahora se ocupan por elección.
A ello se suma otro cambio. Antes, el entonces Consejo de la Judicatura podía enviar a un juez de la Ciudad de México a Aguascalientes o a Tijuana para cubrir vacantes. Hoy, los jueces ganan su cargo en una circunscripción específica y ahí se quedan.
"De pronto hay vacantes que no se van a llenar hasta la siguiente elección", advirtió.
El especialista reconoció que en el servicio público hay un objetivo legítimo en evaluar de manera continua a quienes trabajan en las instituciones. "Mi opinión es que sí debería existir un mecanismo para poder evaluar a los funcionarios públicos", afirmó.
El problema, explicó, es el propósito. Antes, las evaluaciones servían para subir de nivel. Ahora, las y los trabajadores temen que funcionen "no como un mecanismo de promoción y acceso, sino como un mecanismo de control, para poder remover a las personas".
Aunque el OAJ ha dicho que esta primera ronda no tendrá consecuencias individuales, Guerrero Navarro dijo que la alerta de los trabajadores apunta a que, "eventualmente, estos mecanismos sirvan para ello".
Los secretarios son quienes sostienen el día a día de los juzgados: llevan el trámite de los procesos y proponen cómo resolver los juicios. Pero la decisión final corresponde al juez o al magistrado.
Guerrero Navarro recordó que desde 2024 especialistas advirtieron que, con jueces electos que no necesariamente vienen de la carrera judicial, la carga se trasladaría a los secretarios.
"Al parecer es uno de los riesgos que se están materializando: son estos secretarios, altamente capacitados, quienes están tomando esas decisiones, aunque no corresponde con su nivel de salario ni de responsabilidad", afirmó.
En muchos juzgados sin titular, añadió, son ellos quienes asumen el cargo de forma provisional.
El resultado es que hay cada vez menos incentivos para crecer en una carrera que ahora está recortada, porque subir de nivel "tal vez solamente se traduzca en mayor responsabilidad, sin necesariamente mejores condiciones laborales".
Para el director de la Clínica, el problema de fondo no se resuelve solo con preparación. "Algo que ha sido muy criticado de los últimos dos gobiernos ha sido la adopción de políticas pretextando el gasto que generan las instituciones públicas", dijo, en referencia a la política de austeridad.
Esos recortes, agregó, han reducido la calidad de los servicios en justicia, salud, seguridad y educación.
Recordó que el Poder Judicial de la Federación es solo la punta de una pirámide. La mayoría de los problemas cotidianos se atienden en tribunales locales, fiscalías y ministerios públicos, con años de falta de recursos y personal.
Desde la clínica de la IBERO, que acompaña a personas refugiadas, lo ven de primera mano: el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no alcanzan a atender a todas las personas, y cuando estas acuden a la CNDH o a los tribunales federales tampoco reciben respuesta a tiempo.
"Confío, y tenemos la impresión de que las personas que integran estas entidades son personas preparadas", subrayó.
Pero si a la falta de recursos materiales y humanos se suma que los titulares no tengan conocimiento técnico, "sí debilita la forma en que se presta el servicio".
Indicó que se ha detectado el aumento de las llamadas "prevenciones": cuando alguien presenta una demanda, el juzgado le pide corregir detalles de forma antes de admitirla, en lugar de que el juicio avance desde el primer minuto.
Puede deberse a cambios de criterio de los jueces, reconoció el Mtro. Guerrero Navarro, pero también refleja que el Poder Judicial no puede en 24 horas dar trámite a una demanda de amparo y recurre a estos mecanismos para despresurizar un sistema que está muy colapsado.
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