Ley de Economía Circular: ¿quién asumirá el costo de la transición en México?

La legislación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2026 y busca extender la vida útil de los productos, reducir residuos y recuperar materiales, además de introducir la responsabilidad extendida del productor, mediante la cual quienes producen o importan determinados bienes deben asumir responsabilidades sobre su ciclo de vida.

No basta con reciclar

Durante el encuentro “Economía circular: retos y oportunidades para México”, moderado por la Mtra. Raquel Uribe Castañeda, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, y señalar que moderó el encuentro. el Dr. Iván Escoto Mora, académico del Departamento de Derecho, planteó que la economía circular implica algo más profundo que reciclar.

El objetivo, explicó, es evitar que los productos se conviertan rápidamente en desechos: repararlos, reutilizarlos, darles mantenimiento, redistribuirlos o remanufacturarlos antes de recurrir al reciclaje, que también consume energía, agua y recursos.

“No queremos reciclar, queremos reutilizar, reparar, reusar”, resumió.

Uno de los cambios centrales de la nueva legislación es precisamente la responsabilidad extendida del productor. Escoto explicó que ya no bastará con fabricar o comercializar un bien: las empresas deberán considerar qué ocurre con él durante todo su ciclo de vida.

El reglamento y los estados, entre los pendientes

La ley estableció un plazo de 180 días naturales para que el Ejecutivo federal expidiera su reglamento y el mismo periodo para que los congresos locales armonizaran sus legislaciones.

Durante el panel se señaló que el reglamento todavía no había sido publicado y que la implementación avanzaba de manera desigual entre las entidades. Camarillo sostuvo que la participación de los estados y municipios será decisiva para llevar la legislación a la práctica.

También adelantó que desde la Comisión se analizan propuestas para generar incentivos a empresas que adopten estrategias de economía circular, además de incorporar el tema desde la educación básica.

“No todo es la ley”: el reto de llevarla a cada región

Rubén León, egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública de la IBERO y especialista en asuntos ambientales, planteó que el desafío no termina en la legislación, sino que pasa por construir políticas públicas capaces de responder a las características económicas de cada región.

León destacó que una política de economía circular no puede aplicarse de manera idéntica en todo el país: las necesidades de una entidad con fuerte presencia minera, por ejemplo, son distintas de las de regiones donde predominan industrias como la cementera o la producción de plásticos. Por ello, consideró necesario generar evidencia sobre cómo operan los ciclos productivos y de residuos en cada territorio.

También señaló que los acuerdos para implementar la responsabilidad extendida del productor serán decisivos para precisar qué corresponde hacer a cada industria, cuánto material deberá recuperarse y cómo deberá reincorporarse a las cadenas de valor.

¿Quién pagará la transición?

Escoto planteó varios riesgos que deberán resolverse durante la implementación: cómo reconvertir rellenos sanitarios en municipios sin infraestructura suficiente; cómo evitar que los mecanismos de compensación ambiental permitan sustituir cambios reales por instrumentos financieros; y cómo distribuir las obligaciones entre grandes empresas, pymes y consumidores.

La legislación prevé que los rellenos sanitarios autorizados inicien un proceso progresivo de reconversión dentro de un plazo de cinco años, con posibilidad de prórrogas en casos específicos.

Para el académico, otro desafío será no reducir la transición a multas y sanciones, especialmente para los pequeños negocios. Al cierre del encuentro planteó la necesidad de una lógica más colaborativa y de mecanismos diferenciados para las pymes.

Camarillo coincidió en que la economía circular funcionará cuando deje de verse únicamente como un costo ambiental y sea entendida también como una estrategia de competitividad. “Va a funcionar cuando las empresas dejen de verla como un costo ambiental y de verdad comiencen a verla como una estrategia de competitividad”, afirmó.

El senador invitó además a la IBERO a participar en un Observatorio de Economía Circular que busca reunir información sobre la implementación de estas políticas y generar propuestas desde universidades, sector empresarial y gobierno.

La discusión deja una pregunta que acompañará la aplicación de la nueva ley: cómo pasar de un modelo basado en extraer, producir, consumir y desechar a otro capaz de conservar el valor de los materiales sin trasladar todos los costos de la transición a municipios, pequeñas empresas o consumidores.