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PRENSA IBERO
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• Mientras la Fiscalía General de la República reportó hallazgos en seis estados, las fiscalías locales documentaron 651 fosas clandestinas en 16 entidades del país, revela una investigación en la que participa el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana • Sonora encabeza los registros estatales con 204 fosas clandestinas, pero no aparece entre las entidades con hallazgos reportados por la FGR • Las fiscalías estatales también informaron de la recuperación de 833 cuerpos y 226 restos humanos durante 2025 • Once entidades no entregaron información útil para conocer la magnitud de los hallazgos, por lo que las cifras podrían estar subestimadas
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Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: jorge.cortes@ibero.mx

¿Cuántas fosas clandestinas se encontraron realmente en México durante 2025? La respuesta depende de qué autoridad proporcione los datos. Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) reportó únicamente 32 fosas clandestinas en seis estados, las fiscalías estatales registraron 651 hallazgos en 16 entidades, una diferencia de 619 fosas que exhibe las profundas inconsistencias de los registros oficiales sobre la crisis de desapariciones en México.
Así lo documenta el informe ¿Cuántas fosas clandestinas se encontraron en México en 2025? Lo que sabemos y los límites de lo que podemos conocer
La diferencia entre los registros es considerable: por cada fosa clandestina reportada por la FGR, las fiscalías estatales documentaron aproximadamente 20.
Sin embargo, esto no significa que las 619 fosas restantes hayan sido ocultadas deliberadamente por la autoridad federal. El informe señala que existen diferencias entre las fuentes de información y una falta de transparencia sobre cómo los hallazgos registrados por las fiscalías locales se reflejan en los datos federales.
De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, las 32 fosas clandestinas reportadas durante 2025 se distribuyeron en seis estados: Tamaulipas (15), Jalisco (6), Guerrero (5), Coahuila (3), Michoacán (2) e Hidalgo (1).
En contraste, las fiscalías estatales documentaron un panorama mucho más amplio.
Sonora encabezó los registros locales con 204 fosas clandestinas, casi una tercera parte de las 651 documentadas a nivel estatal. Le siguieron Chihuahua, con 85; Baja California Sur y Jalisco, con 71 cada uno; y Sinaloa, con 50.
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que Sonora, Chihuahua, Baja California Sur y Sinaloa sumaron 410 fosas clandestinas que no aparecen en los registros proporcionados por la FGR para 2025.
Las diferencias también se observaron en entidades donde ambas fuentes reportaron hallazgos.
En Jalisco, por ejemplo, la fiscalía estatal documentó 71 fosas, mientras que la FGR registró seis. En Michoacán, la diferencia fue de 28 frente a dos; y en Guerrero, de 19 frente a cinco.
Para las organizaciones responsables del estudio, estas inconsistencias evidencian la necesidad de examinar cómo se construyen los registros oficiales y qué información queda fuera de los recuentos nacionales.
El informe también permite identificar los territorios donde se concentra una parte importante de los hallazgos.
De las 651 fosas clandestinas reportadas por las fiscalías estatales, 630 contaban con información sobre el municipio donde fueron localizadas.
En total, se documentaron hallazgos en 96 municipios, aunque cinco concentraron el 42.1% de las fosas con ubicación municipal identificada.
Hermosillo, Sonora, encabezó la lista con 90 fosas clandestinas, seguido de La Paz, Baja California Sur, con 57; Casas Grandes, Chihuahua, con 46; Cajeme, Sonora, con 41; y Nogales, también en Sonora, con 31.
En Casas Grandes, Chihuahua, las autoridades documentaron un sitio conocido como La fosa de Willy, donde se localizaron 38 fosas clandestinas de las que fueron exhumados 89 cuerpos.
Otro de los casos destacados ocurrió en un predio ubicado sobre la carretera 26, al poniente de Hermosillo, Sonora.
Tras una alerta del colectivo Buscadoras Por la Paz Sonora, la fiscalía estatal confirmó la recuperación de 60 cuerpos distribuidos en 35 fosas clandestinas.
Estos casos reflejan tanto la gravedad de los hallazgos como el papel de los colectivos de familias buscadoras en la localización de personas desaparecidas.
Más allá del número de fosas clandestinas, el informe documenta la recuperación de 833 cuerpos en 15 entidades, de acuerdo con la información proporcionada por las fiscalías estatales.
