PRENSA IBERO
• El ministro en retiro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena cuestionó que se recorten garantías constitucionales como respuesta a la inseguridad y llamó a fortalecer las instituciones civiles • Advirtió que la prisión preventiva oficiosa implica castigar a las personas antes de determinar su culpabilidad • Durante la presentación de su libro 'Proceso y pena', defendió la independencia judicial y la profesionalización de las fiscalías
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Jefa de Prensa de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: mariana.dominguez@ibero.mx
Frente a la crisis de inseguridad en México, la respuesta no debe ser reducir los derechos humanos, sino construir policías civiles eficaces, profesionalizar las fiscalías y fortalecer las instituciones de justicia, sostuvo el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, durante una conversación en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
“La tarea difícil nunca la hacemos y siempre buscamos un atajo”, advirtió al cuestionar las respuestas que privilegian el endurecimiento del sistema penal sobre el fortalecimiento institucional.
Al presentar su libro Proceso y pena. Principios constitucionales del Derecho Penal, una obra de dos tomos y casi 1,400 páginas, el exministro defendió que la seguridad pública y las garantías constitucionales no son objetivos incompatibles.
“En vez de aspirar a El Salvador, deberíamos aspirar a Suecia”
Cuestionado por estudiantes sobre la posibilidad de restringir garantías para enfrentar al crimen organizado, Gutiérrez Ortiz Mena rechazó que México deba tomar como modelo políticas de seguridad basadas en la reducción de derechos.
“En vez de aspirar a El Salvador, deberíamos aspirar a Suecia”, afirmó, al mencionar también a Alemania, Francia y Dinamarca como referentes de países donde la protección de garantías convive con instituciones de seguridad.
Para el jurista, el desafío consiste en construir corporaciones policiales civiles capaces de ofrecer resultados, en lugar de recurrir a soluciones que amplíen el poder punitivo del Estado.
Prisión preventiva: castigar antes de demostrar culpabilidad
Uno de los asuntos centrales de la conversación fue la prisión preventiva oficiosa, figura que permite encarcelar automáticamente a personas acusadas de determinados delitos sin una valoración individualizada de la necesidad de esa medida.
“La prisión preventiva oficiosa es adelantar la pena, es castigar y luego ver si la persona es inocente”, explicó.
El exministro sostuvo que esta disposición entra en tensión con otras garantías de la propia Constitución y propuso resolver esas contradicciones mediante el principio pro persona, que exige privilegiar la interpretación más favorable a la protección de los derechos.
También defendió el debido proceso frente a quienes consideran que sus garantías dificultan las condenas. Recordó que obtener confesiones mediante tortura no permite establecer la verdad y puede conducir al encarcelamiento de personas inocentes.
Elección judicial: ¿cómo preservar la independencia?
Sobre la elección popular de jueces, magistrados y ministros en México, Gutiérrez Ortiz Mena reconoció la incertidumbre que plantea el nuevo modelo.
“Es un experimento en el que estamos metidos”, señaló.
Como alternativa para conciliar legitimidad democrática y preparación profesional, mencionó experiencias de estados estadounidenses donde las personas juzgadoras son seleccionadas mediante procedimientos basados en el mérito y posteriormente sometidas a votaciones para determinar su permanencia.
Una Constitución que ponga límites al castigo
Durante la presentación, el director del Departamento de Derecho de la IBERO, el Dr. Ricardo Ortega Soriano, advirtió sobre los riesgos del populismo penal, que promete seguridad mediante penas más severas y menores garantías.
“El debido proceso no es un obstáculo para la justicia, es una condición que lo posibilita”, afirmó.
La magistrada en retiro Lilia Mónica López Benítez destacó la importancia de la independencia judicial; Santiago Aguirre Espinosa, jefe de Oficina de Rectoría, abordó las contradicciones constitucionales en materia de derechos humanos; Adriana Ortega Ortiz analizó la perspectiva de género en la justicia penal, y Carlos Gustavo Ponce Núñez, profesor de Derecho de la IBERO, describió la defensa del garantismo penal como un acto de resistencia.
La conversación fue moderada por Fernanda Bitar Simon, coordinadora de la Licenciatura en Derecho, y contó con la presencia del ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá, también académico de la Universidad.
Ante las preguntas del estudiantado sobre el futuro de la justicia, Gutiérrez Ortiz Mena insistió en que las nuevas generaciones deberán asumir la responsabilidad de transformar las instituciones del país.
“No va a llegar alguien del extranjero a salvarnos a nosotros de nosotros mismos”, concluyó.
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