Podría interesarte
PRENSA IBERO
PRENSA IBERO
• Los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias entrarán en vigor a finales de septiembre y crean mecanismos para presentar quejas ante medios de radio y televisión • Especialistas plantearon que la ambigüedad sobre la “veracidad”, las sanciones y ciertas facultades regulatorias podrían generar controversias ante tribunales
AUTOR
Jefa de Prensa de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: mariana.dominguez@ibero.mx

Proteger los derechos de las audiencias sin convertir esa tutela en un mecanismo de censura, presión o interferencia sobre las decisiones editoriales será uno de los principales retos de la nueva regulación de radio y televisión en México, señalaron especialistas en derecho, telecomunicaciones y medios reunidos en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
La discusión cobra especial relevancia ante la entrada en vigor de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, publicados el 28 de agosto. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sostiene que las disposiciones no le permiten calificar contenidos ni decidir qué información es verdadera o falsa y que su función será vigilar que las audiencias puedan presentar quejas y recibir respuesta.
Durante la mesa “Regulación de medios y ecosistemas informativos”, especialistas coincidieron en que uno de los puntos que requerirá especial cuidado será la interpretación del concepto de veracidad.
La Mtra. María Audry, moderadora del encuentro, colocó desde el inicio la tensión que atravesó toda la discusión: cómo proteger los derechos de las audiencias sin afectar la libertad de expresión ni la libertad editorial de los medios.

El abogado Luis Asali Harfuch sostuvo que una información veraz no equivale necesariamente a una información cuya verdad pueda probarse de manera absoluta después de su publicación.
“Veraz no es igual a verdadero”.
Explicó que el criterio debería centrarse en determinar si el trabajo periodístico se realizó con diligencia, responsabilidad y elementos suficientes para sustentar lo publicado en ese momento, y advirtió sobre el riesgo de que una autoridad termine evaluando los criterios editoriales contenidos en los códigos de ética de los medios.
También planteó fortalecer la autonomía del organismo encargado de aplicar la regulación y evitar que pueda convertirse en una instancia que “censure, califique, corrija o critique contenidos”.

El abogado especializado en telecomunicaciones Sebastián Somohano Montero reconoció aspectos positivos de los nuevos lineamientos, como distinguir información de opinión, identificar publicidad y garantizar mecanismos de réplica.
Sin embargo, señaló que será necesario observar cómo se aplican las facultades de la autoridad frente a los concesionarios. En particular, consideró delicada la posibilidad de suspender temporalmente transmisiones bajo determinados supuestos y anticipó que algunos alcances de la regulación podrían terminar siendo definidos por tribunales federales y la Suprema Corte.

La abogada Raquel Chaqueño llevó la discusión al terreno práctico a partir de casos de periodistas y medios que ha acompañado frente al llamado acoso judicial, entendido como el uso desproporcionado de demandas, denuncias y procedimientos para inhibir o silenciar el trabajo periodístico.
Relató procesos relacionados con Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y advirtió que los litigios por daño moral pueden prolongarse entre tres y seis años, consumiendo tiempo y recursos que de otro modo serían destinados al reporteo y la investigación.

“No hay que permitir que haya una regulación que quede en la duda, porque eso abre la puerta a la sanción”, señaló al defender mecanismos previos como el derecho de réplica, la capacitación y la autorregulación periodística.
Desde la práctica editorial, Guillermo Silva Aguilar, director jurídico de Heraldo Media Group, recordó que los medios necesariamente seleccionan, jerarquizan y contextualizan información. Esa tarea, sostuvo, forma parte de su línea editorial y de su responsabilidad en la construcción de una opinión pública informada.

La mesa formó parte del seminario “Derecho y comunicación en la era digital: plataformas, libertades y democracia”, organizado con participación de la IBERO, la Academia Mexicana de la Comunicación, el Consejo General de la Abogacía Mexicana y El Universal.
El desafío, coincidieron las y los participantes, no será únicamente contar con reglas para las audiencias, sino evitar que su aplicación termine generando aquello que pretende prevenir: menos información disponible y periodistas que piensen dos veces antes de publicar por temor a una sanción o un litigio.
Las opiniones y puntos de vista vertidos en este comunicado son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de la Universidad Iberoamericana.
Para mayor información sobre este comunicado llamar a los teléfonos: (55) 59 50 40 00, Ext. 7594, 7759 Comunicación Institucional de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Prol. Paseo de la Reforma 880, edificio F, 1er piso, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219