Jalisco concentró la mayor cantidad, con 257 cuerpos, seguido de Sonora, con 239; Chihuahua, con 119; y Baja California Sur, con 96.
Sin embargo, los registros presentan importantes vacíos de información.
De los 833 cuerpos reportados, 487 correspondían a hombres y 59 a mujeres. En los 287 restantes, equivalentes a poco más de una tercera parte del total, no se proporcionó información sobre el sexo.
La investigación también documentó 226 restos humanos recuperados de fosas clandestinas en diez entidades, de los cuales 194 carecían de información sobre el sexo.
El informe advierte que el número de restos humanos no equivale necesariamente al número de víctimas, pues varios fragmentos pueden corresponder a una misma persona.
Esta limitación dificulta establecer cuántas personas fueron localizadas e identificadas a partir de los hallazgos.
Uno de los principales obstáculos identificados por la investigación es la falta de acceso a información pública.
Durante el proceso de documentación, 11 entidades no proporcionaron información útil para analizar los hallazgos de fosas clandestinas correspondientes a 2025.
Las respuestas institucionales fueron diversas.
Baja California reservó sus datos durante cinco años; Coahuila solicitó una prórroga y posteriormente no respondió; y Nayarit tampoco proporcionó información.
En Tamaulipas, la fiscalía indicó que entregaría los registros disponibles, pero no los adjuntó.
La Ciudad de México, por su parte, reconoció la existencia de fosas clandestinas, aunque argumentó que no contaba con el nivel de desagregación solicitado para proporcionar los datos.
Otras entidades remitieron a portales, estadísticas o informes que no permitieron recuperar información sistematizada sobre los hallazgos.
La investigación se realizó, además, en un contexto de transformaciones en el sistema de acceso a la información pública, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Las organizaciones identificaron diferencias en la calidad de las respuestas institucionales que afectaron la disponibilidad de información respecto de años anteriores.
Por ello, las 651 fosas documentadas por las fiscalías estatales no deben interpretarse como el número total de fosas clandestinas localizadas en México durante 2025, sino como los hallazgos que fue posible registrar a partir de las respuestas obtenidas.
El informe también plantea interrogantes sobre la evolución de los hallazgos en los últimos años.
De acuerdo con los registros de las fiscalías estatales, durante 2022 se documentaron 819 fosas clandestinas; en 2024, 786; y en 2025, 651.
Aunque las cifras muestran una disminución en los hallazgos reportados, la investigación advierte que los vacíos de información impiden interpretar esta tendencia como una reducción comprobada del fenómeno.
La diferencia entre las fuentes persiste. En 2024, mientras las fiscalías estatales reportaron 786 fosas clandestinas, la FGR registró únicamente 18. En 2025, las cifras fueron de 651 y 32, respectivamente.
Los medios de comunicación, por su parte, documentaron 433 fosas clandestinas durante 2025, lo que constituye una tercera fuente de información con diferencias importantes respecto de los registros oficiales.
Los recuentos de prensa tampoco pueden sumarse directamente a los institucionales, debido a que pueden referirse a los mismos hallazgos.
Ante este panorama, el informe señala que todavía no es posible determinar con certeza cuántas fosas clandestinas existen en el territorio nacional.
La investigación sitúa estos hallazgos en una crisis nacional de desapariciones que, al momento de su actualización, superaba las 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPNDO).
Detrás de cada registro existe una persona cuyo paradero se desconoce y una familia que enfrenta obstáculos para obtener respuestas.
El documento advierte que la insuficiencia de recursos e infraestructura, la escasez de personal capacitado y la ausencia de criterios homologados han generado un vacío institucional que obliga a las familias y colectivos a asumir labores de búsqueda e investigación que corresponden legalmente al Estado.
En Baja California Sur, por ejemplo, el colectivo Búsquedas x La Paz localizó 15 nuevas fosas clandestinas entre agosto y septiembre de 2025, en un tramo carretero entre La Paz y San Juan de la Costa. En ellas se encontraron 24 osamentas humanas.
Para el Programa de Derechos Humanos de la IBERO y las organizaciones participantes, la documentación de estos hallazgos permite dimensionar no sólo la violencia que atraviesa el país, sino también las limitaciones de las instituciones encargadas de registrar, investigar e identificar a las víctimas.
La pregunta central del informe permanece abierta: ¿cuántas fosas clandestinas existen realmente en México?
Las opiniones y puntos de vista vertidos en este comunicado son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de la Universidad Iberoamericana.
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