La Dra. Grisel Salazar, del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, advierte que los mecanismos de protección son burocráticos, tardíos y no responden a realidades locales
Indica que el caso de Roxana refleja la vulnerabilidad extrema de las periodistas locales en estados con altos niveles de violencia contra la prensa
El caso de secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez exhibe, una vez más, las profundas deficiencias que existen en México para proteger a quienes ejercen esta profesión, afirmó la Dra. Grisel Salazar Rebolledo, Académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
En entrevista con
Prensa IBERO
, indicó que, a tres días de su desaparición, el problema no solo radica en protocolos ineficaces y respuestas tardías para encontrarla, sino en una contradicción estructural de los gobiernos, quienes aseguran proteger a la prensa y simultáneamente la desacreditan desde el poder.
“Una de las grandes fallas de la política pública de protección de periodistas es que asume que todos los casos son iguales y que de estado a estado las circunstancias son las mismas”, señaló la especialista de nuestra casa de estudios.
A su juicio, apuntó que los mecanismos actuales han sido excesivamente burocratizados y han perdido la capacidad de reaccionar con rapidez ante situaciones de riesgo inminente.
“Desafortunadamente cumple casilla por casilla con todas las características que hacen que una periodista esté en uno de los escenarios más complicados para desempeñar su oficio”, explicó.
Roxana Berenice Guzmán Ramírez es fundadora de Pulso Informativo del Sureste, medio local de Nanchital, Veracruz, que cuenta con unos 20 mil seguidores, audiencia equivalente a cerca del 70% de la población del municipio. Desde esa plataforma documenta denuncias ciudadanas, problemas de servicios públicos, temas de seguridad, política local y asuntos comunitarios.
Tras su secuestro, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz desplegó personal para acompañar a su familia. Sin embargo, ya había solicitado apoyo institucional desde 2019 tras denunciar presunto acoso por parte de un funcionario municipal. Además, en 2017, su pareja, Carlos Fernández Escalante, fue asesinada a tiros en Nanchital, hecho que la obligó a permanecer varios años fuera de Veracruz antes de regresar y retomar su labor informativa.
Al respecto, la académica de nuestra casa de estudios cuestionó que incluso frente a hechos tan graves como una transmisión en vivo durante un secuestro, las autoridades locales sigan atrapadas en procedimientos lentos y formalismos administrativos.
“¿Qué más se necesita para levantar las alarmas? Las primeras horas son cruciales y ahí pudieron pasar muchas cosas”, afirmó.
Advirtió que la normalización de la violencia contra periodistas se ha profundizado por las narrativas de estigmatización impulsadas desde distintos niveles de gobierno.
En su opinión, detalló que la constante descalificación contra la prensa ha erosionado la percepción social sobre la importancia del periodismo y ha debilitado la solidaridad hacia las víctimas.
“No puedes articular políticas públicas cuando desde conferencias o entrevistas, las personas que gobiernan se refieren de forma despectiva a las y los periodistas. Es una contradicción en sí misma, no puedes decir que haces algo por protegerlas y al mismo tiempo desestimas a esta profesión”, sostuvo.
Consideró que es especialmente preocupante que, frente a agresiones contra periodistas, las respuestas oficiales se limiten a comunicados burocráticos sin una genuina indignación institucional. A ello se suma una ciudadanía que, por miedo o indiferencia, ha dejado de exigir resultados.
La Dra. Salazar Rebolledo asentó que la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades, también corresponde a la sociedad defender el valor democrático del periodismo y exigir cuentas a quienes gobiernan.
“Estamos normalizando la violencia y eso es algo muy grave. No solo pierden las y los periodistas. Como sociedad perdemos voces, información y capacidad para tomar decisiones”, aseveró.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), al menos 28 periodistas permanecen desaparecidos en México, una de las expresiones más extremas de la violencia contra el derecho a informar. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, México ocupa el lugar 122 de 180 países evaluados.
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