Juzgados saturados y atrapados en formalismos se alejan de proteger derechos humanos: Especialista IBERO
• El abogado de la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la IBERO, Mtro. Luis Xavier Carrancá, plantea reducir las barreras procesales para que el juicio de amparo vuelva a ser un medio para proteger derechos y no un fin en sí mismo
• Afirma que la sobrecarga de expedientes y la curva de aprendizaje tras la reforma judicial pueden llevar a los juzgados a privilegiar resoluciones rápidas antes que el análisis de fondo de los casos
El sistema de justicia enfrenta un problema que va más allá de la corrupción. Un diseño procesal que puede convertir los procedimientos y formalismos en obstáculos para que las personas obtengan una respuesta de fondo sobre sus derechos.
Así lo señaló el Mtro. Luis Xavier Carrancá, abogado de la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana (IBERO), al analizar las fallas que persisten en el sistema de justicia y, particularmente, en los juicios de amparo.
Desde su perspectiva, uno de los principales problemas es que
existen numerosas barreras legales y tecnicismos
que permiten que un asunto termine antes de que una jueza o un juez determine si hubo o no una violación de derechos.
“Gran parte de los casos de amparo se pierden antes, o se caen antes o se acaban antes, por tecnicismos judiciales, por legalismos”, explicó.
Indicó que el resultado es que la discusión sobre lo verdaderamente importante —si una persona tiene un derecho, si éste fue vulnerado y si debe ser protegida— puede quedar desplazada por cuestiones formales.
Una justicia que procesa expedientes como si fuera una máquina
Para el Mtro. Carrancá, esta situación se agrava por la “sobrecarga procesal” que enfrentan actualmente los órganos jurisdiccionales.
El abogado reconoció que existe una “curva de aprendizaje” derivada de los cambios recientes en el sistema de justicia y que, además, se acumularon expedientes durante periodos de huelgas, movilizaciones y otros conflictos dentro del Poder Judicial.
En este contexto, dijo que quienes juzgan pueden sentirse rebasados por la cantidad de asuntos que deben resolver.
“Hay una sobrecarga procesal que les obliga a procesar los casos de las personas como si fuera una máquina de justicia y no tanto un órgano de protección de las personas”, sostuvo.
El problema, advirtió, es que un sistema saturado puede generar incentivos para resolver rápidamente una gran cantidad de expedientes, incluso mediante recursos procesales que eviten llegar al análisis de fondo.
La consecuencia no es menor para quienes buscan resolver sus casos mediante sentencias. Refirió que una persona puede atravesar todo un procedimiento judicial y terminar sin una respuesta sobre el derecho que buscaba proteger.
Curva de aprendizaje no debe convertirse en barrera
Asimismo, consideró necesario reconocer que actualmente existe un proceso de aprendizaje dentro de los órganos de justicia, pero también llamó a no idealizar el sistema que existía antes de la reforma judicial.
A su juicio, muchas de las dificultades actuales —los formalismos, la rigurosidad y los obstáculos para llegar a una sentencia de fondo— no surgieron con la reforma, sino que forman parte de problemas que ya estaban presentes.
Por ello, señaló que el reto no debería limitarse a cambiar quiénes integran los órganos judiciales, sino a transformar la manera en que las personas acceden a la justicia y reciben respuesta frente a una posible violación de derechos.
“Realmente no se ha buscado un cambio en la forma en la cual la persona puede acceder a la justicia”, apuntó.
Menos trampas procesales y más sentencias de fondo
Frente a este escenario, el abogado de la Clínica Jurídica Alaíde Foppa planteó flexibilizar el juicio de amparo y disminuir los formalismos procesales que permiten que los asuntos sean desechados sin analizar los derechos involucrados.
La prioridad, dijo, debería invertirse: las sentencias que analicen el fondo de los casos tendrían que ser la regla y no la excepción.
El proceso judicial, expuso, debe entenderse como un “medio para alcanzar la justicia”, no como un fin en sí mismo.
Bajo esa lógica, una persona que presenta un amparo no debería ser vista únicamente como alguien obligado a superar una serie de obstáculos técnicos para “merecer” una sentencia.
El procedimiento, resumió, tendría que servir para que el órgano jurisdiccional conozca el problema, determine si existe una violación y, en su caso, ordene la protección correspondiente.
El desafío: que jueces y juezas puedan proteger derechos
Para el Mtro. Carrancá, la discusión sobre el sistema de justicia no debería quedarse atrapada en la disputa entre el Gobierno y el Poder Judicial sobre quién tiene la última palabra.
Precisó que el objetivo debe ser garantizar que la Constitución y los derechos que reconoce sean efectivos para todas las personas, no solamente para quienes cuentan con recursos, asesoría especializada o la posibilidad de superar correctamente todas las exigencias procesales.
La justicia, sostuvo, no puede depender de que una persona tenga “un buen abogado” capaz de sortear cada formalidad, por lo que mejorar los procesos implica también revisar las condiciones en las que trabajan jueces y juezas.
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