Clínicas universitarias pueden ser clave para defender comunidades frente a daños ambientales: José Luis Caballero
• El Segundo Vicepresidente de la CIDH destacó la labor de las clínicas jurídicas universitarias
• Pueden contribuir con evidencia científica para demostrar contaminación de agua, aire o suelo puede resultar inaccesible para comunidades afectadas
14 SEPTIEMBRE, 2026 | 15:15 hrs.lectura 4 minutos
AUTOR
Mariana Domínguez Batis
Jefa de Prensa de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: mariana.dominguez@ibero.mx
De izq. a der.: Dr. Iván Escoto, Karen Judlet Vásquez y el Dr. Jorge Peláez. Foto: Departamento de Derecho
Demostrar que un río está contaminado, que un agroquímico dañó cultivos o que una actividad extractiva deterioró la calidad del aire puede exigir estudios científicos costosos que muchas comunidades no tienen posibilidad de financiar. Frente a esa brecha, las universidades y sus clínicas jurídicas pueden convertirse en aliadas para transformar conocimiento académico en herramientas concretas de acceso a la justicia ambiental.
La discusión rebasa incluso los tribunales ambientales. Para el Dr. José Luis Caballero Ochoa, director de
y Segundo Vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el trabajo de las clínicas forma parte de una defensa más amplia de los derechos humanos, la dignidad y la democracia.
Durante el conversatorio “Justicia Ambiental y Enseñanza Clínica del Derecho”, realizado desde Jurídica Ibero, recordó que la defensa ambiental se encuentra conectada con otros espacios de protección de derechos y sostuvo que quienes trabajan desde las clínicas y la justicia ambiental también deben mantenerse atentos frente a los retrocesos democráticos.
Clínicas jurídicas: del aula a la defensa de derechos
Caballero subrayó que la enseñanza clínica permite que las y los estudiantes dejen de ser únicamente receptores de conocimientos y participen en problemas reales.
“Lo que está haciendo la enseñanza clínica y las clínicas jurídicas es de una enorme relevancia”.
El también especialista en derechos humanos señaló que este modelo permite avanzar desde la educación universitaria en asuntos de interés público y “volver a las y los estudiantes protagonistas de su propia formación”.
Recordó, además, la participación de clínicas universitarias en una audiencia celebrada en julio durante el 197 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionada con la protesta social frente a políticas migratorias federales en Estados Unidos.
Para Caballero, la investigación jurídica interdisciplinaria adquiere especial sentido cuando está “aplicada a resolver problemática social relevante”.
Probar el daño también cuesta
Uno de los principales obstáculos para quienes buscan justicia ambiental aparece antes incluso de llegar a una sentencia: demostrar científicamente qué ocurrió.
Karen Judlet Vásquez, integrante de la Dirección de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió:
“La prueba ambiental es fundamental y la prueba ambiental es extremadamente cara y costosa”.
Universidades y clínicas podrían contribuir con análisis de agua y aire, peritajes, mapas, amicus curiae, investigación y otras herramientas capaces de fortalecer los expedientes judiciales.
También advirtió que el conocimiento científico no es neutral. Por ello, consideró necesario transparentar quién produce la evidencia, con qué preguntas y mediante qué metodologías, además de incorporar saberes indígenas y comunitarios en los procesos de defensa ambiental.
El litigio por sí solo no basta
El Dr. Jorge Peláez, académico de la IBERO y coordinador de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres, explicó que la experiencia ha llevado a diversificar las formas de acompañamiento.
En lugar de intentar asumir numerosos litigios completos, la clínica ha optado por trabajar algunos casos de manera más profunda, desarrollar investigación aplicada, elaborar amicus y construir alianzas con organizaciones y comunidades.
En uno de los procesos relacionados con minería, relató, estudiantes de Derecho y Sustentabilidad han participado, junto con otros espacios universitarios, en monitoreos de calidad del aire y del agua para generar evidencia útil para la estrategia jurídica.
Las clínicas tampoco sustituyen a las organizaciones locales. Pueden concentrarse, por ejemplo, en redactar un amparo, construir evidencia o realizar una investigación que después continúe un equipo en territorio.
Cuando el daño no cabe en un expediente
Desde Bolivia, Joaquín Chacín, coordinador de la Clínica Jurídica de Interés Colectivo de la Universidad Católica Boliviana en Cochabamba, expuso el trabajo realizado con comunidades de la Chiquitanía afectadas por fumigaciones con agroquímicos y represamiento de cursos de agua relacionados con actividades agroindustriales.
La experiencia mostró que los conflictos socioambientales difícilmente pueden reducirse a un solo daño o a una sola vía jurídica: pueden involucrar simultáneamente agua, salud, alimentación, territorio, actividad económica y relaciones de poder.
Ante la ausencia de laboratorios capaces de acreditar algunos impactos, la clínica recurrió también a testimonios comunitarios y mapas elaborados por mujeres de las propias localidades para identificar amenazas y afectaciones.
El reto para las universidades, coincidieron las y los participantes, no consiste únicamente en enseñar a litigar. Implica también poner laboratorios, disciplinas, investigación y redes al servicio de comunidades que difícilmente podrían acceder por sí solas a esas herramientas, sin sustituir su voz ni convertir sus luchas en simples objetos de estudio.
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