Coche bomba, extorsión y reclutamiento infantil: Especialista IBERO relata cómo se han transformado nuevas violencias

Explicó que para comprender esta transformación es necesario dejar de observar al crimen como un fenómeno aislado de las instituciones. En México, sostuvo, las dinámicas políticas, criminales y de seguridad se encuentran estrechamente relacionadas, pues las economías ilegales pueden reproducirse cuando existe permisividad, cooperación, debilitamiento o ausencia institucional.

Los campos políticos, criminales y de seguridad están relacionados, planteó la investigadora, quien subrayó que las organizaciones delictivas han aprendido a aprovechar las vulnerabilidades de las instituciones y de los territorios.

Esta transformación, dijo, modificó la forma de entender el fenómeno. Durante décadas, la atención estuvo concentrada en grandes organizaciones y liderazgos criminales; sin embargo, la estrategia de combatir únicamente a las cabezas de los grupos no necesariamente afecta las economías ilegales que los sostienen.

Al contrario, sostuvo que la fragmentación puede generar nuevas organizaciones, disputas territoriales y oportunidades para desarrollar otros negocios ilícitos.

Así, al tráfico de sustancias se han sumado actividades como el robo de combustible, la tala ilegal, la extracción de recursos minerales, el cobro de piso y las extorsiones. Las organizaciones pueden permanecer en determinados territorios o desplazarse de acuerdo con sus intereses económicos.

Violencias que llegan hasta la vida cotidiana

El problema, explicó la especialista, es que estas transformaciones ya no se limitan a enfrentamientos entre grupos criminales y sus efectos alcanzan directamente a la población.

Carreteras bloqueadas, transporte afectado, extorsiones, cobros de piso, desapariciones y amenazas son síntomas de una vulnerabilidad institucional que termina afectando la economía de las localidades y las posibilidades de las personas para desarrollar su vida cotidiana.

"La violencia tiene una dimensión económica y social que reduce las posibilidades de las comunidades, altera mercados locales y genera condiciones de dependencia y miedo", indicó.

Advirtió que no basta con observar si disminuye determinado indicador de violencia. Una reducción en homicidios, por ejemplo, no significa necesariamente que el problema esté resuelto si simultáneamente aumentan las desapariciones, las extorsiones u otras formas de agresión.

“No confundamos el número con la condición de posibilidad de que algo se te dispara”, acotó.

Reclutamiento infantil: una nueva frontera de la violencia

Uno de los cambios más preocupantes es el uso de poblaciones vulnerables como recurso para sostener las economías criminales. La investigadora destacó el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, fenómeno que se relaciona con la necesidad de los grupos delictivos de contar con mano de obra para mantener operaciones.

En este proceso, explicó, los menores pueden ser captados mediante engaños, falsas oportunidades laborales o directamente por la fuerza. También influyen condiciones de precariedad económica y la necesidad de pertenecer o encontrar reconocimiento social.

El fenómeno representa un cambio profundo respecto de décadas anteriores. La especialista recordó que durante los años noventa existían determinadas reglas informales entre grupos criminales que limitaban algunas formas de violencia; sin embargo, la transformación de los mercados ilegales y de sus necesidades ha incorporado progresivamente a nuevos sectores de la población.

Agregó que a ello se sumó que las herramientas tecnológicas modificaron las estrategias de captación. Mientras anteriormente podían colocarse anuncios o mensajes públicos en determinadas localidades, actualmente las plataformas digitales permiten establecer contacto con potenciales víctimas de manera más rápida y directa.

Las redes sociales pueden convertirse en espacios de engaño, reclutamiento y búsqueda de reconocimiento, refirió.

Una sociedad atrapada entre miedo, necesidad e impunidad

Para Ochoa Elizondo, el daño producido por estas violencias no puede medirse solo en víctimas directas; también debe observarse la forma en que modifican las relaciones sociales y reducen la capacidad de las personas para decidir libremente sobre su propia vida.

“Cuando una comunidad vive bajo amenaza, la ciudadanía puede verse obligada a aceptar determinadas condiciones porque no existen alternativas reales”, mencionó.

Abundó que la corrupción y la impunidad adquieren una dimensión particularmente grave, porque permiten que las economías ilegales continúen reproduciéndose y que los grupos criminales amplíen su capacidad territorial y poblacional.

La académica consideró que el reto no consiste solamente en capturar integrantes de organizaciones delictivas, sino en atender las condiciones que permiten que estas estructuras se regeneren.

Cambiar el paradigma antes de que la violencia paralice a la sociedad

La estrategia de seguridad, reflexionó la Dra. Ochoa Elizondo, debe colocar a la ciudadanía en el centro y reconocer que las nuevas violencias requieren respuestas distintas.

No se trata únicamente de incrementar la presencia militar o policial, sino de comprender los intereses económicos que existen detrás de las disputas territoriales y fortalecer las capacidades institucionales para investigar, prevenir y proteger a la población.

El desafío, dijo, es particularmente complejo porque las violencias evolucionan con mayor rapidez que las respuestas institucionales.

“Estamos en ese momento o asumimos con responsabilidad, ética y autocrítica dónde estamos y vamos a empezar a cambiar el paradigma”, advirtió.

De no hacerlo, dijo, el problema podría alcanzar consecuencias todavía más profundas como el deterioro de las economías locales, la pérdida de confianza en las instituciones, el desplazamiento de poblaciones y una mayor precarización de quienes ya se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

La violencia, concluyó, no desaparecerá mientras las condiciones que permiten su reproducción permanezcan intactas. El reto para el Estado es dejar de reaccionar únicamente ante sus manifestaciones más visibles y comenzar a intervenir sobre las estructuras económicas, sociales e institucionales que las hacen posibles.