PRENSA IBERO
AUTOR
Luis Reyes
Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional
- El Mtro. David Hernández, del Departamento de Derecho de la IBERO advierte sobre la compleja convergencia de normas nacionales, internacionales y deportivas en la justa deportiva
- Destaca la necesidad de garantizar seguridad, derechos humanos y protección al consumidor en un evento global sin precedentes, donde la coordinación entre autoridades y FIFA será clave
La organización del Mundial 2026 representa más que un reto logístico para México, una sofisticada arquitectura jurídica donde convergen normas nacionales, tratados internacionales y regulaciones deportivas, explicó el Mtro. David Hernández González, docente del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de Mexico (CDMX).
El especialista de nuestra casa de estudios en derecho contractual, negociación y derecho de los deportes, advirtió que el país enfrenta desafíos clave que pondrán a prueba su capacidad institucional y legal, donde uno de los principales será la seguridad pública.
Apuntó que, con la llegada de millones de visitantes, el Estado mexicano deberá garantizar condiciones adecuadas para asistentes nacionales y extranjeros, que implica operativos dentro de los estadios, espacios públicos, transporte, zonas turísticas y puntos de alta concentración, por lo que la coordinación entre autoridades locales, federales y organismos internacionales será determinante.
Indicó que a esta situación se suma la necesidad de una coordinación internacional efectiva entre México, Estados Unidos (EU) y Canadá, países anfitriones del torneo, donde la armonización de normas migratorias, aduaneras y de seguridad será clave para facilitar el flujo de personas y garantizar una experiencia ordenada.
En este escenario, subrayó que la relación entre los Estados y organismos como la FIFA exige un equilibrio, es decir, cumplir con los estándares globales sin vulnerar la soberanía jurídica ni la Constitución.
Desde el punto de vista legal, subrayó la existencia de un régimen normativo complejo, ya que la organización del Mundial implica adaptar leyes fiscales, administrativas y de propiedad intelectual para cumplir con exigencias internacionales, sin contravenir el marco constitucional mexicano.
Este fenómeno, agregó, refleja una “convergencia de derechos”, donde interactúan normas públicas, privadas y deportivas.
Abundó que México deberá cumplir con estándares internacionales en estadios, transporte y servicios, lo que implica responsabilidades administrativas y regulatorias, además de aspectos no solo son técnicos, sino jurídicos, pues su incumplimiento puede derivar en sanciones o responsabilidades legales.
Sobre los derechos humanos, dijo que la Constitución y diversos tratados internacionales obligan a garantizar libertades fundamentales como tránsito, expresión y protección de datos personales por lo que las autoridades deberán evitar abusos en operativos de seguridad y asegurar trato digno a visitantes y pobladores.
Respecto a la experiencia del espectador, indicó que el marco jurídico mexicano ofrece herramientas de protección como la Ley Federal de Protección al Consumidor que permite atender quejas relacionadas con boletos, hospedaje y servicios, mientras que instancias como Profeco pueden sancionar abusos.
El Mtro. Hernández destacó que la organización de un evento de enorme magnitud implica años de planeación, protocolos y coordinación entre múltiples actores, pero reconoció que pueden surgir incidentes, desde accidentes hasta conflictos legales, donde será necesario deslindar responsabilidades.
En este contexto, cobra relevancia el llamado “derecho del futbol”, una subrama del derecho deportivo que estudia la estructura jurídica del deporte a nivel global. Este campo abarca desde la organización institucional —con organismos como la propia FIFA— hasta temas como transferencias de jugadores, contratos, derechos de transmisión, patrocinios.
Finalmente, subrayó que el éxito del Mundial dependerá de lograr un equilibrio entre los intereses de todos los actores involucrados: organizadores, autoridades, empresas y espectadores, el cual debe construirse sobre el respeto a la ley, la protección de derechos y una coordinación efectiva entre todos los niveles.