Donde llega el narco, disminuye la inversión pública: investigación IBERO revela caída de casi 200 pesos por habitante
• Un estudio del Departamento de Economía revela que la presencia del crimen organizado está asociada con una reducción de 6.3% en el gasto público municipal por habitante, con afectaciones especialmente importantes en la inversión en infraestructura
21 OCTUBRE, 2026 | 09:53 hrs.lectura 4 minutos
AUTOR
Jorge Luis Cortés
Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: jorge.cortes@ibero.mx
La presencia del narcotráfico en México no sólo tiene consecuencias en materia de violencia e inseguridad: también está relacionada con una disminución de los recursos que los gobiernos municipales destinan a la inversión pública. Una investigación de la Universidad Iberoamericana (IBERO) encontró que, en municipios donde se registra la presencia de organizaciones criminales, la inversión pública disminuye en promedio casi 200 pesos por habitante, una situación que puede comprometer la capacidad de las autoridades locales para impulsar el desarrollo de sus comunidades.
La investigación, publicada en octubre de 2026 en la serie de documentos de trabajo SobreMéxico, analiza información de las finanzas públicas y la presencia de organizaciones criminales en 2,250 municipios mexicanos, con datos correspondientes al periodo 2000-2024.
Menos dinero para infraestructura: el costo económico del crimen organizado
Uno de los principales resultados del estudio es que la presencia de organizaciones criminales está asociada con una reducción promedio de 315 pesos en el gasto municipal no etiquetado por habitante, equivalente a aproximadamente 6.3% del gasto promedio observado en la muestra.
De esa disminución, 196.61 pesos por persona corresponden a una menor inversión pública, lo que representa cerca de dos terceras partes de la contracción estimada en el gasto municipal.
Esto significa que el impacto económico asociado con la presencia criminal no se limita a las actividades productivas o comerciales, sino que también alcanza a los recursos públicos que los ayuntamientos pueden destinar al desarrollo de infraestructura.
En México, los gobiernos municipales tienen responsabilidades relacionadas con servicios como el agua potable, drenaje, alumbrado público, recolección de residuos y mantenimiento de calles, parques y jardines.
Por ello, una menor capacidad de inversión pública puede representar un obstáculo adicional para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, particularmente en territorios que ya enfrentan problemas de inseguridad.
Los investigadores también identificaron que la presencia criminal está asociada con una disminución en la proporción del presupuesto destinada a inversión pública, mientras que otros conceptos, como servicios generales, servicios personales y transferencias, ganan participación relativa dentro del gasto municipal.
Esto último no significa necesariamente que los ayuntamientos gasten más dinero en esos rubros, sino que adquieren mayor peso dentro de presupuestos que, en términos generales, se contraen.
Municipios con tres o más organizaciones criminales, entre los más afectados
La investigación encontró diferencias importantes dependiendo de cuántas organizaciones criminales operan en un mismo territorio.
En los municipios con tres o más grupos criminales, los resultados muestran una reducción estadísticamente significativa del gasto público no etiquetado y de la inversión pública.
En contraste, en aquellos municipios donde se registra la presencia de una o dos organizaciones, los investigadores no identificaron una disminución estadísticamente significativa del gasto municipal total.
Los resultados sugieren que la fragmentación del crimen organizado y la competencia entre distintas agrupaciones pueden ser factores relevantes para comprender las dificultades financieras que enfrentan los gobiernos locales.
El estudio también distingue entre organizaciones criminales históricas —como los grandes cárteles que han tenido presencia nacional durante años— y grupos de creación más reciente, generalmente surgidos de la fragmentación de organizaciones mayores.
Los efectos negativos sobre el gasto municipal y la inversión pública resultaron más consistentes en los territorios con presencia de organizaciones criminales históricas.
¿El narco también afecta la recaudación de impuestos?
Otro de los hallazgos de la investigación es que, a diferencia de lo observado en el gasto público, no se encontró evidencia estadísticamente significativa de una disminución general de los ingresos propios municipales asociada con la presencia de organizaciones criminales.
Esto incluye recursos provenientes de impuestos locales, derechos y otros conceptos de recaudación.
El resultado resulta relevante porque sugiere que las consecuencias fiscales del crimen organizado no necesariamente se manifiestan en que los gobiernos recauden menos dinero, sino en cambios en cuánto gastan y cómo distribuyen sus recursos.
De acuerdo con el análisis, los municipios con presencia exclusiva de organizaciones criminales de creación reciente incluso presentan mayores ingresos propios, aunque ello no implica que exista una relación causal demostrada entre la actividad de esos grupos y una mayor recaudación.
El crimen organizado también puede debilitar a los gobiernos locales
La investigación de la IBERO amplía la discusión sobre las consecuencias del crimen organizado en México, al mostrar que sus efectos pueden extenderse más allá de los homicidios, la extorsión y otras expresiones de violencia.
Los autores plantean que las organizaciones criminales pueden interactuar con los gobiernos locales e influir en su funcionamiento institucional y sus decisiones presupuestales.
No obstante, el estudio no establece que las reducciones observadas en inversión pública sean consecuencia directa de órdenes de los cárteles, desvíos de recursos o acuerdos ilegales específicos, sino que documenta asociaciones entre la presencia criminal y las modificaciones en las finanzas municipales.
Los hallazgos apuntan a que la presencia del crimen organizado está relacionada con una menor capacidad de los municipios para sostener la inversión pública, lo que puede contribuir a profundizar las debilidades institucionales y limitar las oportunidades de desarrollo local.
Las opiniones y puntos de vista vertidos en este comunicado son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de la Universidad Iberoamericana.
Para mayor información sobre este comunicado llamar a los teléfonos: (55) 59 50 40 00, Ext. 7594, 7759 Comunicación Institucional de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Prol. Paseo de la Reforma 880, edificio F, 1er piso, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219
