PRENSA IBERO
• El Dr. Diego García Ricci señala que el reto no sólo está en transparentar más información, sino en definir quién la administra, con qué criterios y qué tan independiente es del poder político • Tras la desaparición del INAI, advierte que fallas en la Plataforma Nacional de Transparencia desalentaron la participación ciudadana y limitaron el acceso a información de interés público
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: luis.reyes@ibero.mx
El nuevo decreto de transparencia anunciado por el Gobierno federal plantea ampliar las obligaciones de transparencia proactiva y establecer la publicación mensual de información sobre el desempeño de empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El objetivo es reducir espacios de opacidad y fortalecer las herramientas para combatir la corrupción.
Para el Dr. Diego García Ricci, académico de la
Señaló que, con la publicación del decreto, pareciera reconocerse que no se estaban cumpliendo de forma suficiente las obligaciones de transparencia proactiva, por lo que la medida puede percibirse como una respuesta ante la opacidad que se había generado con información que estaba siendo clasificada como reservada.
En entrevista con Prensa IBERO, explicó que, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quedó pendiente una supervisión efectiva de la Plataforma Nacional de Transparencia.
De acuerdo con el académico, la plataforma dejó de publicar información con la periodicidad con la que venía funcionando, situación que comenzó a generar desencanto entre la ciudadanía.
Detalló que cuando las solicitudes de información no podían tramitarse porque la página no funcionaba o porque los datos ya no estaban disponibles, el interés por usar estas herramientas también disminuyó.
Como consecuencia, explicó, comenzaron a descender los recursos de revisión, una señal de que la ciudadanía estaba dejando de insistir ante posibles obstáculos para obtener información pública.
“El interés ciudadano no solo se limita a Pemex y CFE”, señaló, al recordar que existen preguntas sobre asuntos concretos de interés público, como cuánto se cobró a la FIFA por utilizar el Castillo de Chapultepec o cuánto ha gastado el Gobierno en operaciones relacionadas con el IVA.
Para García Ricci, una política de transparencia necesita reglas claras, criterios verificables, capacidad de revisión y mecanismos que eviten que una sola autoridad concentre demasiadas facultades sobre el acceso a la información.
Consideró que la verdadera prueba del nuevo decreto será determinar qué tan sencillo será para una persona, periodista, investigador u organización de la sociedad civil cuestionar al Estado cuando considere que la información fue incompleta, clasificada indebidamente como reservada o manejada bajo criterios discrecionales.
El académico sostuvo que la información pública debe poder ser contrastada, cuestionada y fiscalizada sin que quien concentra el poder tenga también la última palabra sobre aquello que puede conocerse o discutirse.
En ese sentido, el desafío no será únicamente publicar más datos, sino garantizar que esos datos puedan ser consultados, revisados y cuestionados por la sociedad.
La transparencia, explicó, pierde buena parte de su sentido si la ciudadanía tiene información disponible en el papel, pero carece de mecanismos efectivos para exigirla, revisarla o impugnar las decisiones de la autoridad.
El reto para el nuevo modelo será, dijo, demostrar que la transparencia no depende de la voluntad de la autoridad en turno, sino de instituciones y procedimientos capaces de garantizar que la ciudadanía pueda mirar al poder, cuestionarlo y, cuando sea necesario, exigirle cuentas.
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