Provenientes de distintos rincones del país, madres, padres, hermanas, hermanos e hijos que integran la Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos llegaron al norte de Coahuila para hacer de esta región un punto de encuentro, resistencia y esperanza.
En sus maletas viajaban algo más que ropa para casi quince días de trabajo: cargaban el dolor de la ausencia, los años de incertidumbre y la determinación de seguir buscando a quienes les faltan.
Bajo la convicción de que sus familiares pueden seguir con vida,
alrededor de 62 personas provenientes de 15 estados de la República
se congregaron para iniciar otra extenuante jornada que se extendió desde el 20 de septiembre al 2 de octubre, para
buscar en donde aún se puede localizar con vida
en centros penitenciarios, centros de rehabilitación, albergues para población migrante y lugares donde habitan personas en situación de calle.
Espacios en los que, a través de una fotografía, un nombre, un recuerdo o un dato aparentemente insignificante podía abrir una nueva ruta porque aquellos que habitan dichos lugares pueden dar información sustantiva que pueda crear nuevas líneas de investigación.
La primera semana de actividades comenzó en Monclova y sus municipios aledaños. Las acciones de este primer día encontraron cobijo bajo el techo de la Parroquia del Verbo Encarnado, donde el padre Paulo no solo ofició la misa de inicio para dotar de fortaleza espiritual al contingente, sino que abrió las puertas de la iglesia para convertirla en un refugio y lugar de descanso durante los días de trabajo en la región.
Al concluir la ceremonia, la quietud del templo dio paso a la movilización. Las familias se trasladaron a las afueras de la Fiscalía para encabezar una marcha pacífica; con los rostros de quienes no han vuelto a casa en alto, tomaron las calles para seguir nombrando a los que faltan, gritar su nombre y su ausencia, y decirle a quienes observan la movilización desde la lejanía que mirar las fichas ya es una forma de apoyo.
Uno de los espacios fundamentales para la jornada y las familias fue el Centro de Reinserción Social varonil de Monclova, un sitio donde la esperanza chocó de frente contra el muro de la burocracia. Ante el abandono institucional, las familias han tenido que profesionalizarse en metodologías técnicas rigurosas diseñadas para documentar y sistematizar información.
Así, han logrado convertir los testimonios que escuchan en verdaderas líneas de investigación. Sin embargo, el director del penal, el licenciado José Ángel Beltrán Zavala, impuso su autoridad para prohibir el ingreso de estos formatos de recolección de datos. Al arrebatarles sus herramientas técnicas, la dirección intentó reducir el rastreo a la informalidad del "boca en boca", obstaculizando la creación de expedientes sólidos.
A la cerrazón administrativa se sumó la agresión directa, dejando en evidencia que la empatía en el servicio público sigue siendo una deuda profunda. Asunción Reyes, personal del centro penitenciario, dirigió un trato abiertamente revictimizante y violento contra el contingente.
En un espacio donde cada minuto de entrevista puede significar la diferencia entre el olvido y la localización, la hostilidad de estos funcionarios se erigió como una barrera diseñada para intimidar y entorpecer el legítimo derecho a buscar.
Pero la dignidad de las familias pudo más que el sabotaje institucional. En un acto de resistencia, tomaron el patio central del penal para desplegar un mar de lonas y fotografías. Uno a uno, los hombres privados de la libertad caminaron frente a los rostros de los ausentes, buscando en su memoria algún rasgo, alguna coincidencia.
El esfuerzo frente a la adversidad rindió frutos: la jornada concluyó con el registro de tres nuevos casos de desaparición y la documentación de tres "posibles positivos". En el lenguaje de las familias y los procesos de búsqueda, un posible positivo es un hilo del cual tirar; ocurre cuando una persona privada de la libertad, interno de los centros de rehabilitación o cualquier otra persona, reconoce una fotografía y aporta datos clave que permiten abrir una nueva ruta de búsqueda.
Estos hallazgos son el motor de la Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos, un esfuerzo titánico que, en casi diez años de recorrer el país, ha logrado la localización de 10 personas y la ubicación de dos más, demostrando que la tenacidad y la metodología de las familias logran lo que el Estado se niega a hacer.
Las jornadas siguientes se dividieron, en centros de rehabilitación de Monclova, Frontera y San Buenaventura. Fue en uno de estos recintos donde la esperanza encontró un eco inesperado. Al observar las fichas, un interno detuvo la mirada y reconoció el rostro de un joven originario de Durango, ausente desde hace más de cinco años. Lo identificó como alguien con quien se había cruzado tiempo atrás cuando ambos habitaban las calles.
