¿México retrocede en cobertura de salud? Casi mitad de la población no sabe dónde atenderse cuando enferma, especialista IBERO

Pese a estos avances, la consultora independiente en farmacoeconomía señaló que uno de los principales pendientes está en la manera en que se financia la atención médica.

La académica explicó que, de acuerdo con las cuentas nacionales de salud y los indicadores internacionales que ha analizado, aproximadamente la mitad de lo que se gasta en salud en México proviene directamente del bolsillo de las familias.

Esto tiene consecuencias especialmente fuertes para quienes trabajan sin prestaciones. Una enfermedad no sólo representa el costo de consultas, medicamentos, estudios u hospitalización: también puede significar dejar de percibir el ingreso cotidiano.

El impacto puede ser todavía mayor ante un accidente, una enfermedad terminal o una condición que requiera hospitalización y cuidados intensivos. Son los llamados gastos catastróficos en salud, capaces de comprometer el patrimonio completo de una familia.

La Dra. Luna Ruiz señaló que, pese a que han transcurrido más de tres décadas desde que comenzaron a caracterizarse estos problemas, la composición del gasto sanitario en México no ha cambiado sustancialmente.

Seguro Popular buscaba reducir gasto de bolsillo

Ante esta situación, recordó que a partir de 2003 comenzó a diseñarse el Seguro Popular, cuya lógica era precisamente disminuir la carga económica que enfrentaban las familias al enfermar.

Explicó que aquel esquema tenía una ingeniería institucional diferente a la actual y permitió ampliar la percepción de cobertura entre la población. Uno de sus problemas, sin embargo, fue la descentralización de los recursos. Hacia la mitad del ejercicio presupuestal, algunos estados enfrentaban dificultades para contar con dinero suficiente para medicamentos, insumos y determinados pagos de personal.

Al mismo tiempo, el modelo abrió la posibilidad de que las instituciones intercambiaran o subrogaran servicios de salud, con el propósito de aprovechar mejor los recursos disponibles.

Uno de los resultados señalados por la especialista es que el porcentaje de personas que manifestaban no tener un servicio específico de salud al cual acudir llegó a ubicarse alrededor de 21%. La cobertura anunciada como universal, aclaró, incluía un componente de credencialización, por lo que contar con afiliación no necesariamente significaba disponer de un hospital o centro de salud cercano donde recibir atención.

Tras su desaparición, crece la población sin dónde acudir

La eliminación del Seguro Popular modificó nuevamente el panorama. De acuerdo con el indicador más reciente referido por la académica, alrededor de 43% de las personas afirma actualmente no tener algún tipo de aseguramiento ni identificar dónde acudir cuando presenta un problema de salud.

Esto representa más del doble del porcentaje que se registraba cuando el Seguro Popular estaba vigente.

Para la especialista, el dato resulta relevante porque México enfrenta una población que tiende a aplazar la atención médica. Postergar una consulta puede convertir un problema que inicialmente requería una intervención relativamente sencilla en una condición de mayor gravedad y costo.

México gasta menos de lo recomendado

Otro de los puntos señalados por la académica es el nivel de inversión pública en salud. La Dra. Luna Ruiz sostuvo que el gobierno mexicano destina menos de 3% del PIB al sector, mientras que la recomendación internacional que refiere ubica el gasto sanitario total en un rango de entre 7 y 9% del PIB.

El desafío, por tanto, no se limita a contar con una credencial o estar registrado en algún esquema de atención. Implica garantizar que, cuando una persona enferme, exista una puerta a la que pueda acudir sin que atenderse represente para ella y su familia el riesgo de perder sus ingresos o su patrimonio.

Para la especialista de la IBERO, reducir el gasto de bolsillo y recuperar mecanismos efectivos de acceso son elementos centrales para evitar que una enfermedad se convierta también en una crisis económica familiar.