12 DE JUNIO DE 2026
• Verónica Ramírez, del Programa de Derechos Humanos de la IBERO, advierte que el Estado mexicano no puede utilizar un evento internacional como pretexto para restringir derechos como la libre manifestación, la libertad de expresión o la defensa jurídica
PRENSA IBERO
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Jefa de Prensa de la Dirección de Comunicación Institucional
Tras las movilizaciones registradas durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, Verónica Ramírez, integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, advirtió que los operativos desplegados en torno al evento enviaron una señal preocupante sobre la prioridad otorgada a la imagen pública frente al ejercicio de derechos fundamentales.
La especialista consideró que, si bien el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad durante eventos masivos, las acciones observadas alrededor de las manifestaciones de familias buscadoras evidenciaron una lógica de contención más que de protección.
“En contextos de alta visibilidad internacional están privilegiando la imagen pública al libre ejercicio de derechos”, afirmó.
Ramírez explicó que en las movilizaciones de familias buscadoras no se registraron detenciones arbitrarias de integrantes de estos colectivos; sin embargo, sí hubo acciones que resultan preocupantes desde una perspectiva de derechos humanos.
Entre ellas mencionó el encapsulamiento de contingentes y la imposibilidad de avanzar hacia determinados puntos, pese a que las autoridades habían señalado previamente que se respetaría el derecho a la protesta fuera de los perímetros de seguridad establecidos.
La especialista sostuvo que existe una diferencia clara entre implementar medidas de seguridad y restringir derechos fundamentales.
“Observamos que la intención no fue propiamente cuidar, sino contener y reprimir, porque hubo una marcada desproporción entre los elementos de seguridad desplegados frente a la cantidad de personas en la movilización, que además habían señalado su intención de manifestarse pacíficamente”, explicó.
Añadió que la criminalización de la protesta puede manifestarse de diversas formas, desde mecanismos menos visibles para dificultar la llegada de personas a una movilización, hasta prácticas más graves como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza o restricciones al acceso a la defensa jurídica.
Ramírez destacó que resulta especialmente preocupante cuando las restricciones recaen sobre grupos como las familias buscadoras o los movimientos estudiantiles, debido al papel histórico que han desempeñado en la denuncia de violaciones a derechos humanos y en la exigencia de rendición de cuentas.
“Han sido grupos sociales que han sostenido la exigencia de verdad y justicia”, señaló.
En el caso de las familias buscadoras, recordó que muchas han asumido tareas que corresponden al propio Estado, como la búsqueda de personas desaparecidas, ante la insuficiencia de las respuestas institucionales.
Por ello, limitar su derecho a la protesta puede traducirse en nuevas formas de violencia y revictimización para quienes continúan exigiendo información sobre el paradero de sus seres queridos.
La especialista enfatizó que la organización de un evento de alcance global no exime al Estado mexicano de cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Recordó que los estándares internacionales establecen que las autoridades no sólo deben permitir las manifestaciones públicas, sino también garantizar la seguridad e integridad de quienes participan en ellas y de quienes realizan labores de documentación periodística.
“El Estado mexicano no puede usar como pretexto un evento como el Mundial para implementar un estado de excepción y cometer violaciones a derechos humanos”, concluyó.
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