PRENSA IBERO
AUTOR
Mariana Domínguez Batis
La iniciativa de Ley de Rentas Justas que el Gobierno de la Ciudad de México prevé enviar al Congreso local en estos días llega en un momento clave: a meses del Mundial 2026, cuando la presión sobre el mercado de vivienda podría intensificarse debido a la alta oferta de vivienda de corto plazo y falta de vivienda asequible.
Para la Mtra. Daniela Sánchez, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda de la Universidad Iberoamericana, la propuesta puede contribuir a contener el encarecimiento del alquiler, pero no resolverá la crisis de fondo.
“La ley no va a solucionar la crisis porque es muy compleja y requiere muchas más acciones, pero sí puede mitigarla en alguna medida”, señaló.
Una medida que llega con la presión encima
Aunque aún no se conoce el contenido completo, la especialista consideró positivo que la iniciativa ponga en el centro la asequibilidad, especialmente en un contexto donde eventos como el Mundial pueden incidir en los precios.
“Este tipo de legislaciones deberían impulsarse de forma previa a eventos que pueden influir en el acceso a la vivienda”, explicó.
Si bien reconoció que la discusión ocurre antes del torneo, advirtió que la crisis no es nueva y se ha acumulado por años. “La crisis venía gestándose desde hace varios años, sólo que ahora tenemos un evento que la está intensificando”, dijo.
Asequibilidad y equilibrio pendiente
Sánchez subrayó que uno de los avances sería equilibrar la relación entre arrendadores y arrendatarios, ya que el marco actual favorece a los primeros.
“El Código Civil no tiene garantías tan fuertes para los arrendatarios como sí para los arrendadores”, apuntó.
Además, consideró que, si se establecen controles sobre precios y condiciones de contratación, la ley podría mitigar fenómenos como la gentrificación “si hay mayor control en precios y garantías para el cumplimiento”.
Faltan datos y políticas complementarias
La académica alertó sobre la falta de información oficial para dimensionar el problema, particularmente en torno a desplazamientos.
“No sabemos cuántas infancias han sido desplazadas ni cómo se afecta su derecho a la vivienda o a la educación, por ejemplo”, expuso.
También señaló la ausencia de políticas públicas que acompañen la regulación, como alternativas de vivienda para personas desalojadas.
“Gran parte de los problemas a los que nos enfrentamos es por creer que la vivienda es un bien para lucrar. La realidad es que es un derecho que satisface una necesidad básica”, enfatizó.
El reto más allá del Mundial
Para la profesora, la iniciativa abre un debate necesario sobre el papel del Estado en el acceso a la vivienda, pero su alcance dependerá de medidas adicionales.
Frente al Mundial y la presión inmobiliaria, la regulación puede ser un primer paso. El desafío, advirtió, es evitar que el evento acelere un problema que la ciudad arrastra desde hace años.