PRENSA IBERO
AUTOR
Luis Reyes
Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional
- Trabajan casos de desaparición forzada, refugio, vivienda, identidad de género y defensa penal con impacto directo en personas en situación de vulnerabilidad
- Fortalecen sus habilidades jurídicas y humanas, desde litigación estratégica hasta no revictimización y justicia social
Una madre buscadora extranjera que lleva 13 años en México buscando a su hijo desaparecido y lucha por obtener residencia permanente; comunidades originarias que enfrentan desplazamiento por gentrificación; y Froilán, un hombre sentenciado a 20 años de prisión que busca nuevo juicio por presuntas violaciones a su debido proceso, son algunos de los casos que estudiantes de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO) defienden desde las Clínicas Jurídicas.
Cada semestre, el alumnado presenta ante académicos, académicas y especialistas las estrategias jurídicas construidas dentro de las ocho Clínicas Jurídicas del Departamento de Derecho, un espacio obligatorio dentro del plan de estudios donde el aprendizaje sale del aula para enfrentarse directamente con la realidad social del país.
La Dra. María Fernanda Cobo Armijo, Coordinadora de las Clínicas Jurídicas del Departamento de Derecho, explicó que este modelo permite que las y los estudiantes no solo conozcan la teoría legal, sino que desarrollen una defensa real de derechos humanos.
“Las clínicas jurídicas son una materia obligatoria. Todas y todos nuestros estudiantes tienen que pasar por ellas y eligen la clínica que más se acomoda a sus intereses. Aquí presentan no solamente los hechos del caso, sino también cómo llegaron a la solución jurídica que van a plantear o que ya están ejecutando”, señaló.
Uno de los casos expuestos fue el de Ana, madre buscadora extranjera reconocida como víctima indirecta de desaparición forzada, quien actualmente cuenta con una visa por razones humanitarias, pero enfrenta obstáculos legales para obtener la residencia permanente.
La ley exige que la investigación penal concluya para cambiar su estatus migratorio, algo prácticamente imposible en casos de desaparición forzada. Por ello, estudiantes preparan un amparo indirecto para cuestionar la constitucionalidad de esa norma y evitar su revictimización constante.
“No se puede exigir temporalidad cuando hay que buscar justicia permanente”, resumieron las y los estudiantes.
Otro proyecto aborda el desplazamiento forzado de pueblos originarios en la Ciudad de México, donde el aumento de rentas, los desalojos y la gentrificación afectan a las comunidades.
A través de investigación jurídica, entrevistas con líderes comunitarios y acompañamiento legal, las clínicas buscan construir herramientas de defensa y prevención.
También se presentó el caso de una mujer peruana de 69 años que sufrió persecución política, detención prolongada y tortura, y cuya solicitud de refugio sigue sin respuesta clara desde hace años. La estrategia jurídica busca exigir reparación del daño y responsabilidad patrimonial del Estado.
En otro caso, estudiantes acompañan a una persona no binaria cuyo marcador de género no coincide con sus documentos migratorios debido a una negativa del Instituto Nacional de Migración. La defensa incluye amparo indirecto, derechos ARCO y acciones ante Conapred para exigir reconocimiento y reparación.
En materia penal, el caso de Froilán expuso posibles irregularidades graves en un proceso judicial que derivó en una condena de 20 años de prisión. La estrategia busca reponer el juicio por violaciones al derecho de defensa adecuada y acceso a pruebas fundamentales.
Para el Mtro. Salvador Guerrero Navarro, Director de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas “Alaíde Foppa”, estas experiencias transforman profundamente la formación profesional del estudiantado.
“Cuando van a territorio, cuando acompañan a una persona migrante o ven cómo una autoridad no recibe un documento, entienden realmente cómo funciona el sistema. Ahí cambia completamente su perspectiva profesional”, explicó.
Además del trabajo técnico, las clínicas fortalecen habilidades poco enseñadas en la formación tradicional: escuchar sin revictimizar, cumplir compromisos, hablar con claridad y entender que detrás de cada expediente hay una vida en juego.
“Está en juego la libertad, la salud, el estatus migratorio o incluso la vida de una persona. Eso cambia totalmente la manera en que aprenden derecho”, subrayó la Dra. Cobo Armijo.
El Mtro Guerrero Navarro añadió que muchos estudiantes descubren en estas experiencias su vocación profesional y continúan colaborando incluso después de terminar la materia, ya sea en servicio social o como voluntarios.
“No pretendemos resolver todas las aristas, pero sí aportar desde lo jurídico y desde la formación de las y los futuros abogados con conciencia social”, concluyó.