Elecciones 2027: austeridad y problemas administrativos ponen a prueba la capacidad operativa del INE, advierte especialista IBERO
• El Dr. Carlos Maldonado Alvarado, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, advierte que recortes presupuestales, retrasos administrativos y concentración de atribuciones pueden generar dificultades en su funcionamiento
• Señala que el Instituto debe garantizar la organización de los próximos comicios, desde la instalación de casillas hasta la capacitación ciudadana, mientras enfrenta cuestionamientos sobre su autonomía y credibilidad
La austeridad en el gasto público puede tener consecuencias que van más allá de reducir los recursos disponibles para las instituciones y ponen a prueba su capacidad para cumplir las responsabilidades que tienen encomendadas. Si los presupuestos se ajustan y aumentan las exigencias operativas, las autoridades deben resolver cómo mantener sus funciones sin afectar los servicios que ofrecen a la ciudadanía.
El Instituto Nacional Electoral (INE) representa un ejemplo de este desafío. Además de los cuestionamientos sobre su autonomía y funcionamiento interno, el organismo debe preparar los procesos electorales de 2027, una tarea que requiere recursos humanos, materiales y financieros para garantizar que las personas puedan ejercer su voto.
Durante la conversación, el académico abordó las dificultades que enfrenta el INE ante las restricciones presupuestales y los problemas administrativos que pueden retrasar su operación. En particular, se planteó cómo la política de austeridad republicana y la reducción de recursos, junto con los retrasos en pagos a proveedores relacionados con la revisión de presuntas irregularidades, pueden complicar la preparación de los próximos comicios.
Maldonado Alvarado recordó que el proceso electoral ya está en marcha, aunque las votaciones se realicen en julio de 2027. Esto significa que el Instituto debe avanzar en una serie de actividades indispensables: instalar casillas, reclutar y capacitar a la ciudadanía que fungirá como funcionaria electoral, adquirir papelería, preparar mamparas y disponer de los materiales necesarios para recibir los sufragios.
“Yo creo que por la distancia se puede subsanar y todo parecería estar en tiempo”, explicó el académico. Sin embargo, advirtió que la incertidumbre sobre la capacidad operativa del organismo puede convertirse en un factor de desgaste.
El problema, señaló, es que antes las principales dudas sobre las elecciones se concentraban en la confiabilidad del conteo de votos. Ahora, considera preocupante que también se cuestione si el INE podrá garantizar que cada ciudadano tenga oportunamente una boleta, una casilla y los materiales necesarios para votar.
Como contexto, el presupuesto del INE para 2026 quedó en 14 mil 99 millones de pesos, de acuerdo con el acuerdo presupuestal publicado en el Diario Oficial de la Federación, que incorporó el ajuste realizado por la Cámara de Diputados. El Instituto señaló que, ante la reducción, debía priorizar actividades para mantener sus funciones constitucionales.
Una institución costosa, pero necesaria
Maldonado Alvarado reconoció que el INE es un organismo costoso y complejo, con numerosas áreas y responsabilidades. No obstante, consideró que su existencia es indispensable para la democracia mexicana, porque constituye una garantía para que el voto sea contado adecuadamente y los resultados electorales sean confiables.
El académico expresó su preocupación por el deterioro de la confianza ciudadana en el Instituto. Como ejemplo, compartió que al preguntar a sus estudiantes sobre el organismo ha encontrado respuestas de desconfianza, una percepción que, aseguró, no observaba de la misma manera años atrás.
Por ello, advirtió que debilitar al árbitro electoral puede tener consecuencias que trascienden a sus integrantes o a la coyuntura política. La credibilidad de una elección depende también de que la institución encargada de organizarla tenga las condiciones para cumplir su trabajo.
Colegialidad, contrapeso para evitar concentración de poder
Además de los recursos, el académico identificó otro elemento fundamental para el funcionamiento institucional: la distribución de atribuciones y la toma de decisiones colegiadas.
Al analizar la situación del INE y el relevo en su presidencia, explicó que el procedimiento para designar a quien encabece el organismo está establecido en la Constitución. La Cámara de Diputados participa mediante un Comité Técnico de Evaluación que revisa los perfiles y selecciona candidaturas, las cuales deben obtener el respaldo de dos terceras partes de las y los legisladores presentes.
Sin embargo, dijo que la existencia de un procedimiento legal no elimina las preocupaciones sobre la influencia política que puede ejercerse durante la designación, particularmente cuando una fuerza política cuenta con mayoría calificada.
Para el Dr. Maldonado Alvarado, una de las fortalezas históricas del Instituto ha sido su carácter colegiado. La presidencia del Consejo General, explica, no significa que las demás consejerías estén subordinadas a quien encabeza el organismo. Retoma la expresión latina primus inter pares: el primero entre sus iguales.
En ese sentido, consideró necesario recuperar la colegialidad y evitar la concentración de atribuciones, pues los llamados “maxipoderes” pueden afectar los equilibrios internos y la deliberación entre quienes integran la institución.
Investigar irregularidades y garantizar rendición de cuentas
El académico también distinguió entre las responsabilidades administrativas y las posibles consecuencias penales derivadas de las presuntas irregularidades en contratos y adjudicaciones del INE.
A su juicio, los conflictos de interés y las posibles anomalías en los procedimientos de contratación deben investigarse y, cuando corresponda, sancionarse. No obstante, apuntó que estos procesos deben evitar convertirse en instrumentos de disputa política o quedar sin resultados.
La rendición de cuentas, planteó, requiere investigaciones que esclarezcan los hechos y determinen responsabilidades, sin que ello implique comprometer el funcionamiento del organismo.
Para Maldonado Alvarado, el caso del INE permite observar que las instituciones necesitan algo más que atribuciones legales para cumplir su función: requieren recursos, organización interna, contrapesos y confianza ciudadana.
El reto, concluyó, consiste en que las medidas de disciplina presupuestaria no se traduzcan en obstáculos para cumplir responsabilidades públicas esenciales y que las diferencias políticas no terminen por debilitar los mecanismos que garantizan el funcionamiento institucional.
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