PRENSA IBERO
AUTOR
Luis Reyes
Reportero de Comunicación Institucional de la IBERO
- La consejera del INE participó en el foro “¿Democracia en riesgo?”, realizado por el alumnado de Derecho en el contexto del debate sobre la reforma electoral
- Propone conectar SAT, UIF, CNBV y FGR para detectar dinero del crimen organizado en campañas y candidaturas
- Plantea obligar a plataformas digitales a tener representación legal en México para combatir la violencia política y la pauta irregular en redes
Para fiscalizar de manera profunda a los partidos políticos y frenar la injerencia del crimen organizado, ya sea vía económica o candidaturas, es necesario interconectar los sistemas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Fiscalía General de la República con el Instituto Nacional Electoral (INE), señaló la consejera electoral Carla Humphrey Jordan, durante el foro “¿Democracia en riesgo?”, realizado en la IBERO en el contexto del debate sobre la reforma electoral.
Durante el evento, organizado por el alumnado de la Licenciatura en Derecho, explicó que una de las principales trabas es el secreto ministerial, que impide que estas dependencias (SAT, UIF, CNBV y FGR) proporcionen información al INE bajo el argumento de que el Instituto no forma parte de la carpeta de investigación.
No obstante, subrayó que el INE es la única autoridad constitucionalmente facultada para revisar los gastos de todos los partidos políticos, así como de las precandidaturas y candidaturas en México.
En cuanto al origen de los recursos públicos usados por los partidos, propuso la nulidad de los procesos electorales cuando los partidos ganen con montos superiores a los recursos que reportan haber ingresado, tanto por financiamiento público como privado, recordando que la Constitución establece la preeminencia del financiamiento público sobre el privado.
Sobre las plataformas digitales y redes sociales, advirtió que X, propiedad de Elon Musk, no cuenta con una oficina en México para dar seguimiento a quién paga la pauta digital, por cuánto tiempo, o para solicitar la baja de contenidos que promuevan la violencia política contra las mujeres.
Por ello, Humphrey Jordan consideró necesario obligar a estas empresas a contar con representación jurídica en el país.
“Meta sí colabora más con nosotros y cuenta con una biblioteca digital. Cuando solicitamos bajar algún material, se presenta una queja y el contenido puede ocultarse; sin embargo, es indispensable una regulación adecuada que permita al INE exigir el cumplimiento de los requerimientos de la autoridad electoral”, afirmó.
En la mesa “La fiscalización: eje indispensable de cualquier reforma electoral” también participaron el ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá; el abogado constitucionalista Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y Alonso Vázquez Moyers, profesor de la IBERO CDMX y profesor-investigador de la Escuela Judicial Electoral.