Experta IBERO advierte retos legales y financieros en servicio universal de salud

La especialista explicó que, si bien el decreto establece las bases para integrar servicios entre instituciones de salud, credencializar a la población y compartir expedientes clínicos electrónicos, no modifica las leyes que sostienen el sistema ni garantiza la permanencia de la política pública al no tratarse de una reforma legislativa.

Como ejemplo de las desigualdades actuales, planteó el caso de dos bebés con la misma enfermedad congénita: uno con acceso al tamiz neonatal ampliado gracias a la seguridad social de su familia y otro con un tamiz básico por carecer de ella.

"La diferencia no la decide la medicina, sino la condición laboral de los padres", señaló.

Destacó que el sistema de salud mexicano continúa fragmentado y con profundas diferencias en recursos. De acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), entre 2018 y 2024 el número de personas sin afiliación a servicios públicos de salud pasó de 22.2 a 47.7 millones, mientras que quienes cuentan con seguridad social disponen de más del doble de recursos que quienes dependen de IMSS-Bienestar.

Asimismo, advirtió que el intercambio de servicios entre instituciones enfrenta limitaciones legales, presupuestales y administrativas, además de interrogantes sobre la continuidad de tratamientos, la protección de datos personales y la coordinación entre subsistemas.

Para la Coordinadora de las Clínicas Jurídicas de la IBERO, la universalización de la salud no puede lograrse únicamente mediante un decreto, sino que requiere una planeación integral, reformas legales y una arquitectura financiera que coloque a las personas en el centro del sistema.

"Si aspiramos a un sistema verdaderamente universal, debe construirse con evidencia, participación de la academia y de la sociedad. De lo contrario, lo único que se conseguirá es credencializar la desigualdad", concluyó.