Casi 50 mil personas huyeron de la violencia en Chiapas en una década; Incidencia IBERO exige mejores registros y plantea una ley federal
• Chiapas concentró casi 30% del desplazamiento interno forzado documentado en México entre 2016 y 2025. Durante un encuentro organizado por el OCSA IBERO, especialistas universitarias y organizaciones civiles advirtieron que las estadísticas oficiales aún resultan insuficientes para dimensionar la emergencia, mientras persisten amenazas contra comunidades y personas defensoras de derechos humanos
29 OCTUBRE, 2026 | 11:44 hrs.lectura 6 minutos
AUTOR
Jorge Luis Cortés
Reportero de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: jorge.cortes@ibero.mx
¿Cuántas personas han tenido que abandonar sus hogares para escapar de la violencia en México? ¿Dónde se encuentran ahora? ¿Cuántas han podido regresar y cuántas permanecen lejos de sus comunidades, sin garantías de seguridad ni posibilidades de recuperar lo que perdieron?
Aunque parecen preguntas indispensables para atender una crisis humanitaria, México todavía no cuenta con información suficientemente detallada para responderlas.
Del asedio a la paz pendiente: informes sobre la crisis de violencias en Chiapas
, organizado por el
Observatorio de Conflictos Socioambientales
(OCSA IBERO).
Ante las limitaciones de las estadísticas oficiales y la persistencia del desplazamiento forzado, la especialista planteó la necesidad de impulsar una legislación federal que permita homologar los registros de personas desplazadas y fortalecer los mecanismos de atención en todo el país.
La exigencia forma parte de los esfuerzos del PDH por documentar una problemática que no termina cuando una familia abandona su hogar, sino que puede prolongarse durante años ante la incertidumbre, el desarraigo y la imposibilidad de regresar.
Casi 50 mil personas desplazadas en una década
De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de Desplazamiento Interno en México, desarrollado por el PDH IBERO, Chiapas concentró cerca de 30% de las personas desplazadas registradas entre 2016 y 2025, con aproximadamente 50 mil casos documentados.
La entidad también registró uno de sus episodios más críticos en 2024, cuando el monitoreo identificó 17 mil 865 personas desplazadas por violencia. Tan solo en el municipio de Tila, 6 mil 865 personas tuvieron que abandonar sus hogares durante una noche.
Sin embargo, Carrillo explicó que una reducción de los casos identificados durante 2025 no necesariamente significa que el problema haya disminuido.
Las dificultades para obtener información en territorios afectados por la violencia y el desconocimiento sobre la situación actual de quienes huyeron impiden interpretar las cifras como evidencia suficiente de una recuperación.
La investigadora reconoció que la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI representa un avance al incorporar información oficial sobre desplazamiento, pero señaló que sus resultados todavía presentan limitaciones para conocer la magnitud del fenómeno.
Entre ellas, destacó que el ejercicio identifica viviendas en las que al menos una persona reportó haberse desplazado, lo que no permite establecer automáticamente el número total de individuos afectados.
Tampoco ofrece información suficiente para reconstruir con precisión las rutas de desplazamiento, identificar los lugares de expulsión o conocer las condiciones en las que viven actualmente las personas desplazadas.
Una ley federal para que la atención no dependa del estado donde ocurre la violencia
Frente a este escenario, Carrillo destacó las experiencias de Sinaloa y Chihuahua, entidades que, según explicó, cuentan con registros estatales de personas desplazadas y han permitido documentar el fenómeno con mayor detalle.
Desde el PDH IBERO se plantea que estas prácticas puedan extenderse al resto del país mediante mecanismos homologados o una legislación federal que establezca criterios comunes de registro.
La exigencia no se limita a producir estadísticas más completas: también busca que la información contribuya a diseñar respuestas institucionales para quienes necesitan protección y asistencia.
"Es tarea justamente de organizaciones, de academia, de nosotras pues seguir exigiendo datos oficiales y seguir exigiendo mejores estadísticas, mejores datos, pero también que las estadísticas no se queden solo en esto, sino que también se quede en la acción y la atención a las personas desplazadas", sostuvo Carrillo.
La especialista presentó los hallazgos del informe Travesías forzadas: desplazamiento interno en México 2025, elaborado desde un proyecto que combina el monitoreo de fuentes abiertas con entrevistas, testimonios y colaboración con organizaciones presentes en los territorios afectados.
