PRENSA IBERO
AUTOR
Jorge Luis Cortés
Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional
- Interrogatorios mal conducidos, falta de coordinación institucional y repetición de testimonios agravan el daño psicológico en menores durante los procesos judiciales, señala la Dra. Reyna Faride Peña Castillo
La normatividad y algunas prácticas que prevalecen ocasionan que niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual que denuncian ante las autoridades puedan ser sometidos y sometidas a niveles de “violencia brutales”, como el que una condena para el o la abusadora pueda tardar hasta cinco años en dictarse; por este motivo, es necesario adaptar el sistema de justicia mexicano para que los procesos de investigación y juicio ayuden a sanar, advirtió la Dra. Reyna Faride Peña Castillo, académica e investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán que también funge como docente del Diplomado en Actuación Psicojurídica en Casos de Maltrato Familiar y Victimización Sexual Infantil que imparte el Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana.
Peña Castillo fue una de las especialistas que participó en el evento académico realizado en la IBERO con el propósito de conmemorar los 75 años del Departamento de Psicología de esta institución. Durante su intervención, la especialista presentó los avances de la plataforma Tribunales Amigables, una herramienta tecnológica desarrollada por la Universidad Autónoma de Yucatán, la cual tiene como propósito facilitar el acceso a la justicia para menores en procesos judiciales.
Tribunales Amigables ofrece acompañamiento psicológico y actividades lúdicas para reducir la ansiedad y evitar la revictimización de menores.
Actualmente, criticó la ponente, entre las principales maneras de actuar erróneas se cuentan la contaminación y la realización de preguntas no apropiadas durante los interrogatorios; la demora en los procesos por falta de pruebas, y la repetición de narrativas que derivan en falsa memoria y dilación.
En caso de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, advirtió la Dra., al desconocimiento del problema y la confusión que provoca la revelación de un caso, se añaden situaciones como:
El desconocimiento sobre la sintomatología y efectos de las violencias graves
La multiplicidad de protocolos de actuación en casos de maltratos y abusos sexuales infantiles
La falta de coordinación entre áreas para asegurar un sistema de protección para las víctimas
La multiplicidad de agentes a los que puede dirigirse la persona que conoce un caso de abuso
La poca claridad que hay a lo largo del proceso
Todo lo anterior, agregó la experta, puede conllevar traumas, simulación o el síndrome de acomodación al abuso.
Para la investigadora, quien colabora con la IBERO en la elaboración de un manual que ayude a detectar el abuso sexual infantil (que será ocupado por alumnas y alumnos de Psicología en sus prácticas), las características de una correcta justicia son:
Homologada, con un estándar estrictamente profesional
Productiva, respondiendo al QUÉ, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE y QUIÉN
No Inmediata, que se aplique cuando la o el afectado esté preparado
Completa, profunda, detallada y no reiterativa
Personalizada, para adaptarse a las necesidades de la víctima
Preventiva
Sanadora, para externalizar el evento de forma sanadora
El Diplomado en Actuación Psicojurídica en Casos de Maltrato Familiar y Victimización Sexual Infantil, en el que participa la Dra. Reyna Faride Peña Castillo proporciona a las personas participantes los conocimientos teóricos y las competencias necesarias para intervenir, desde la psicología forense, en casos de maltrato familiar y victimización sexual infantil. Como parte del diplomado se analizan el marco jurídico relacionado con la intervención psicológica en casos de maltrato y victimización sexual de NNA, los conceptos y teorías relacionadas con la violencia familiar y la victimización sexual de NNA, y los elementos necesarios para la valoración del testimonio infantil, y para la elaboración y defensa del dictamen psicológico forense de NNA.
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El llamado de la Dra. Reyna Faride Peña Castillo coincide con una propuesta de Política Pública lanzada desde el Departamento de Derecho en 2024, la cual plantea una transformación estructural del sistema de justicia para garantizar procesos verdaderamente adaptados a niñas, niños y adolescentes en todos los tribunales del país. En primer lugar, se requiere que los poderes judiciales estatales reconozcan sus obligaciones en materia de acceso a la justicia para la infancia, particularmente la necesidad de adecuar los procedimientos para proteger su participación y evitar daños adicionales durante los procesos.
En segundo término, se propone la adopción de una metodología integral —como la SAPCOV, ya implementada en Chihuahua con apoyo de UNICEF y la Suprema Corte— que establezca con claridad cómo deben ajustarse los procesos judiciales. Esto implica no solo cambios normativos, sino también transformaciones concretas: adecuación de espacios físicos, rediseño de procedimientos y la incorporación de personal especializado. Estas modificaciones deben implementarse de manera progresiva, mediante planes estratégicos que respondan a las capacidades y contextos de cada entidad.
Finalmente, la propuesta subraya que ninguna adaptación será efectiva sin una capacitación sólida del personal que interviene en los procesos judiciales. La formación continua, acompañada por especialistas, es clave para asegurar que los nuevos modelos se apliquen correctamente y no generen nuevas afectaciones. Todo ello debe desarrollarse con flexibilidad territorial, pero sin perder de vista los estándares más altos en la protección de los derechos de la infancia.