PRENSA IBERO
AUTOR
Jorge Luis Cortés
Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional
- Relatora de la ONU y académica de la IBERO advierte que la exposición está marcada por desigualdad social, territorial y laboral
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano a un Ambiente Limpio, Sano y Sostenible, Mtra. Astrid Puentes Riaño, quien también se desempeña como Coordinadora del Laboratorio por la Justicia Ambiental y Climática de la Clínica Jurídica “Berta Cáceres” de la Universidad Iberoamericana, lanzó un llamado urgente a Estados, entidades y empresas para enfrentar la contaminación del aire, una problemática que —advirtió— ya constituye una doble crisis global: sanitaria y de derechos humanos, y cuya afectación no es igual para todas las personas.
La experta subrayó que factores como el nivel socioeconómico, el territorio y el tipo de actividad laboral determinan quién enfrenta mayores riesgos, lo que convierte al aire en un eje de desigualdad.
“La contaminación del aire está impulsando violaciones generalizadas de derechos humanos”, advirtió, al señalar que millones de personas en el mundo respiran aire contaminado sin posibilidad real de evitarlo.
Exposición desigual, afectaciones desiguales
De acuerdo con la relatora, la contaminación del aire impacta de manera desproporcionada a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Niñas y niños, personas mayores, comunidades con menores ingresos y trabajadoras y trabajadores expuestos al aire libre enfrentan mayores niveles de riesgo y menor capacidad de protección.
Esta distribución desigual responde a condiciones estructurales. La ubicación de zonas industriales, la concentración del transporte contaminante y las condiciones de vivienda inciden directamente en la calidad del aire que respiran distintos grupos de población.
En este sentido, la contaminación no sólo deteriora la salud, sino que profundiza brechas sociales existentes.
De problema ambiental a obligación jurídica
El pronunciamiento de Naciones Unidas plantea un cambio de enfoque: la contaminación del aire no puede seguir abordándose únicamente como un problema técnico o de salud pública. Los Estados tienen la obligación de prevenir daños previsibles, regular las fuentes contaminantes y garantizar el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible. Esto implica adoptar políticas públicas que incorporen criterios de justicia ambiental y prioricen a las poblaciones más expuestas.
Asimismo, las empresas deben reducir sus emisiones y evitar impactos negativos en las comunidades, en línea con sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
Formación jurídica con enfoque en justicia ambiental
Desde la Universidad Iberoamericana, este enfoque se trabaja a través de la enseñanza clínica del derecho.
La Clínica Jurídica “Berta Cáceres”, adscrita al Departamento de Derecho, promueve el análisis y la atención de problemáticas ambientales desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos. En este espacio, el Laboratorio por la Justicia Ambiental y Climática, coordinado por la Mtra. Astrid Sánchez Riaño, impulsa la formación de estudiantes que participan en casos reales, desarrollan estrategias legales y comprenden las implicaciones sociales de fenómenos como la contaminación del aire.
La advertencia de la Relatora de la ONU subraya la necesidad de respuestas integrales frente a una crisis que combina dimensiones ambientales, sanitarias y sociales.
Atenderla requiere políticas públicas más efectivas, regulación ambiental estricta y formación de profesionales capaces de intervenir en contextos complejos.