PRENSA IBERO
AUTOR
Luis Reyes
Reportero de Comunicación Institucional de la IBERO
- El Programa presenta resultados durante una audiencia de la CIDH para ahondar sobre su impacto en comunidades y principales desafíos para garantizar soluciones duraderas a personas desplazadas
- Advierte que el desplazamiento forzado interno en México es un fenómeno persistente y en expansión, ligado a disputas territoriales, economías ilícitas y nuevas formas de violencia
El Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México (CDMX) registró en 2024 un total de 72 desplazamientos internos que afectaron al menos a 28 mil 900 personas en 13 estados, un incremento del 129% respecto al año anterior.
Además, en 2025, identificó, de manera preliminar, 15 mil 795 personas desplazadas en ocho entidades del país, "cifras que deben leerse como mínimos documentados, en un contexto donde no hay un registro oficial integral que dimensione plenamente la magnitud del fenómeno".
Estos resultados se presentaron durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ahondar sobre la situación actual del desplazamiento forzado en México, su impacto en comunidades y principales desafíos para garantizar prevención, atención y soluciones duraderas a personas desplazadas.
De acuerdo con el registro del Observatorio Internacional de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), desde 2016 y hasta diciembre de 2024 se han documentado aproximadamente 390 mil personas desplazadas internas en México, como resultado de múltiples eventos registrados en distintas entidades.
El PDH IBERO señaló que estas cifras muestran que el desplazamiento interno no es un fenómeno reciente ni excepcional: es una realidad que se ha mantenido a lo largo de los años y que reaparece en distintos territorios. "Los datos no muestran una reducción sostenida, por el contrario, evidencian que el fenómeno se mantiene y se expande".
Indicó que en los últimos años se ha observado la persistencia del desplazamiento interno, que hoy en distintas regiones del país, está vinculado a disputas por control territorial, a la expansión de economías ilícitas y al uso de nuevas tecnologías de violencia como son los drones y explosivos que generan miedo colectivo y obligan a comunidades enteras a abandonar sus hogares.
El PDH IBERO ha documentado desplazamientos preventivos: familias que se van porque saben que la violencia está por llegar ante amenazas o presencia de grupos armados en sus comunidades; y desplazamientos sucesivos: personas que tienen que moverse más de una vez porque el lugar al que llegaron no es seguro, o retornan a sus comunidades sin garantías reales, pues vuelven a ser amenazadas.
"Cada vez que esto ocurre, pierden nuevamente su casa, su trabajo, sus redes y su estabilidad. Cada desplazamiento profundiza la precariedad y aumenta el riesgo frente a nuevas violencias. Cuando hablamos de desplazamiento, hablamos de ciclos de vulnerabilidad porque el daño no se detiene con el primer desalojo, sino que se acumula. El desplazamiento forzado interno no es un evento aislado. Es un proceso continuo que se repite, se agrava y se hereda", apuntó.
Refirió que el desplazamiento interno no implica únicamente la movilidad física, sino también la pérdida de la vivienda, medios de vida, redes comunitarias y ruptura cultural, que afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas y a comunidades campesinas.
En el caso de las mujeres, el PDH IBERO mencionó que se han documentado impactos especialmente en contextos de desaparición o asesinato de familiares, así como en niñas, niños y adolescentes, incluyendo interrupciones prolongadas en el acceso a la educación.
Desplazamiento forzado: El caso Michoacán
El Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán (OSHRA) habló sobre el caso de Michoacán, donde se ha experimentado este fenómeno desde, por lo menos, 2001 a la fecha, como consecuencia de la proliferación de grupos criminales en el territorio y la posterior respuesta del Estado, comúnmente conocida como "Guerra contra el narcotráfico".
El OSHRA acotó que tan solo en 2021 se estima que 13 mil 515 personas de 28 municipios michoacanos fueron forzadas a desplazarse. En el municipio de Aguililla, agregó, hasta la mitad de la población de la cabecera abandonó sus hogares.
"El desplazamiento no es solo huir de un enfrentamiento. Es el resultado acumulado de amenazas, extorsión, reclutamiento forzado, homicidios y desapariciones. La presencia de tecnologías de guerra y contaminación por armamento en comunidades rurales es un factor determinante. Michoacán es la segunda entidad con mayor cantidad de artefactos explosivos improvisados desactivados", precisó.
El PDH IBERO, el OSHRA, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos Morelos, el Foro para el Desarrollo Sustentable y Consultoría Técnica Comunitaria han manifestado que el desplazamiento forzado interno en México constituye una violación múltiple, continua y estructural de derechos humanos.
Estas organizaciones en México han señalado que la situación no se trata de hechos aislados ni coyunturales, sino de una crisis sostenida que se ha expandido territorialmente y que requiere respuestas coordinadas y de largo plazo.
Aunque han reconocido esfuerzos importantes como legislaciones estatales, instrumentos judiciales y avances en medición estadística, han manifestado el desafío central hoy no es la inexistencia absoluta de herramientas, sino su articulación efectiva para garantizar derechos.