La violencia termina con los enfrentamientos, pero no necesariamente con el miedo
La complejidad de esta crisis también fue abordada por el Grupo de Trabajo Región Frontera, que presentó el informe Chiapas, la paz pendiente, a través de las intervenciones de Nathaniel Hernández Núñez y Damaris Guazá Sandoval.
Hernández advirtió que la disminución de los enfrentamientos armados no significa necesariamente que las comunidades hayan recuperado la tranquilidad, pues persisten las desapariciones, las amenazas y los obstáculos para acceder a la justicia.
Guazá Sandoval, por su parte, explicó que el desplazamiento forzado también ha provocado la ruptura de redes familiares y comunitarias, el abandono de tierras de cultivo y la interrupción de la educación de niñas, niños y adolescentes.
La especialista señaló que, aunque Chiapas cuenta con una legislación estatal sobre desplazamiento desde 2012, persisten problemas para implementarla, entre ellos la falta de registros completos, presupuesto y coordinación institucional.
Entre las exigencias del Grupo de Trabajo destacan la atención humanitaria integral, la protección de las organizaciones que acompañan a las víctimas y garantías reales para que las familias puedan regresar a sus comunidades sin exponerse nuevamente a la violencia.
No basta con regresar: las comunidades necesitan condiciones para permanecer
Durante el mismo encuentro, las investigadoras Diana Sandoval y Paola García, del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas (PIAI), participaron en la discusión sobre las violencias que atraviesan los territorios chiapanecos y su relación con los procesos de despojo.
A partir de la investigación del Observatorio de Conflictos Socioambientales, se expuso que 20 de los 28 proyectos extractivos registrados en Chiapas presentan al menos un hecho de violencia asociado.
Los hallazgos permiten comprender que la expulsión de las comunidades no siempre comienza con un enfrentamiento armado.
También puede gestarse cuando una población pierde acceso al agua, cuando se deterioran sus tierras de cultivo o cuando las amenazas y agresiones impiden continuar con sus actividades cotidianas.
Desde esta perspectiva, proteger a las personas desplazadas implica atender las causas que imposibilitan su permanencia y garantizar condiciones para que puedan recuperar sus medios de vida.
Entre las exigencias expuestas destacan la restitución de derechos sobre la tierra y el agua, la protección de quienes defienden sus territorios, la reparación de daños y el reconocimiento de la autonomía de los pueblos originarios.
"En Chiapas, la paz es una deuda territorial", expresó Diana Sandoval, al subrayar que las respuestas frente a la violencia deben incorporar las necesidades y formas de organización de las propias comunidades.
Defender derechos humanos también representa un riesgo
Otra dimensión de la crisis fue presentada por Valentina Auleta, representante del Observatorio de Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas (OBSED), quien compartió los hallazgos de su segundo informe sobre las agresiones registradas durante 2025.
De acuerdo con la organización, ese año se documentaron 124 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, un incremento de 25% respecto de 2024.
La especialista explicó que 80% de los incidentes documentados correspondieron a acciones dirigidas contra la labor de defensa de derechos, mientras que las agresiones contra mujeres adquirieron especial relevancia.
Auleta también alertó sobre el uso de mecanismos de criminalización, vigilancia e intimidación, así como sobre las limitaciones de los esquemas de protección existentes.
Estos hallazgos evidencian otro desafío para las instituciones: garantizar que las personas y organizaciones que acompañan a comunidades desplazadas puedan realizar su trabajo sin convertirse ellas mismas en víctimas de violencia.
Investigación universitaria para exigir respuestas
El PDH y el PIAI forman parte de la Dirección de Incidencia, adscrita a la Dirección General del Medio Universitario de la IBERO, desde donde desarrollan investigaciones y acciones de vinculación orientadas a la defensa de los derechos humanos y la transformación de problemáticas sociales.
La realización de este encuentro por parte del OCSA IBERO permitió articular investigaciones académicas y experiencias de organizaciones sociales para analizar una crisis en la que convergen desplazamiento, violencia armada, despojo territorial, agresiones contra personas defensoras y obstáculos para acceder a la justicia.
Así, las aportaciones universitarias y de la sociedad civil coincidieron en la importancia de que la documentación no permanezca únicamente en informes, sino que contribuya a exigir respuestas de las instituciones y fortalecer la protección de las comunidades.
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