PRENSA IBERO
• El segundo informe del Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la IBERO documenta violencia letal en al menos 81 proyectos entre 2017 y 2024 • La agroindustria encabeza la lista, con 21 proyectos ligados a homicidios; le sigue el sector energético, con 20 • En los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla se concentran la mayoría de los casos • En Ayotitlán, zona de la mina Peña Colorada, registra 39 asesinatos y siete desapariciones desde 1996
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: luis.reyes@ibero.mx
Oponerse a una mina, un parque eólico o la tala de un bosque en México puede terminar en muerte o desaparición. Así lo muestra el informe “Entre el despojo y las apuestas por la vida: la maquinaria del extractivismo en México (2017-2024)”, del Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
El OCSA IBERO además identificó al menos 81 proyectos extractivos con un evento de violencia letal: 72 con asesinatos, 17 con desapariciones, tres con ejecuciones extrajudiciales y dos con desapariciones forzadas.
Por sector, el agroindustrial registra 21 proyectos con homicidios, dos con desapariciones y dos con ejecuciones extrajudiciales; el energético, 20 con homicidios y siete con desapariciones; el hídrico, 14 y seis, y el minero, 13 y seis.
Todas las categorías tienen registros. Para el OCSA IBERO, no son "hechos aislados ni excesos de actores particulares", sino "un repertorio articulado de prácticas" para asegurar el acceso a los recursos, sostenido por la impunidad de los responsables.
Al contar personas y no proyectos, el saldo de 2017 a 2024 es de 103 asesinadas, además de al menos cuatro ejecutadas extrajudicialmente y 24 desaparecidas. La mayoría de los casos ocurre en el sur y centro del país, en estados con fuerte presencia de pueblos indígenas y comunidades agrarias.
La defensora mixteca Irma Galindo denunció la tala clandestina del bosque de Atatlahuca, Oaxaca. En noviembre de 2019, su casa y otras diez de la comunidad fueron incendiadas en represalia.
Fue reportada como desaparecida. Días después reapareció y explicó que se había autoexiliado para protegerse. El 27 de octubre de 2021 volvió a desaparecer, y hasta hoy se desconoce su paradero.
En la Sierra de Manantlán, entre Jalisco y Colima, el consorcio Peña Colorada —administrado por Ternium y ArcelorMittal— extrae 4.1 millones de toneladas de hierro al año.
Higinio Trinidad de la Cruz fundó en 2009, con Celedonio Monroy Prudencio, la asociación Promejico Nueva Ruralidad Jalisco, ligada a la defensa del territorio y los derechos humanos de la comunidad nahua de Ayotitlán.
Celedonio desapareció en 2012. Higinio siguió en la lucha, fue desaparecido temporalmente y amenazado en julio de 2022, y el 24 de noviembre de 2023, tras ser convocado por el alcalde de Cuautitlán a una reunión en el ayuntamiento, un grupo armado se lo llevó. Su cuerpo apareció al día siguiente con huellas de violencia.
El 15 de enero de 2023 desaparecieron el defensor nahua Antonio Díaz Valencia y el abogado Ricardo Lagunes Gasca, quienes encabezaban un proceso legal contra Ternium. Tras una asamblea con representantes de la empresa, su camioneta fue interceptada y hallada después con impactos de bala. Más de tres años después, siguen sin aparecer.
El 4 de abril de 2023 desapareció Eustacio “Tacho” Alcalá, de San Juan Huitzontla; fue localizado muerto con signos de tortura. En 2018 había representado a su comunidad en un amparo para cancelar seis concesiones de filiales de Ternium y ArcelorMittal, que en 2022 logró la suspensión provisional.
El 19 de marzo de 2024 desapareció el maestro y defensor ambiental nahua José Gabriel Pelayo Zalgado, de Coahuayula, Chinicuila. Dos años después, no se sabe dónde está.
El informe OCSA IBERO advierte que el uso de armas, incluso de uso exclusivo del Ejército, apunta a una creciente participación del crimen organizado. El Estado, pese a tener elementos para investigar a actores con vínculos institucionales, "no ha dado resultados, ni reconoce el contexto de defensa en que ocurrieron estas agresiones".
Por ello, el OCSA IBERO insiste en nombrar a las víctimas: "Los números documentan la magnitud y permiten ver patrones; los nombres, en cambio, restituyen lo que los patrones no pueden contener".
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