La chispa de este testimonio movilizó de inmediato los esfuerzos. Días después, una unidad de avanzada de la Comisión Local de Búsqueda acudió a la zona señalada para seguir el rastro. Allí, las voces de los vecinos respaldaron la pista y confirmaron haberlo visto. Aunque todavía falta el paso final para lograr su localización plena, esta certeza rompe la incertidumbre y coloca a su familia un paso más cerca del abrazo anhelado.
El impacto de este indicio fue tal, que reconfiguró la agenda de la caravana: a raíz del hallazgo, las actividades de la segunda semana derivaron en una intensa brigada callejera, un despliegue fundamental para trazar las nuevas líneas del plan de búsqueda directamente sobre el terreno.
La segunda semana de la jornada trasladó al contingente hacia la frontera norte, trazando una ruta por Piedras Negras y Allende. Se asistió, una vez más, a los centros de rehabilitación, pero se sumó un lugar importante: el albergue Frontera Digna, un espacio que da resguardo a quienes en su odisea de cruzar la frontera hacia Estados Unidos se quedaron varados en México.
En estos territorios, la huella de la violencia que dejó la llamada guerra contra el crimen organizado aún se percibe en las calles, en el ambiente. Allende, en particular, fue epicentro de la barbarie, el dolor y la angustia parecen haberse quedado suspendidos en el ambiente, como un recordatorio de una de las heridas más profundas y silenciadas del país.
Al caminar por este municipio, es imposible no retroceder en la memoria hacia los días del 18 al 20 de marzo de 2011. Aquel fin de semana, el infierno se desató cuando cerca de 60 sicarios irrumpieron en la zona respaldados por la complicidad del aparato estatal.
Cerca de 20 elementos de la policía municipal recibieron la orden directa de no patrullar, colaborando activamente en la entrega de las personas que el cártel había sentenciado bajo el estigma de la traición. El saldo de esta operación de exterminio masivo fue de más de 300 personas asesinadas y desaparecidas. A más de una década de la tragedia, la negligencia gubernamental persiste: hasta el día de hoy, las autoridades han podido determinar el número exacto de víctimas.
El recorrido por los centros penitenciarios de Piedras Negras dejó un sabor profundamente amargo en el contingente. A diferencia de otras jornadas, al ingresar a las instalaciones, tanto en el femenil como en la varonil, las familias se toparon con un muro de silencio.
Las y los internos se mostraron evasivos, rehuyendo las miradas y las fotografías, gobernados por un ambiente de control y miedo profundo. Esta disciplina que solo se construye a través de la violencia es palpable ya que entorpeció cualquier intento de diálogo, culminando la visita sin lograr recolectar un solo posible positivo que pudiera dar luz sobre el paradero de algún desaparecido.
La parálisis y el mutismo de la población penitenciaria tienen una raíz histórica imposible de ignorar. El penal varonil de Piedras Negras permanece en la memoria colectiva como un sombrío monumento a la violencia que ha desgarrado al país. Investigaciones documentadas años atrás revelaron cómo, bajo la absoluta omisión y complicidad del Estado, grupos delictivos tomaron el control de la prisión para convertirla en un centro de exterminio clandestino.
Dentro de esos muros, ingresaban a personas privadas de su libertad para desaparecerlas sistemáticamente, intentando borrar cualquier rastro de su existencia. Esa sombra de la tragedia sigue inundando los pasillos y los desniveles en el concreto del patio, que no son simples irregularidades del terreno si no marcas en el mapa de la atrocidad; nos obligan a mirar, nos exigen memoria.
Tanto en Monclova como en Piedras Negras, la búsqueda también tomó las plazas públicas, esos espacios donde la vida cotidiana se encontró de frente con la ausencia. En ambas ciudades, las familias colocaron el Árbol de la Esperanza y colgaron cientos de fotografías de sus seres queridos, convirtiendo cada imagen en un llamado a la memoria y a la solidaridad.
En Monclova, el árbol fue bendecido por el obispo emérito Raúl Vera; en Piedras Negras, por el padre José Calvillo Rodríguez. Así, el espacio público se convirtió en un lugar de fe y memoria viva.
Al cierre de la jornada, quedaron documentados 31 posibles positivos: 31 rastros de esperanza que podrían abrir nuevas rutas para encontrar a quienes faltan, y cinco nuevos casos que se suman a la lucha por la garantía de no repetición.
Detrás de cada cifra hay un rostro, una historia y una familia que espera. Las respuestas aún no llegan para todas las personas, pero las familias regresan con nuevas pistas y la misma determinación con la que partieron: no detenerse, no olvidar y no permitir que la ausencia dicte el final de una historia.
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