Mario Campos, Académico del Departamento de Comunicación, señala que el reto democrático es garantizar condiciones para el ejercicio periodístico, incluso frente a medios críticos
“Ningún gobernante está obligado a consumir un medio en particular, pero sí a generar las condiciones para que el periodismo pueda hacerse”, sostiene
Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en las que defendió su llamado a no ver TV Azteca al asegurar que se trató de una opinión personal y no un acto de censura, reabrió el debate sobre los alcances de la libertad de expresión cuando quien emite el mensaje ocupa un cargo de poder.
Para analizar el alcance del mensaje presidencial,
Mario Campos, conductor de “Radar” en IBERO 90.9 y Académico del
, explicó que una figura pública con autoridad institucional no comunica en las mismas condiciones que cualquier ciudadano.
“La Presidenta tiene derecho a que le guste un medio sobre otro en función de su línea editorial, como cualquier persona, pero cuando hablamos de figuras de autoridad, su palabra tiene un peso diferente”, señaló.
En entrevista con Prensa IBERO, planteó que una declaración emitida desde la Presidencia puede generar efectos indirectos más allá de la intención explícita del mensaje y puso como ejemplo la posible interpretación que puedan hacer actores económicos o institucionales.
“Pensemos cuál puede ser la lectura de un anunciante que escucha que la Presidenta de la República está diciendo que ese medio no le gusta y las posibles implicaciones que puede tener hacer una pauta de inversión en ese medio”, explicó.
También señaló que existe una dimensión institucional que debe considerarse, dado que distintos organismos del Estado mantienen una relación regulatoria o administrativa con los medios de comunicación.
“Es difícil suponer que ninguno de sus colaboradores está tomando nota de lo que la Presidenta expresa y que pudiera ejercer algún tipo de acción contra ese medio”, comentó.
Desde su perspectiva, el debate no debe centrarse únicamente en si existe o no una medida formal de censura, sino en los efectos simbólicos y políticos que puede generar una declaración desde el poder público.
Sobre los alcances legales, el especialista de nuestra casa de estudios consideró que será importante observar si existen consecuencias materiales derivadas de este tipo de posicionamientos, por ejemplo, en ámbitos como la asignación de publicidad oficial.
“México tiene antecedentes de uso discrecional de recursos públicos. La pregunta es si decisiones posteriores pueden o no estar influidas por posiciones políticas”, apuntó.
Por otra parte, Mario Campos añadió que el contexto mexicano exige especial cuidado debido a que el ejercicio periodístico continúa enfrentando riesgos.
Recordó que organizaciones especializadas han documentado distintas formas de presión hacia periodistas y medios, desde agresiones directas hasta mecanismos que dificultan el acceso a la información pública.
“Ningún gobernante está obligado a consumir un medio en particular, pero sí está obligado a generar las condiciones para que el periodismo pueda hacerse”, sostuvo.
Indicó que la relación entre gobierno y medios debe sostenerse sobre un principio básico: que el periodismo pueda ser crítico mientras esté sustentado en hechos verificables y que sean las audiencias quienes decidan qué contenidos consumir.
“El periodismo puede y debe ser crítico. Mientras esté basado en hechos, es legítimo; y corresponde a las audiencias decidir si lo consumen o no”, concluyó.
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