Detención de Ángel Aguirre reabre tres grandes pendientes para mejorar la investigación en caso Ayotzinapa: Especialista IBERO

En entrevista con Prensa IBERO, apuntó que el caso Ayotzinapa representó mucho más que una investigación penal, pues fue un caso que evidenció las profundas deficiencias institucionales del país para enfrentar las desapariciones forzadas y la participación, por acción u omisión, de distintas autoridades.

El académico explicó que la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, marcó un parteaguas porque puso bajo escrutinio internacional la actuación de las autoridades.

Recordó que las investigaciones posteriores desmontaron la llamada "verdad histórica" presentada por el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto y dieron paso a nuevas líneas de investigación sustentadas en evidencia científica y pericial.

El caso, dijo, permitió documentar presuntas omisiones y actos de encubrimiento por parte de distintos niveles de gobierno, además de la posible participación de agentes del Estado y grupos criminales, lo que convirtió a Ayotzinapa en referente internacional sobre desaparición forzada y acceso a la justicia.

No obstante, advirtió que, a casi doce años de los hechos, los avances judiciales no modifican por sí mismos las condiciones que permiten que estos delitos continúen ocurriendo.

¿Cuáles son los grandes pendientes en el caso Ayotzinapa?

Desde su perspectiva, el caso Ayotzinapa enfrenta tres grandes pendientes para mejorar la investigación y resolución de los casos de desaparición forzada. El primero es la profesionalización de las instituciones responsables de investigar estos delitos, pues aún existen importantes deficiencias técnicas y operativas.

El segundo desafío consiste en fortalecer e independizar los servicios forenses. Explicó que, en la mayoría de las entidades federativas, estas áreas dependen administrativamente de las fiscalías, cuentan con recursos limitados y enfrentan una importante sobrecarga de trabajo, lo que afecta los procesos de identificación humana y el análisis de evidencia.

El tercer pendiente es la construcción de una verdadera coordinación nacional entre fiscalías, policías, servicios periciales y Poder Judicial porque la desaparición forzada es un fenómeno que rebasa las capacidades de una sola institución o de una entidad federativa, por lo que requiere mecanismos permanentes de colaboración e intercambio de información.

Destacó que Ayotzinapa transformó la forma en que México aborda las desapariciones forzadas, pues el caso impulsó reformas legales, fortaleció el papel de las familias de las víctimas en la búsqueda de verdad y justicia y colocó en la agenda pública la necesidad de crear instituciones especializadas para atender la crisis de personas desaparecidas.

Sin embargo, sostuvo que la identificación de personas, la coordinación entre autoridades y la consolidación de capacidades técnicas continúan siendo asignaturas pendientes para un país que enfrenta una crisis de desapariciones con decenas de miles de casos registrados.

Puntualizó que la detención exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero puede representar un avance, pero la resolución de la crisis exige transformaciones de fondo, ya que mientras no se fortalezcan las instituciones encargadas de investigar, identificar a las víctimas y coordinar la respuesta del Estado, casos como Ayotzinapa seguirán reflejando debilidades estructurales del sistema de justicia.