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PRENSA IBERO
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• Un análisis de 92 municipios y 28 estados encontró que donde hay más corrupción en el gobierno estatal, también hay más en el municipal • Hay municipios que no cuentan con sistemas contables ni reportes financieros estandarizados • Mayor escolaridad y más población económicamente activa se relacionan con finanzas más sanas, mientras que desempleo se asocia con finanzas más débiles • Los autores proponen más auditoría y transparencia, un reparto de recursos más equitativo y gobiernos locales mejor capacitados
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Reportero de la IBERO

La corrupción no se queda en un solo nivel de gobierno: baja. Esa es una de las conclusiones de la investigación The Effects of Corruption on Budgeting and Financial Management in Mexican Local Governments, de la Dra. Heidi Jane M. Smith, investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana (IBERO), y del Dr. Gabriel Purón-Cid, profesor del Departamento de Administración Pública del CIDE.
¿Qué le pasa al dinero público de un municipio cuando hay corrupción a su alrededor?
Por otro, la salud de las finanzas municipales. El estudio se presenta como un análisis de correlaciones, es decir, de qué cosas suelen aparecer juntas, sin afirmar que una provoque la otra. Aun así, sus hallazgos ayudan a entender por qué combatir la corrupción solo en el ayuntamiento puede quedarse corto.
El punto de partida de la investigación es un caso conocido. Durante el gobierno de Humberto Moreira Valdez en Coahuila (2005-2011), el estado acumuló una deuda de alrededor de 3 mil millones de dólares por mala gestión y corrupción.
Programas sociales y obras quedaron marcados por ineficiencias, costos inflados y, en algunos casos, fraude. El extesorero Héctor Villarreal consiguió préstamos de forma fraudulenta y desvió recursos, incluso hacia inversiones inmobiliarias en Estados Unidos.
Cuando Rubén Moreira, hermano del exgobernador, llegó al cargo (2011-2017), el estado tuvo que recortar programas sociales y subir impuestos para hacer frente a la deuda.
Los autores recuerdan que en la última década, más de 20 exgobernadores han sido procesados o investigados por corrupción. El panorama nacional tampoco ayuda: en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional, México obtuvo 29 puntos, muy por debajo del promedio regional de 43.
Para evaluar si un municipio está bien o mal en sus cuentas, el estudio construyó un indicador de “condición fiscal” a partir de ocho datos:
Ingresos por habitante
Peso de los ingresos propios
Dependencia de las transferencias federales
Recaudación del impuesto predial
Gasto de operación
Balance entre ingresos y gastos
Gasto por habitante
Costo del pago de deuda
La muestra incluye a los municipios más poblados del país. Aunque son apenas el 4 % del total, en ellos vive el 42 % de la población mexicana. Además, los autores tomaron en cuenta factores sociales y económicos como la pobreza, el desempleo, la escolaridad, la población en edad de trabajar y el ingreso por persona.
El hallazgo más claro es lo que los investigadores llaman efecto de derrame: hay una correlación positiva y fuerte entre la corrupción que reporta la población a nivel estatal y la que reporta a nivel municipal. En otras palabras, la corrupción de un gobierno estatal no se queda en su oficina; se asocia con más corrupción en los ayuntamientos.
Esto importa porque, en un sistema federal como el mexicano, los estados influyen en las finanzas municipales a través de las políticas que definen y de las transferencias que reparten. Si ese sistema está mal diseñado, advierte el estudio, puede crear incentivos perversos para la corrupción en ambos niveles.
En el ámbito municipal, la corrupción se asocia con una peor condición fiscal, pero el resultado no es estadísticamente significativo, por lo que no permite afirmar una relación firme.
A nivel estatal más corrupción se asoció con una mejor condición fiscal municipal. Sin embargo, cuando se usaron las calificaciones de las agencias crediticias como medida alternativa, la relación se volvió negativa. Para los autores, esta contradicción muestra que la relación entre corrupción y finanzas es compleja y que conviene medirla de varias formas.
El estudio subraya que las cifras financieras no pueden leerse aisladas. En los municipios, una mayor escolaridad y más población económicamente activa se relacionan con finanzas más sanas, mientras que el desempleo se asocia con finanzas más débiles. De ahí que recomienden que los presupuestos y reportes financieros incorporen indicadores como pobreza y desempleo.
Los autores plantean:
Reforzar la vigilancia y la transparencia mediante auditorías a las finanzas locales
Revisar las leyes de coordinación fiscal para repartir los recursos de forma más equitativa
Reducir la dependencia de los rescates federales
Invertir en capacitar a los gobiernos locales para que administren mejor su dinero
También advierten que la concentración del poder en el gobierno federal podría frenar la transparencia local, por lo que sugieren mantener espacio para que los municipios tomen sus propias decisiones financieras.
Una limitación de fondo
La investigación enfrentó un obstáculo revelador: muchos municipios no cuentan con sistemas contables ni reportes financieros estandarizados, por lo que solo hubo datos útiles para unos 90. Esa falta de información, concluyen, es también parte del problema.
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