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• El promedio de hijas e hijos nacidos vivos pasó de 2.1 en 2020 a 1.9 en 2025, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2025 • La especialista advierte que el país enfrentará el envejecimiento con menores niveles educativos y de desarrollo económico que otras naciones que atravesaron esta transición • Menos niñas y niños también abre una oportunidad: reducir el tamaño de los grupos y concentrar esfuerzos en mejorar la calidad educativa
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Jefa de Prensa de la Dirección de Comunicación Institucional · Contacto de prensa: mariana.dominguez@ibero.mx

México atraviesa una transformación demográfica que tendrá consecuencias en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública. De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2025, el promedio de hijas e hijos nacidos vivos pasó de 2.1 en 2020 a 1.9 en 2025, una disminución que anticipa cambios en la estructura por edades de la población y obliga a pensar desde ahora cómo deberán adaptarse los sistemas de cuidados, salud y educación.
Para la Dra. Carla Pederzini, académica del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y especialista en población, el fenómeno no significa solamente que nacerán menos niñas y niños.
En las próximas décadas, México tendrá una población proporcionalmente más envejecida y deberá reorganizar buena parte de sus políticas públicas para responder a esta nueva realidad.
La transformación forma parte de un proceso demográfico de largo plazo. Durante buena parte del siglo XX, México registró niveles elevados de fecundidad, pero éstos comenzaron a descender de manera sostenida conforme cambiaron las condiciones sociales, económicas y educativas del país y se ampliaron las posibilidades de las mujeres para decidir sobre su vida reproductiva.
Pederzini explica que este descenso se relaciona con múltiples factores, entre ellos el incremento en la escolaridad de las mujeres, su mayor participación en el mercado laboral, el acceso a métodos anticonceptivos y los cambios en las expectativas de vida y en los proyectos personales y familiares.
El fenómeno, además, ya no se limita a determinados sectores sociales o regiones del país. La tendencia hacia familias más pequeñas se ha extendido y está modificando gradualmente la composición de la población mexicana.
Uno de los principales desafíos, advierte la especialista, es que México llegará a una estructura poblacional más envejecida en condiciones económicas y sociales diferentes a las de países que experimentaron anteriormente esta transición.
“Nos vamos a enfrentar al envejecimiento con niveles educativos mucho más bajos que los países desarrollados y con niveles de desarrollo económico también mucho más bajos”, explica.
Esto tendrá implicaciones particularmente importantes para los sistemas de salud, pensiones y cuidados. Conforme aumente la proporción de personas mayores y disminuya la de población joven, crecerá la necesidad de servicios especializados y de mecanismos que permitan distribuir las tareas de cuidado.
El cambio demográfico también obligará a discutir quién cuidará a una población cada vez más envejecida y cómo se financiarán esos cuidados en un país donde una parte importante de este trabajo continúa realizándose dentro de los hogares y recae principalmente en las mujeres.
La disminución en el número de nacimientos también tendrá consecuencias para el sistema educativo. Con generaciones más pequeñas, en el futuro habrá menos niñas y niños demandando lugares en las escuelas.
Para Pederzini, este escenario no necesariamente debe interpretarse como un problema. También puede representar una oportunidad para mejorar la calidad de la educación.
En lugar de pensar únicamente en el cierre de escuelas o en la reducción de infraestructura, señala, México podría aprovechar la disminución de la matrícula para reducir el número de estudiantes por grupo y destinar mayores recursos y atención a cada niña y niño.
Esto permitiría concentrar esfuerzos en elevar la calidad educativa y atender rezagos que han persistido durante décadas.
La transformación, sin embargo, requerirá planeación. Las necesidades no serán iguales en todas las regiones ni cambiarán al mismo ritmo, por lo que las políticas educativas tendrán que considerar las diferencias territoriales y demográficas del país.
Pederzini subraya que la reducción en el número de hijas e hijos no debe interpretarse automáticamente como una decisión libre de todas las personas de formar familias más pequeñas.
En algunos casos existe una distancia entre el número de hijas e hijos que las personas desearían tener y los que finalmente tienen. Las condiciones económicas, la precariedad laboral, las dificultades para acceder a vivienda y la falta de servicios de cuidado pueden influir en esa decisión.
Por ello, considera que la discusión no debería orientarse hacia políticas que busquen simplemente aumentar o disminuir los nacimientos, sino hacia la construcción de condiciones que permitan a las personas decidir libremente.
“Necesitamos tener apoyos para que las mujeres realmente puedan decidir los hijos que quieren tener”, sostiene.
Entre las políticas que podrían contribuir menciona recuperar y fortalecer servicios de guarderías, que permitan conciliar maternidad y empleo formal, así como esquemas semejantes a las escuelas de tiempo completo.
Estas últimas, señala, no sólo facilitaban que madres y padres pudieran cumplir jornadas laborales completas, sino que ofrecían a las niñas y niños actividades adicionales y habían mostrado resultados educativos positivos.
El problema, apunta, es que actualmente buena parte del costo económico y del tiempo requerido para criar recae directamente sobre las familias.
Educación, alimentación, deporte, actividades recreativas y cuidados representan gastos importantes. Cuando existen pocas redes de apoyo y un panorama económico incierto, la decisión de tener hijas o hijos se vuelve más difícil.
“No se trata nada más de bajar la fecundidad, porque tampoco vamos a ir en contra de lo que las parejas quieran”, enfatiza.
Para Pederzini, una política demográfica adecuada tendría que garantizar justamente esa libertad: que quienes no desean ejercer la maternidad o paternidad puedan elegirlo, pero también que quienes sí quieren tener hijas e hijos cuenten con condiciones económicas, laborales y sociales para hacerlo.
El desafío que deja la caída de la fecundidad, por tanto, va mucho más allá de cuántos bebés nacen cada año. México tendrá que decidir cómo reorganizar escuelas, financiar la atención de una población de mayor edad, distribuir los cuidados y construir condiciones para que formar una familia no implique sacrificar el empleo o la seguridad económica.
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